Estados Unidos inicia deportaciones masivas de haitianos tras el fin del TPS; 161 llegan a Cabo Haitiano
Washington, 21 agosto.– Estados Unidos inició una nueva etapa de repatriaciones hacia Haití tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), con la deportación de 161 personas en un vuelo chárter que aterrizó el jueves en la ciudad de Cabo Haitiano, en el norte del país caribeño.
El vuelo, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), salió de Alexandria, Luisiana, y llegó poco antes del mediodía al Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, según informaciones confirmadas por autoridades haitianas y reportes de medios internacionales.
Se trata del primer vuelo de gran escala enviado a Haití desde que la Administración del presidente Donald Trump logró poner fin al TPS que permitía a unos 350,000 haitianos residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.
Sin embargo, no todos los antiguos beneficiarios del programa se convierten automáticamente en indocumentados ni quedan sujetos a una deportación inmediata. Algunos podrían permanecer legalmente en Estados Unidos si cuentan con otra condición migratoria, tienen solicitudes de asilo pendientes o están amparados por procesos judiciales individuales.
El Gobierno estadounidense contempla aumentar las deportaciones hacia Haití hasta dos vuelos semanales, con aproximadamente 250 personas repatriadas cada semana. El traslado del jueves fue el octavo vuelo de deportación enviado a ese país durante 2026, pero el primero realizado después de la entrada en vigor de la terminación del TPS, según El País.
Deportados con distintos perfiles
Entre las personas trasladadas había haitianos con antecedentes penales en Estados Unidos, migrantes que tenían órdenes definitivas de deportación tras ingresar al país sin autorización y otros que perdieron su protección migratoria.
También viajaron menores y personas nacidas en Chile y República Dominicana que fueron enviadas a Haití por ser hijos de ciudadanos haitianos, según declaró Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití.
Los deportados fueron recibidos en Cabo Haitiano por representantes de esa institución, agentes migratorios y miembros de la Policía Nacional de Haití. Las autoridades les entregaron una pequeña ayuda económica y alimentos para facilitar su desplazamiento hacia sus comunidades.
Reportes de medios acreditados sitúan ese aporte entre 65 y 75 dólares entregados en gourdes, la moneda nacional. La asistencia resulta limitada para quienes deben trasladarse a lugares distantes a través de carreteras bloqueadas o controladas por grupos armados.
Algunos de los repatriados dijeron no tener viviendas ni familiares a quienes acudir, mientras otros llevaban años fuera de Haití o apenas conocían el país. Esta situación genera preocupación entre organizaciones humanitarias por el riesgo de separación familiar, indigencia y exposición a la violencia.
Puerto Príncipe sigue bajo asedio
El vuelo fue dirigido hacia Cabo Haitiano debido a las graves condiciones de seguridad en Puerto Príncipe. Las operaciones comerciales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture permanecen suspendidas por las restricciones impuestas ante la violencia de las bandas armadas.
El Departamento de Estado mantiene a Haití en el nivel cuatro de alerta y recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar al país debido a los riesgos de delincuencia, secuestros, terrorismo, disturbios y limitaciones en los servicios médicos. La advertencia fue actualizada el 10 de julio de 2026 y reconoce que el Gobierno estadounidense tiene una capacidad extremadamente limitada para prestar asistencia de emergencia. Departamento de Estado de EE. UU.
La continuidad de las deportaciones ha generado críticas por la aparente contradicción entre esa advertencia y la decisión de enviar haitianos a un territorio considerado peligroso para los propios ciudadanos estadounidenses.
Representantes de Naciones Unidas, legisladores estadounidenses y organizaciones defensoras de los inmigrantes han advertido que Haití no reúne las condiciones necesarias para recibir de manera segura y digna un flujo creciente de deportados.
William O’Neill, experto designado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Haití, sostuvo que las repatriaciones forzadas no pueden considerarse seguras, dignas ni sostenibles ante el deterioro de las condiciones humanitarias.
Terminación del TPS
El Departamento de Seguridad Nacional puso fin a la designación de Haití bajo el TPS con efectividad desde el 27 de julio de 2026, después de una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
El TPS es un beneficio migratorio creado para permitir que ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias puedan vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos sin ser deportados.
Haití fue incluido inicialmente en el programa después del devastador terremoto de enero de 2010. La protección fue prorrogada y ampliada en distintas ocasiones debido a nuevos desastres naturales, epidemias, inestabilidad política y el crecimiento de la violencia de las pandillas.
La Administración Trump argumentó que las condiciones habían cambiado lo suficiente como para permitir el retorno de los haitianos y que mantener el programa era contrario a los intereses nacionales estadounidenses.
La Corte Suprema permitió que el Gobierno avanzara con la cancelación mientras continuaban los litigios promovidos por organizaciones de defensa de los inmigrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración confirmó que la terminación entró en vigor el 27 de julio. Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
Un país sin capacidad para recibirlos
Las repatriaciones se producen cuando Haití atraviesa una de las crisis de seguridad y gobernabilidad más profundas de su historia reciente. Las bandas armadas dominan gran parte de Puerto Príncipe, controlan importantes carreteras y mantienen bajo amenaza instalaciones públicas, hospitales, escuelas y centros comerciales.
Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026, al menos 613 personas murieron y otras 375 resultaron heridas durante enfrentamientos protagonizados por grupos criminales y operaciones de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con datos de Naciones Unidas citados por medios internacionales.
La violencia también ha provocado el desplazamiento interno de más de 1.5 millones de personas. Muchas sobreviven en campamentos improvisados, sin acceso suficiente a alimentos, agua potable, atención médica, educación ni empleos.
El deterioro comenzó a acelerarse después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, y se profundizó ante el debilitamiento de las instituciones, la ausencia de autoridades electas y la expansión territorial de las organizaciones criminales.
Haití continúa siendo el país más pobre de América Latina y el Caribe. Su economía depende en gran medida de las remesas enviadas por haitianos residentes en Estados Unidos, República Dominicana y otras naciones.
La llegada de nuevos deportados aumenta la presión sobre un Estado con recursos limitados y sin capacidad suficiente para garantizar alojamiento, transporte, empleo o protección a quienes regresan. Organizaciones humanitarias temen que muchos repatriados terminen desplazados, sin hogar o expuestos al reclutamiento y la violencia de las bandas.