Estados Unidos amplía sanciones contra Cuba y retiene a viajeros estadounidenses que regresaban de la isla
Washington, 21 agosto.– La Administración del presidente Donald Trump intensificó su presión contra Cuba mediante nuevas sanciones económicas dirigidas a empresas estatales de sectores estratégicos y un mayor control sobre los estadounidenses que viajan a la isla y realizan transacciones con entidades vinculadas al Gobierno cubano.
Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron sanciones contra nueve empresas estatales dedicadas a la minería, los metales, la construcción y la importación de productos industriales. Las medidas también alcanzan a tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Las disposiciones fueron anunciadas después de que autoridades estadounidenses retuvieran temporalmente en el Aeropuerto Internacional de Miami a varios ciudadanos que regresaban de participar en La Habana en actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.
Algunos de los viajeros fueron sometidos a interrogatorios y las autoridades confiscaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos para inspeccionarlos, según funcionarios estadounidenses citados por The Associated Press.
Rubio acusa al ICAP de promover actividades subversivas
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos dirige una amplia red de influencia destinada a identificar, atraer y radicalizar ciudadanos estadounidenses.
Rubio acusó al Gobierno cubano de utilizar las actividades por el centenario de Fidel Castro para reactivar esa estructura y trasladar a La Habana a una nueva delegación de simpatizantes internacionales, quienes tuvieron encuentros con representantes oficiales.
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Washington no permanecerá indiferente mientras una potencia extranjera considerada hostil aprovecha las libertades existentes en Estados Unidos para ejercer influencia sobre sus ciudadanos.
Según Rubio, las autoridades cubanas emplean propaganda, técnicas de inteligencia y otras prácticas para difundir el marxismo, fomentar resentimientos raciales y promover la violencia comunista en diferentes países.
Las autoridades cubanas rechazan esas acusaciones y aseguran que el ICAP es una institución dedicada a fortalecer los vínculos entre los pueblos, la solidaridad internacional y las relaciones culturales.
Tres directivos sancionados
Las medidas anunciadas contra el ICAP afectan a su presidente, Fernando González Llort; su primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire.
González Llort formó parte del grupo de cinco agentes cubanos detenidos en Estados Unidos en 1998 por actividades de inteligencia. Permaneció encarcelado hasta su liberación en 2014, cuando regresó a Cuba.
El Gobierno de Trump sostiene que el instituto utiliza intercambios culturales, educativos y políticos como cobertura para ejercer influencia dentro de Estados Unidos.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes o intereses financieros que las personas designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. También restringen las operaciones económicas de ciudadanos y empresas de Estados Unidos con los funcionarios señalados.
Empresas estatales bajo sanción
Las penalidades económicas alcanzan a nueve entidades de sectores considerados importantes para la economía cubana.
Entre las empresas sancionadas figura una compañía productora de níquel, junto con dos entidades especializadas en la importación de productos industriales pesados y una empresa dedicada a la explotación de recursos minerales.
La lista también incluye al Ministerio de la Construcción de Cuba; una compañía encargada de suministrar trabajadores cubanos a entidades extranjeras que operan en la isla, y dos empresas importadoras de vehículos, piezas automotrices y materiales de construcción.
Las sanciones limitan el acceso de esas entidades al sistema financiero estadounidense y exponen a posibles penalidades a personas o compañías extranjeras que realicen determinadas operaciones con ellas.
La Administración Trump sostiene que los ingresos procedentes de las empresas estatales son utilizados por el Gobierno cubano para financiar su estructura política, los organismos de seguridad y actividades consideradas contrarias a los intereses estadounidenses.
Viajeros retenidos en Miami
Las nuevas sanciones fueron anunciadas pocos días después de un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Miami contra estadounidenses que regresaban de Cuba.
Los viajeros habían participado en actividades organizadas con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro, conmemorado el 13 de agosto.
Funcionarios estadounidenses explicaron que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se habían preparado para someter a decenas de activistas a una inspección secundaria. Sin embargo, una cantidad mucho menor cumplió los criterios utilizados para aplicar interrogatorios adicionales.
Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque los detalles completos del operativo no habían sido divulgados oficialmente.
Las personas retenidas fueron liberadas posteriormente y autorizadas a ingresar a Estados Unidos. No obstante, las autoridades advirtieron que todavía podrían enfrentar procesos judiciales si las investigaciones determinan que violaron las sanciones contra Cuba.
Las regulaciones estadounidenses prohíben determinadas transacciones con entidades pertenecientes o relacionadas con el Gobierno cubano, incluidos hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y otras empresas estatales.
Las autoridades investigan si los viajeros utilizaron servicios administrados por esas entidades durante su permanencia en Cuba. Al momento de la publicación del reporte no estaba claro si los teléfonos, computadoras y tabletas confiscados habían sido devueltos a sus propietarios.
Cuba acusa a Washington de perjudicar a la población
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas y acusó al Gobierno estadounidense de actuar con la intención deliberada de perjudicar la economía de la isla e impedir la prestación de servicios esenciales a la población.
Rodríguez afirmó que Rubio mantiene una “obsesión” contra Cuba y criticó la decisión de sancionar a los directivos del ICAP.
El canciller defendió al instituto como una organización que durante más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz.
También aseguró que esas actividades representan lo contrario de la política impulsada por el secretario de Estado estadounidense hacia Cuba.
El Gobierno cubano atribuye buena parte de sus actuales dificultades económicas al endurecimiento del embargo estadounidense, mientras Washington responsabiliza a la administración socialista de la isla por su modelo político y económico.
Trump incrementa la presión sobre La Habana
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado gradualmente las medidas contra Cuba. Su Gobierno ha elevado las sanciones económicas para reducir las fuentes de financiamiento del Estado cubano y ha llegado a plantear la posibilidad de una intervención militar.
Estas amenazas han continuado pese a que Estados Unidos mantiene una guerra contra Irán y enfrenta otras tensiones internacionales.
La Administración Trump también desarrolla una campaña para presentar a Cuba como una amenaza grave para la seguridad nacional estadounidense debido a sus relaciones con gobiernos adversarios de Washington.
En un informe divulgado en julio, el Departamento de Estado acusó al Gobierno cubano de patrocinar o apoyar durante las últimas seis décadas movimientos izquierdistas y actividades consideradas antiestadounidenses dentro de Estados Unidos.
La Habana ha rechazado reiteradamente esas afirmaciones y asegura que no constituye una amenaza para el territorio estadounidense.
Bloqueo petrolero agrava la crisis
La situación económica cubana había estado deteriorándose durante aproximadamente cinco años, pero se agravó después de que Estados Unidos impusiera restricciones al suministro de petróleo hacia la isla.
El bloqueo petrolero fue establecido tras la operación militar estadounidense que sacó del poder al líder venezolano Nicolás Maduro. Venezuela había sido durante años uno de los principales aliados de Cuba y le suministraba petróleo en condiciones preferenciales.
La pérdida de esos envíos y las sanciones estadounidenses han reducido drásticamente la disponibilidad de combustibles.
La escasez de petróleo para generar electricidad ha provocado apagones generalizados en toda la isla. El transporte público prácticamente ha desaparecido en algunas zonas y las dificultades para adquirir medicamentos y otros productos esenciales se han profundizado.
Numerosos centros laborales han reducido sus horarios para adaptarse a las interrupciones eléctricas, mientras los servicios públicos funcionan con grandes limitaciones.
El turismo, considerado una de las principales fuentes de divisas de Cuba, también ha sufrido un fuerte desplome, agravando la falta de ingresos y la capacidad del país para importar alimentos, combustibles y medicinas.
El endurecimiento de las sanciones ocurre cuando el Gobierno cubano intenta introducir reformas para permitir una mayor participación de empresas privadas y atraer inversiones extranjeras. La Habana sostiene que las restricciones estadounidenses obstaculizan esos cambios y desalientan a potenciales inversionistas.
Fuente: AP