Estados Unidos lleva a tierra su ofensiva antidrogas en Latinoamérica tras matar a más de 200 personas en ataques marítimos
Ciudad de México, 17 agosto.– Estados Unidos se prepara para ampliar hacia territorio continental latinoamericano su ofensiva militar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, después de un año de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que han dejado más de 200 muertos, según un reporte de The Associated Press (AP).
La nueva fase de la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump contempla una mayor participación de fuerzas estadounidenses en operaciones terrestres junto a países aliados de la región, profundizando una política de seguridad que Washington presenta como parte de su lucha contra organizaciones criminales consideradas una amenaza para Estados Unidos.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir operaciones militares conjuntas contra organizaciones criminales dentro de sus territorios, siguiendo un esquema que ya comenzó a implementarse en Ecuador.
Sin embargo, el gobierno de Guatemala negó posteriormente haber alcanzado un acuerdo que autorice operaciones de esa naturaleza.
Hegseth comparó la estrategia terrestre que pretende desarrollar Washington con los ataques realizados contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas y sostuvo que Estados Unidos busca producir en tierra un efecto similar al conseguido en el mar.
El funcionario afirmó que Washington trabaja con Ecuador, Colombia y otros socios para llevar directamente el combate contra las organizaciones que Estados Unidos ha designado como terroristas.
La ampliación de las operaciones representa una nueva etapa en los esfuerzos del gobierno de Trump para lograr que los gobiernos latinoamericanos se alineen con las prioridades estadounidenses de seguridad y con una política que Washington ha definido como de reafirmación de la “dominancia estadounidense sobre el hemisferio occidental”.
El avance estadounidense encuentra un escenario político favorable en algunos países, donde en los últimos meses han ganado terreno dirigentes conservadores que defienden políticas más agresivas contra la delincuencia y mantienen una mayor afinidad con Trump.
Sin embargo, especialistas consultados por AP advierten que una creciente intervención militar estadounidense podría aumentar el peligro de víctimas civiles, generar cuestionamientos sobre la soberanía de los países involucrados y provocar una reacción política contra Washington que podría extenderse más allá del actual gobierno republicano.
Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue, considera que la estrategia busca legitimar una utilización mucho mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región.
A su juicio, Washington está proyectando su poder y superioridad militar para imponer determinadas prioridades, dentro de una relación profundamente desigual entre Estados Unidos y sus socios latinoamericanos.
De los ataques marítimos a operaciones terrestres
La presencia militar estadounidense en América Latina no es nueva. Durante décadas, Washington ha proporcionado a gobiernos de la región armas, entrenamiento e inteligencia para combatir el narcotráfico y otras amenazas.
Esa historia, sin embargo, también está marcada por el respaldo estadounidense en distintos períodos a golpes militares y dictaduras latinoamericanas, un antecedente que continúa influyendo en las sensibilidades políticas sobre cualquier presencia directa de tropas extranjeras.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración ha desarrollado, según AP, el enfoque estadounidense más intervencionista hacia América Latina en décadas.
Entre las medidas adoptadas figura la designación de 20 organizaciones criminales latinoamericanas como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que ha permitido a Washington ampliar los instrumentos utilizados para combatirlas.
La administración Trump también envió fuerzas estadounidenses a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro e involucró a agentes de la CIA en operaciones contra laboratorios de drogas en territorio mexicano.
Paralelamente, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 200 personas en más de 60 ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental.
Washington ha sostenido que esas operaciones están dirigidas contra “narcoterroristas”, aunque ha presentado escasas evidencias públicas sobre las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas, circunstancia que ha generado cuestionamientos acerca de la legalidad de las acciones.
William LeoGrande, especialista en América Latina de American University, explicó que la participación sostenida de fuerzas estadounidenses en operaciones de combate junto con militares de países latinoamericanos constituiría un escenario diferente al modelo tradicional de cooperación.
Una intervención de esas características, señaló, pondría a prueba las históricas sensibilidades latinoamericanas relacionadas con la soberanía nacional y la presencia de tropas de Estados Unidos.
Colombia aparece como pieza clave
Hegseth ofreció pocos detalles sobre cómo funcionarían concretamente las operaciones anunciadas con Colombia, Guatemala y Honduras.
En el caso colombiano, sin embargo, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participen en acciones contra organizaciones armadas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado el último gran grupo guerrillero activo de Colombia.
El secretario de Defensa estadounidense aseguró que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder este mes y cuenta con el respaldo político de Trump, había solicitado una mayor participación militar de Estados Unidos.
Hegseth sostuvo que cualquier organización que trafique drogas o represente una amenaza para ciudadanos estadounidenses o para sus aliados puede convertirse en objetivo de Washington, comparando a esas organizaciones criminales con grupos extremistas como ISIS y Al Qaeda, que durante décadas estuvieron entre las principales prioridades de seguridad nacional estadounidense.
De la Espriella, por su parte, prometió el sábado una respuesta contundente después de un ataque con drones atribuido al ELN contra tropas colombianas, asegurando que los responsables pagarían un alto precio.
Ecuador, el principal precedente
Ecuador constituye hasta ahora el ejemplo más claro de participación militar directa estadounidense en esta nueva etapa.
Las fuerzas ecuatorianas comenzaron a realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos pese a que los ciudadanos de ese país rechazaron de manera abrumadora, en un referendo celebrado en noviembre de 2025, la posibilidad de permitir bases militares extranjeras.
AP señala que una investigación de The New York Times determinó que un ataque realizado en marzo contra lo que las autoridades consideraban un supuesto laboratorio de drogas terminó destruyendo una finca ganadera.
El interés estadounidense por ampliar este tipo de acuerdos ha encontrado mayor respaldo entre gobiernos ideológicamente cercanos a Trump, particularmente entre líderes conservadores elegidos recientemente bajo promesas de aplicar políticas más duras contra la criminalidad.
Guatemala niega acuerdo
Guatemala representa una excepción dentro de esa tendencia.
El gobierno progresista del presidente Bernardo Arévalo ha mantenido una estrecha cooperación con Washington en asuntos de seguridad pese a las diferencias políticas entre ambas administraciones.
Arévalo, sin embargo, negó que Guatemala haya autorizado operaciones antidrogas conjuntas como las descritas por Hegseth.
El mandatario guatemalteco argumentó que operaciones militares de esa naturaleza serían ilegales sin la aprobación del Congreso de su país.
Los gobiernos de Honduras, Colombia y Ecuador, según AP, no respondieron a solicitudes de comentarios sobre las declaraciones realizadas por el secretario de Defensa estadounidense.
México rechaza presencia militar estadounidense
Otro caso particularmente significativo es México, considerado un importante territorio de origen o tránsito del fentanilo y otras drogas destinadas al mercado estadounidense.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una amplia cooperación con Washington en asuntos de seguridad, pero al mismo tiempo ha rechazado reiteradamente las presiones para permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses participen directamente en la lucha contra los cárteles dentro de territorio mexicano.
Adam Isacson, analista de defensa de la Washington Office on Latin America (WOLA), considera que Washington deberá definir exactamente qué entiende por “operaciones conjuntas” en cada país.
El especialista advirtió que Estados Unidos podría descubrir que incluso gobiernos latinoamericanos ideológicamente situados a la derecha se sienten incómodos ante determinados niveles de participación militar estadounidense.
Riesgos para civiles y soberanía
Especialistas también cuestionan si una estrategia basada en una mayor militarización puede producir mejoras duraderas en materia de seguridad.
Shifter considera que la campaña estadounidense podría funcionar parcialmente como una demostración de fuerza, aprovechando el impacto político de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, mientras la administración Trump intenta compensar dificultades de política exterior en otras regiones, incluido Oriente Medio.
Una de las principales preocupaciones se concentra en la posibilidad de que las operaciones produzcan víctimas civiles, particularmente en Colombia.
En numerosas zonas colombianas, los grupos armados conviven con poblaciones civiles y, en determinados territorios donde la presencia del Estado es limitada, actúan incluso como autoridades de facto.
Jeremy McDermott, codirector de la organización investigativa InSight Crime, con sede en Colombia, advirtió que los bombardeos estadounidenses podrían provocar que organizaciones como el ELN modifiquen su forma de operar en lugar de desaparecer.
Según explicó, si Estados Unidos comienza a bombardear campamentos guerrilleros en Colombia o Venezuela, una reacción previsible sería que los combatientes abandonen esas instalaciones y se trasladen hacia aldeas, pueblos y otras áreas habitadas, complicando todavía más la distinción entre objetivos armados y población civil.
El límite de la opinión pública
A largo plazo, una participación militar estadounidense más profunda podría poner a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar los ciudadanos latinoamericanos al momento de escoger entre una mayor seguridad y la defensa de la soberanía nacional.
Ese dilema podría terminar imponiendo límites incluso a los gobiernos regionales más cercanos políticamente a Trump.
Isacson señaló que los presidentes latinoamericanos, independientemente de su orientación ideológica, enfrentan fuertes presiones ciudadanas para combatir la inseguridad y demostrar que están persiguiendo a los grupos responsables de la violencia.
Pero esos mismos gobiernos, advirtió, saben que existe un límite sobre cuánto control o soberanía pueden transferir a Estados Unidos antes de provocar una reacción adversa entre sus propios ciudadanos.
La ampliación de las operaciones militares estadounidenses abre así una nueva etapa en la relación de Washington con América Latina: de una cooperación históricamente centrada en entrenamiento, inteligencia, armas y asistencia antidrogas, Estados Unidos comienza a plantear una participación más directa sobre el terreno contra organizaciones criminales y grupos armados.
La estrategia, de acuerdo con el reporte de The Associated Press, combina el fortalecimiento de alianzas con gobiernos afines, la clasificación de organizaciones criminales como terroristas y el empleo directo del poder militar estadounidense, al tiempo que reabre en América Latina un antiguo debate sobre seguridad, intervención extranjera y soberanía nacional.