Estados Unidos y China intercambian señalamientos por controles a empresas chinas en el país
Santo Domingo, 10 Nov.– La clausura de la fábrica de cartón Cartesa, de capital chino, en San Antonio de Guerra, provocó un intercambio de declaraciones entre Estados Unidos y China, luego de que Washington respaldara públicamente la actuación de las autoridades dominicanas y Pekín acusara a funcionarios estadounidenses de aprovechar el caso para desacreditar a sus empresas y perjudicar la cooperación bilateral.
El pronunciamiento estadounidense fue realizado el lunes 9 de noviembre por Juan Pablo Segura, funcionario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, mediante una publicación en la red social X que posteriormente difundió la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
Segura elogió la intervención dominicana y señaló que el establecimiento operaba sin las autorizaciones correspondientes, mantenía un depósito irregular de combustible y recurría a la contratación ilegal de trabajadores extranjeros. Sostuvo que las relaciones económicas deben sustentarse en la transparencia, la competencia justa y el respeto al Estado de derecho.
La respuesta de la Embajada de China cuestionó que Washington utilizara una actuación particular de las autoridades dominicanas para formular señalamientos contra la comunidad empresarial china establecida en el país.
La misión diplomática afirmó que el Gobierno chino exige a sus ciudadanos y empresas respetar las leyes de los países donde desarrollan sus actividades. También expresó su respaldo a la aplicación justa de la legislación dominicana, al tiempo que defendió los derechos e intereses legítimos de sus nacionales.
Según la representación china, la mayoría de sus empresas y ciudadanos residentes en República Dominicana trabaja conforme a las normas locales, genera empleos y contribuye al desarrollo económico y social. Por ello, rechazó que las irregularidades atribuidas a un establecimiento se empleen para generalizar o estigmatizar a toda esa comunidad.
La declaración china también reivindicó la soberanía dominicana. Sostuvo que la fiscalización y aplicación de las leyes dentro del territorio nacional constituyen asuntos internos, sobre los cuales ninguna fuerza externa debe pretender dictar pautas o emitir felicitaciones con superioridad.
Asimismo, calificó la cooperación económica y comercial entre China y República Dominicana como abierta, transparente y mutuamente beneficiosa, y exhortó a los funcionarios estadounidenses a abstenerse de realizar manipulaciones políticas mediante sus declaraciones.
La empresa que originó la controversia está ubicada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. La intervención fue encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, con participación de Migración y del organismo responsable de supervisar las edificaciones.
De acuerdo con las informaciones publicadas sobre el operativo, las autoridades atribuyeron a Cartesa la falta del certificado de uso de suelo y de otras autorizaciones necesarias para operar. El complejo incluía tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.
Durante la inspección también fue identificado un depósito de combustible que, según las autoridades, incumplía las disposiciones de la Ley 112-00 de Hidrocarburos. Los reportes consignan la ocupación de un tanque con capacidad para 5,000 litros y de 1,000 galones de gasoil, con una valoración conjunta de RD$2.25 millones para los equipos y el combustible.
El organismo de edificaciones dispuso la paralización de las obras por incumplimientos de la Ley 687-82, mientras que la Dirección General de Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros presentes en las instalaciones.
Aunque ambas representaciones diplomáticas coincidieron en señalar la obligación de cumplir las leyes dominicanas, el desacuerdo se concentró en el alcance del pronunciamiento estadounidense: Washington presentó su respaldo como una defensa de la legalidad y la competencia justa, mientras China lo interpretó como un intento de afectar la imagen de sus inversionistas y sus relaciones con Santo Domingo.