Estados Unidos amplía las sanciones contra la Corte Penal Internacional horas después del Nobel a Navi Pillay
Washington, 9 oct, (Agencias).– Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en una escalada de su enfrentamiento con el organismo que coincidió con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y exjueza del tribunal Navanethem “Navi” Pillay.
La decisión de la Administración de Donald Trump amplía la presión sobre la institución y amenaza con abrir un nuevo frente diplomático con los aliados europeos de Washington. A diferencia de las medidas anteriores, dirigidas contra fiscales y jueces, las nuevas restricciones podrían alcanzar también a empresas que prestan servicios a la Corte.
La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y aseguró que no impedirán que el tribunal continúe desarrollando su labor.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las medidas después de conocerse la concesión del Nobel a Pillay. No obstante, según los medios estadounidenses citados en el reporte, la decisión había sido adoptada antes del anuncio del premio, por lo que la coincidencia temporal no establece que las sanciones fueran una respuesta al reconocimiento.
Rubio anuncia restricciones a las transacciones
En un video difundido en redes sociales, Rubio afirmó que Washington prohibirá las transacciones con el tribunal para cortar sus recursos y limitar su capacidad de emprender actuaciones contra Estados Unidos.
El secretario de Estado calificó a la Corte de ilegítima y sostuvo que ni el país ni sus ciudadanos están sujetos a su jurisdicción. Sus declaraciones forman parte de una campaña de la Administración Trump para debilitar al organismo, al que acusa de politización y de intentar procesar injusta e ilegalmente a ciudadanos estadounidenses e israelíes por presuntos crímenes de guerra.
Rubio argumentó que tanto republicanos como demócratas han rechazado durante décadas que la CPI pueda enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, integrantes de las fuerzas armadas o dirigentes políticos, debido a que Estados Unidos no se incorporó al tribunal.
Washington firmó el Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte y entró en vigor en 2002, pero no lo ratificó. Reino Unido, Canadá, Australia y la mayoría de los países europeos sí forman parte de la institución.
El funcionario también acusó a la CPI de pretender procesar a agentes de la Patrulla Fronteriza y a dirigentes electos estadounidenses. Presentó esas posibles actuaciones como una amenaza a la soberanía nacional y aseguró que Trump no permitirá que el tribunal procese a ciudadanos de Estados Unidos.
Un enfrentamiento que se remonta a la primera Administración Trump
La confrontación tiene antecedentes en 2020, cuando la Corte abrió una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluidos hechos atribuidos a tropas estadounidenses.
La primera Administración Trump respondió con sanciones contra dos fiscales vinculados a las pesquisas, durante la gestión de Mike Pompeo como secretario de Estado. Esas medidas fueron revocadas posteriormente por el Gobierno de Joe Biden.
En febrero de 2025, Trump volvió a recurrir a las sanciones contra el entonces fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, después de que el tribunal emitiera una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
A partir de junio de ese año, Washington extendió las restricciones a más de media docena de funcionarios de la Corte, como parte de sus esfuerzos para frenar las investigaciones que cuestiona.
El reporte también recoge la preocupación de la Casa Blanca por posibles actuaciones judiciales contra Trump, miembros de su gabinete u otros funcionarios.
En diciembre de 2025, un funcionario estadounidense declaró a Reuters que Washington temía que el tribunal emprendiera acciones contra ellos después del cambio de mandato presidencial previsto para enero de 2029.
Países Bajos prepara medidas para sostener el funcionamiento de la Corte
La ampliación de las sanciones era esperada en La Haya. Durante semanas, las autoridades de Países Bajos habían estudiado cómo preservar el funcionamiento del tribunal ante las consecuencias de las restricciones estadounidenses.
Según fuentes diplomáticas y gubernamentales citadas por Associated Press, las reuniones abordaron asuntos como el pago de las nóminas, la protección de los testigos y el mantenimiento del centro de detención.
La Corte también comenzó a reducir su dependencia de proveedores estadounidenses. Entre las medidas adoptadas figura la sustitución de Microsoft Office por openDesk, una alternativa alemana, según explicó la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan al Financial Times.
Estas iniciativas buscan mantener las operaciones judiciales y administrativas del organismo frente a una ofensiva que podría afectar tanto a su personal como a las empresas y entidades que le proporcionan servicios.