Estados Unidos eleva presión sobre República Dominicana y exige eliminar protección al arroz para cumplir el DR-Cafta
Washington, 13 sept.– Estados Unidos elevó la presión comercial sobre República Dominicana al plantear formalmente al Gobierno del presidente Luis Abinader la importancia de derogar el Decreto 693-24, mediante el cual el país mantiene una protección arancelaria para el arroz importado una vez superada una cuota preferencial concedida al cereal estadounidense.
La posición fue comunicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) después de una reunión virtual celebrada esta semana entre funcionarios de ambos gobiernos.
De acuerdo con la información divulgada por la representación comercial estadounidense y recogida por medios dominicanos, Washington considera que eliminar el decreto es necesario para que República Dominicana cumpla las obligaciones de acceso al mercado asumidas bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
En las conversaciones participaron el representante comercial adjunto estadounidense Jeffrey Goettman, la embajadora Julie Callahan, funcionarios encargados de las negociaciones agrícolas de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó. Además del diferendo sobre el arroz, las partes analizaron las posibilidades de fortalecer las relaciones económicas bilaterales.
La USTR indicó también que Estados Unidos ve favorablemente la oportunidad de negociar con República Dominicana un Acuerdo de Comercio Recíproco y expresó su interés en que esas conversaciones concluyan oportunamente. Esto coloca el diferendo arrocero dentro de una negociación comercial más amplia entre Santo Domingo y Washington.
Washington sostiene que la desgravación debió completarse en 2025
El argumento estadounidense se fundamenta en el calendario de liberalización acordado en el DR-Cafta. El tratado entró en vigor para República Dominicana el 1 de marzo de 2007, y contempló períodos de transición para productos agrícolas considerados sensibles.
El informe de Barreras al Comercio Exterior de 2025 de la USTR señala específicamente que República Dominicana se comprometió bajo el acuerdo a eliminar, a partir del 1 de enero de 2025, los aranceles aplicables al arroz, los cuartos traseros de pollo y determinados productos lácteos.
Durante el período de transición se permitieron contingentes arancelarios que daban entrada libre de impuestos a determinadas cantidades de esos productos.
Ese es el punto central del conflicto. Washington interpreta que, una vez concluido el período de transición, el arroz estadounidense debía beneficiarse de la liberalización prevista en el acuerdo, mientras República Dominicana decidió mantener un esquema de protección amparándose, entre otros argumentos, en la seguridad y soberanía alimentarias.
La USTR ya había expresado oficialmente su preocupación. En su informe de 2025 señaló que sectores estadounidenses consideraban que la decisión dominicana podía estar socavando las obligaciones asumidas dentro del DR-Cafta y aseguró que Washington estaba siguiendo el asunto de cerca y abordándolo bilateralmente con Santo Domingo.
El Decreto 693-24 protege la producción nacional
El presidente Abinader firmó el Decreto 693-24 el 17 de diciembre de 2024, poco antes de que concluyera el calendario de desgravación del arroz contemplado en el tratado comercial.
La disposición establece para las partidas correspondientes al arroz un arancel de 20 % ad valorem dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de 99 % fuera del contingente.
Sin embargo, el decreto concede un tratamiento especial a Estados Unidos: 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense pueden ingresar anualmente a República Dominicana con arancel de 0 %. Una vez agotado ese volumen, las importaciones procedentes de Estados Unidos quedan sujetas al arancel de Nación Más Favorecida de 99 %.
Para el arroz procedente de Nicaragua, otro de los países miembros del DR-Cafta, el decreto establece igualmente un arancel de Nación Más Favorecida de 99 %.
Las medidas continuarán vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) recomiende modificarlas, de acuerdo con evaluaciones técnicas.
El decreto dominicano fundamenta la decisión en el artículo 54 de la Constitución, relativo a la seguridad alimentaria, y en la legislación que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El Poder Ejecutivo argumentó al adoptar la medida que el Estado tiene la responsabilidad de incentivar y proteger la producción nacional y garantizar la disponibilidad de alimentos.
Miles de empleos dependen del sector arrocero
La sensibilidad del tema para República Dominicana tiene además un componente económico y social. Cuando el Gobierno anunció las medidas a finales de 2024, informó que la producción arrocera nacional generaba más de 30,000 empleos directos y alrededor de 300,000 indirectos, con un impacto económico anual superior a RD$45,000 millones.
Representantes de los productores han sostenido que la producción dominicana es suficiente para abastecer el mercado interno y han advertido que una apertura completa a las importaciones estadounidenses podría afectar especialmente a pequeños y medianos agricultores debido a las diferencias de escala y costos de producción. Al anunciarse el decreto, dirigentes del sector estimaban una cosecha cercana a los 14 millones de quintales.
El Gobierno dominicano sostuvo desde la emisión del decreto que había comunicado la decisión a sus socios internacionales y defendió que las medidas buscaban proteger un producto estratégico dentro del marco de los compromisos internacionales del país.
El arroz entra ahora en una negociación comercial más amplia
El nuevo pronunciamiento de Washington cambia el nivel de la controversia porque la USTR ya no se limita a expresar preocupación por la medida: ahora ha destacado explícitamente la importancia de que Abinader derogue el Decreto 693-24 como parte del cumplimiento de las obligaciones estadounidenses de acceso al mercado que Washington atribuye al DR-Cafta.
Al mismo tiempo, ambos gobiernos negocian una relación comercial más amplia mediante el planteado Acuerdo de Comercio Recíproco, por lo que el arroz podría convertirse en uno de los asuntos sensibles de esas conversaciones. Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana, mientras el DR-Cafta constituye el marco jurídico fundamental para buena parte del intercambio bilateral.
La controversia coloca así al Gobierno dominicano ante una compleja negociación: preservar la protección de un sector considerado estratégico para la seguridad alimentaria y el empleo rural, mientras Washington reclama el cumplimiento del calendario de liberalización comercial que, según la USTR, obligaba a eliminar los aranceles sobre el arroz desde enero de 2025.
El resultado de las conversaciones determinará si Santo Domingo modifica o deroga el Decreto 693-24, negocia alguna fórmula alternativa con Estados Unidos o mantiene el actual esquema de protección, una decisión que podría convertirse en uno de los principales puntos de fricción de la agenda económica bilateral.