Estados Unidos respalda postura dominicana y advierte que crisis haitiana amenaza al Caribe
Nueva York, 20 julio.– El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, respaldó este lunes la posición de la República Dominicana de considerar la crisis de Haití una amenaza para su seguridad nacional, al advertir que la expansión de las bandas criminales, el tráfico de armas y el narcotráfico no puede quedar confinada al territorio haitiano.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación de Haití, Waltz sostuvo que el Gobierno dominicano evalúa correctamente el peligro derivado del deterioro del país vecino, debido a la capacidad de las organizaciones criminales para extender sus operaciones hacia otras naciones del Caribe.
La intervención del diplomático estadounidense colocó en el centro del debate una preocupación planteada durante años por las autoridades dominicanas: la crisis haitiana dejó de ser exclusivamente un problema interno y se convirtió en una amenaza regional con consecuencias directas para la República Dominicana, único país que comparte una frontera terrestre con Haití.
Waltz afirmó que las bandas haitianas exportan terror, armas y drogas a través del Caribe, por lo que consideró indispensable recuperar la seguridad y el control territorial en Haití para proteger al resto de la región.
La posición estadounidense coincidió con el planteamiento presentado por el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien pidió acelerar la aplicación de los mecanismos aprobados por las Naciones Unidas para enfrentar a las pandillas y recuperar los territorios que permanecen bajo control criminal.
República Dominicana propone estrategia de cuatro frentes
Álvarez presentó ante el Consejo de Seguridad una estrategia fundamentada en cuatro áreas: completar el despliegue de la fuerza internacional contra las pandillas, reforzar el embargo de armas, sancionar las redes económicas y políticas que sostienen a los grupos criminales y fortalecer las instituciones haitianas.
El canciller advirtió que la comunidad internacional no necesita diseñar otra estrategia, sino ejecutar plenamente las medidas adoptadas durante los últimos cuatro años.
“Ya no necesitamos una nueva estrategia. Necesitamos ejecutar plenamente la que hemos construido”, afirmó durante la reunión celebrada en Nueva York.
El planteamiento dominicano se produjo en medio de una discusión en la que representantes de distintos países y organismos coincidieron en que la violencia, el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando de migrantes han convertido la crisis haitiana en una amenaza que trasciende las fronteras de ese país.
Seguridad antes que elecciones
Uno de los principales puntos defendidos por Álvarez fue que Haití no podrá celebrar elecciones libres, inclusivas y creíbles mientras amplias zonas de su territorio permanezcan bajo el control de organizaciones criminales.
“No serán las elecciones las que producirán la seguridad; será la seguridad la que hará posibles las elecciones”, expresó.
La comunidad internacional ha identificado una “ventana de oportunidad” para avanzar hacia la normalización institucional de Haití. El proceso electoral dispone de un presupuesto acordado de 120 millones de dólares y cuenta con un decreto electoral en marcha, aunque persisten serias dudas sobre la posibilidad de organizar las votaciones en territorios dominados por las pandillas.
El canciller dominicano respaldó la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF por sus siglas en inglés, y de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.
También destacó los avances alcanzados desde la aprobación de la resolución 2793, entre ellos el establecimiento de la fuerza, la creación de su estructura de mando y el inicio de operaciones sobre el terreno.
Sin embargo, señaló que la próxima etapa debe concentrarse en completar el despliegue de los contingentes ya comprometidos, con el propósito de que la misión alcance progresivamente la capacidad operativa prevista.
Falta de transporte dificulta el despliegue
Álvarez identificó la falta de transporte aéreo estratégico como uno de los principales obstáculos para movilizar al personal y los equipos necesarios. Por esa razón, exhortó a los Estados que poseen esa capacidad a ponerla al servicio de la operación internacional.
“No debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo”, declaró.
El ministro reconoció el liderazgo de Estados Unidos y los aportes de Canadá y otras naciones que han facilitado recursos y respaldo logístico. Asimismo, agradeció a los países que han comprometido personal para integrar la fuerza internacional.
La representante de la GSF reconoció, a su vez, el apoyo proporcionado por la República Dominicana a la misión, considerado necesario para reducir la capacidad operativa y el control territorial de las bandas criminales.
Sanciones contra financiadores y aliados de las bandas
La propuesta dominicana no se limita a perseguir a los cabecillas visibles de las pandillas. Álvarez reclamó la aplicación completa del régimen de sanciones establecido mediante la resolución 2653 contra quienes financian a los grupos armados, facilitan el tráfico ilegal de armas, lavan dinero procedente de actividades criminales o les proporcionan respaldo material y político.
A juicio del canciller, desarticular esas estructuras resulta indispensable para impedir que las bandas recuperen territorio, armas y capacidad financiera después de las operaciones de seguridad.
El enfoque implica perseguir no solo a quienes ejecutan directamente los actos violentos, sino también a empresarios, intermediarios, traficantes y actores políticos que puedan beneficiarse de las organizaciones criminales o facilitar sus actividades.
Álvarez insistió en que una intervención internacional no podrá garantizar por sí sola una estabilidad duradera en Haití.
“Una fuerza internacional puede ayudar a recuperar el territorio; solamente instituciones haitianas sólidas podrán conservarlo de manera permanente”, sostuvo.
En consecuencia, solicitó mantener el apoyo destinado al fortalecimiento de la Policía Nacional Haitiana, el sistema judicial y las demás instituciones responsables de ejercer autoridad en los territorios recuperados.
Entre los objetivos planteados figura la incorporación de 4,000 nuevos agentes policiales para 2027, junto con el desarrollo de programas de desarme y reintegración que contribuyan a consolidar la seguridad y la gobernabilidad en Haití.