Estados Unidos lleva a República Dominicana su ofensiva contra la tecnología china en medio de la guerra comercial con Pekín
SANTO DOMINGO, 23 agosto.– La creciente rivalidad económica y tecnológica entre Estados Unidos y China abrió este fin de semana un nuevo capítulo en República Dominicana, luego de que la Embajada estadounidense advirtiera sobre los riesgos de seguridad que, según Washington, representa el uso de equipos fabricados por varias de las principales compañías tecnológicas chinas.
La misión diplomática estadounidense señaló específicamente a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI, empresas que Washington considera proveedores tecnológicos de "alto riesgo" por sus presuntos vínculos con el Gobierno de la República Popular China y por las obligaciones que les impone la legislación de ese país.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Embajada sostuvo que las leyes chinas obligan a las compañías nacionales a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín, circunstancia que, de acuerdo con la posición estadounidense, podría facilitar actividades de espionaje, ataques informáticos o interrupciones de redes estratégicas.
La advertencia se produce apenas semanas después de que funcionarios estadounidenses participaran en Punta Cana en la reunión anual de la Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), donde Washington promovió entre los gobiernos de la región el desarrollo de una infraestructura digital considerada "confiable" y pidió excluir de los sistemas de tecnologías de información y comunicación a proveedores que Estados Unidos considera inseguros.
La Embajada estadounidense exhortó ahora a sus socios de América Latina y el Caribe a acelerar la transición hacia proveedores confiables, argumentando que esa política permitiría proteger tanto la información de los ciudadanos como la soberanía y las infraestructuras críticas de los países.
La declaración no identificó instituciones dominicanas que utilicen equipos de las compañías señaladas ni presentó acusaciones específicas sobre actividades de espionaje realizadas por esas empresas en República Dominicana. El mensaje forma parte de una política más amplia que Washington viene aplicando desde hace años contra determinados proveedores chinos.
China responde y acusa a Washington de intimidación
La controversia adquirió inmediatamente carácter diplomático. La Embajada de China en República Dominicana rechazó este domingo las acusaciones estadounidenses y las calificó de infundadas y difamatorias.
La representación china expresó su "fuerte insatisfacción" y sostuvo que las acusaciones constituyen una tergiversación de la realidad. Defendió que las empresas tecnológicas de su país ofrecen productos avanzados, seguros y competitivos y operan en América Latina y el Caribe conforme a las legislaciones nacionales.
Pekín calificó la posición estadounidense como una expresión de "intimidación tecnológica y coacción unilateral" y defendió el derecho soberano de cada país a escoger libremente sus socios comerciales y proveedores tecnológicos.
El intercambio coloca a República Dominicana en medio de una disputa que desde hace años enfrenta a las dos mayores economías del planeta y que ha dejado de limitarse al comercio tradicional para extenderse a telecomunicaciones, semiconductores, inteligencia artificial, sistemas de vigilancia, drones, redes 5G y otras tecnologías estratégicas.
Huawei, en el centro de una batalla que comenzó hace años
Las acciones estadounidenses contra las empresas tecnológicas chinas no son nuevas. Huawei y ZTE se encuentran desde hace años entre los principales objetivos de Washington.
La ofensiva se intensificó durante la primera administración de Donald Trump. En 2019, Estados Unidos incorporó a Huawei a la denominada Entity List, restringiendo el acceso de la compañía a tecnología estadounidense sin autorización gubernamental.
Paralelamente, Washington inició una campaña internacional para convencer a sus aliados de excluir a Huawei de sus redes 5G, argumentando que el equipamiento de la empresa podía representar un riesgo para la seguridad nacional y para el intercambio de información sensible.
China y las compañías afectadas han rechazado reiteradamente esas acusaciones y han sostenido que Washington utiliza argumentos de seguridad nacional para frenar la expansión internacional de competidores tecnológicos chinos.
En marzo de 2021, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) incorporó formalmente a Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua a su lista de equipos y servicios considerados una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
La política se apoyó también en legislación aprobada por el Congreso. Una ley de 2018 prohibió, con determinadas condiciones, que las agencias federales adquirieran equipos de telecomunicaciones y videovigilancia producidos por varias compañías vinculadas a China. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO) publicado en mayo de 2026 confirmó que esas restricciones continúan formando parte de la política de seguridad tecnológica de Washington.
Washington endureció las restricciones en 2026
La ofensiva se amplió este año. En junio de 2026, la FCC anunció nuevas restricciones que extendieron la prohibición de importar determinados equipos chinos de telecomunicaciones y videovigilancia, incluyendo modelos anteriormente autorizados de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua.
La medida amplió restricciones adoptadas desde 2022 y se sumó a otras decisiones contra determinados drones fabricados en China y nuevos enrutadores de consumo, dentro de la estrategia estadounidense para reducir la presencia de equipos chinos en infraestructura considerada sensible.
El argumento central de Washington es que la dependencia de proveedores vinculados a China podría crear vulnerabilidades que Pekín estaría en capacidad de explotar durante una crisis política, militar o diplomática. China sostiene, por el contrario, que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para demostrar que esas empresas realizan espionaje por instrucciones gubernamentales.
De los aranceles a los microchips
La disputa tecnológica constituye uno de los capítulos más sensibles de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que comenzó a intensificarse en 2018, cuando Washington impuso aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos y Pekín respondió con gravámenes contra mercancías estadounidenses.
Desde entonces, el enfrentamiento ha evolucionado. Además de los aranceles, Estados Unidos ha impuesto controles sobre la exportación hacia China de semiconductores avanzados, equipos utilizados para fabricar chips y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, alegando razones de seguridad nacional.
China ha respondido fortaleciendo su producción tecnológica interna, promoviendo la sustitución de componentes extranjeros y estableciendo controles sobre la exportación de determinados minerales y materiales estratégicos necesarios para industrias de alta tecnología.
El resultado es una competencia que trasciende el déficit comercial: Washington y Pekín disputan ahora el liderazgo en sectores que definirán buena parte de la economía y la seguridad internacional durante las próximas décadas.
República Dominicana entra en el escenario
La controversia adquiere especial importancia para República Dominicana debido a sus estrechos vínculos económicos y políticos con Estados Unidos, su principal socio comercial, y al mismo tiempo a las relaciones diplomáticas y comerciales que mantiene con China desde 2018.
La advertencia estadounidense tampoco aparece de manera aislada. Washington lleva años promoviendo en América Latina y el Caribe el concepto de "proveedores confiables" para las redes de telecomunicaciones y ha advertido que la selección de empresas para infraestructura 5G puede tener consecuencias a largo plazo sobre la protección de datos, inversiones y seguridad nacional.
El mensaje difundido este fin de semana y la rápida respuesta de la representación china muestran que esa competencia entre las dos potencias comienza a hacerse más visible en territorio dominicano.
Hasta ahora, el Gobierno dominicano no había anunciado una decisión derivada directamente de esta nueva advertencia estadounidense.
La controversia, por tanto, va mucho más allá de determinar qué empresa vende cámaras, drones, antenas o equipos de telecomunicaciones. Forma parte de una batalla internacional por establecer quién suministra la infraestructura digital, quién controla las tecnologías estratégicas y bajo qué estándares de seguridad funcionarán las redes de los países aliados.
República Dominicana aparece así ante una discusión que ya divide a numerosas economías: cómo aprovechar la competencia tecnológica y las inversiones internacionales sin comprometer su autonomía comercial, la seguridad de sus comunicaciones ni las relaciones con dos potencias que ocupan posiciones fundamentales dentro de la economía mundial.