Estamos a tiempo para evitar el cerco
Por Manuel Jiménez V
La agresión sufrida por oficiales de la Dirección General de Migración en Herrera, Santo Domingo Oeste, no es un hecho aislado ni debe ser tomado a la ligera. Este incidente, que tuvo lugar hace poco más de dos semanas, dejó un saldo de tres oficiales heridos y obligó a la suspensión de un operativo que buscaba detener a haitianos indocumentados en esa zona.
Lamentablemente, es probable que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, este evento no tenga mayores consecuencias, lo que genera preocupación sobre el control de la inmigración ilegal en el país.
La creciente presencia de haitianos indocumentados en barrios periféricos del Gran Santo Domingo y otras grandes ciudades, así como en áreas rurales es alarmante. No es solo en Herrera donde se observa este fenómeno; la superpoblación haitiana se ha expandido a lo largo de las principales ciudades del país, incluidos nuestros polos turísticos como Punta Cana.
En esta última, la situación es especialmente crítica, ya que han surgido comunidades de inmigrantes haitianos como El Hoyo de Friusa, donde la población extranjera supera en número a los dominicanos.
Esto debería encender las alarmas de nuestras autoridades, ya que ocurre en un contexto de inmigración ilegal en aumento, y lo que es aún más preocupante, con una actitud desafiante por parte de inmigrantes hacia las acciones del gobierno destinadas a hacer cumplir nuestras leyes migratorias.
Según la Dirección General de Migración, en lo que va de agosto, al menos diez oficiales han sido agredidos en distintos operativos. Esto sugiere una tendencia alarmante de respuestas violentas por parte de extranjeros que, a pesar de estar en situación ilegal, se consideran con el derecho de asumir conductas temerarias, llegando incluso a agredir físicamente a los representantes de la ley.
Lo que resulta aún más inquietante es la «solidaridad» de algunos dominicanos que, en lugar de comprender la peligrosidad de sus acciones, se han mostrado empáticos con los haitianos en sus barrios y han actuado en su defensa, colocándose también al margen de la ley.
El problema migratorio que enfrentamos con los haitianos tiene sus raíces en la vulnerabilidad inexplicable de nuestra frontera, a pesar de las garantías del gobierno de que esta está «sellada» con la presencia de miles de soldados y la construcción de una verja fronteriza. Justo en la frontera, por ejemplo, la situación es tan crítica que en algunas localidades apartadas la población haitiana supera a la dominicana.
Por otro lado, la población no percibe un impacto significativo en la reducción de la presencia de indocumentados, a pesar de los operativos de Migración. Es un secreto a voces que muchos de los repatriados vuelven a ingresar al país, facilitados por la corrupción de algunos militares permeables al tráfico de indocumentados en el que participan otros dominicanos.
A esto se suma el silencio de ciudadanos, por un lado, y la actuación cómplice de empresarios dominicanos, por el otro, que prefieren ignorar la peligrosa realidad que enfrentamos por temor de ser tildado de racista o xenófobo o sacar ventajas a una mano de obra barata.
Estamos permitiendo que un círculo se cierre gradualmente sobre nosotros, sin pleno control de la migración en la frontera y ahora con respuestas violentas contra los operativos de repatriación. La situación se agrava cuando vemos que las condiciones en Haití, marcadas por la violencia de las pandillas y la inestabilidad política, no muestran signos de mejoría, lo que presagia un aumento de la migración para este lado de la isla.
La postura del recién instalado Consejo Presidencial de Haití, al negarse a asistir a la toma de posesión del segundo mandato del Presidente Luis Abinader, es una señal clara de que no podemos esperar cooperación por su parte en la gestión de este problema.
Estamos a tiempo de evitar una situación inmanejable en términos migratorios, estamos a tiempo para tomar las medidas que exige la ley para controlar una situación que, en un futuro no tan lejano, podría derivar en derechos para extranjeros que nunca se identificarían con los principios nacionales ni respetarían nuestra soberanía e independencia.
