Estudio del CES revela brecha entre mayor inversión educativa y calidad de los aprendizajes
Por Manuel Jiménez
Santo Domingo, 1 Nov.— Diez años después de la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, República Dominicana ha ampliado el acceso a las aulas, fortalecido la atención a la primera infancia y mejorado las condiciones del magisterio, pero mantiene una deuda fundamental: convertir esos avances y los mayores recursos invertidos en aprendizajes de calidad.
Así lo establece el libro 10 años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa de la República Dominicana (2014-2030): balance sistémico, resultados y orientaciones estratégicas de mediano plazo, puesto a circular recientemente por el Consejo Económico y Social (CES).
La investigación fue realizada por la economista Magdalena Lizardo Espinal, ex viceministra de Economía, Planificacón y Desarrollo, con la colaboración de Marygracia Aquino, y examina los avances, obstáculos y desafíos del período 2014-2024.
El estudio identifica una de las principales contradicciones del sistema: el incremento del financiamiento permitió una expansión histórica de infraestructura, servicios y programas educativos, pero no produjo mejoras proporcionales en los resultados de aprendizaje.
Esta brecha plantea, según la investigación, la necesidad de fortalecer la eficiencia del gasto y su vinculación con las prioridades pedagógicas.
Las evaluaciones nacionales recogidas en el estudio muestran la dimensión del problema. En tercer grado de primaria, la proporción de estudiantes con desempeño satisfactorio en Lengua Española aumentó de 12 % en 2017 a 17.7 % en 2023. En sexto grado pasó de 27.4 % en 2018 a 34 % en 2024.
Aunque representan progresos, estos resultados revelan, señala la investigación, que la mayoría de los alumnos permanece sin alcanzar ese nivel.
En Matemáticas y Ciencias, el panorama presenta rezagos especialmente profundos. La investigación recoge que la proporción de estudiantes por debajo del nivel dos en las tres áreas evaluadas por PISA —lectura, matemáticas y ciencias— disminuyó de un promedio de 73.1 % en las mediciones de 2015 y 2018 a 68.4 % en 2022. Pese a esa mejoría, el desempeño continúa siendo bajo, destaca.
Lizardo señala que persiste una desconexión entre el currículo por competencias y las prácticas efectivas de enseñanza.
Las limitaciones del acompañamiento pedagógico y las diferencias de capacidad entre centros educativos reducen el impacto de las reformas, explica la autora. Los déficits en conocimientos fundamentales desde los primeros grados, además, se acumulan y dificultan los aprendizajes posteriores.
El balance reconoce avances importantes en el acceso. La cobertura del nivel inicial pasó de 35 % en 2013 a 67.5 % en 2024, aunque todavía distante de la universalización.
También destaca la generalización de la jornada escolar extendida, la ampliación de los servicios de primera infancia y la alimentación escolar como medidas que han reducido barreras para las familias vulnerables.
Sin embargo, la expansión convive con desigualdades territoriales y socioeconómicas, advierte el estudio. La vulnerabilidad económica, la incorporación temprana al trabajo, el embarazo adolescente y las uniones tempranas afectan la permanencia y la culminación oportuna de los estudios.
A estos factores se suma, según la investigación, una oferta educativa que no siempre resulta pertinente o motivadora para los jóvenes.
En materia docente, la autora reconoce mejoras salariales, mayores exigencias de ingreso y avances en formación y evaluación.
No obstante, advierte que la revalorización de la carrera aún no se traduce sistemáticamente en una transformación equivalente de las prácticas pedagógicas. Persisten debilidades en la articulación entre evaluación, incentivos, acompañamiento y desarrollo profesional.
Otra conclusión relevante del estudio es que el sistema dispone de más información sobre su desempeño, pero todavía la utiliza de manera limitada para corregir problemas.
Según Lizardo, las evaluaciones no se han consolidado como una herramienta regular para ajustar políticas y mejorar la enseñanza. El Pacto tampoco cuenta con un sistema de indicadores oficialmente aprobado y metas compartidas para verificar sus avances.
La investigación también identifica una gestión excesivamente centralizada y una autonomía limitada de las instancias regionales, distritales y escolares para responder a sus necesidades.
Asimismo, plantea fortalecer la articulación entre educación general, formación técnica y educación superior, y su relación con las demandas sociales y productivas del país.
Lizardo aporta a este análisis su experiencia en el sector público. Dirigió la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dependencia que elaboraba informes de seguimiento a los objetivos, indicadores y metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, establecida mediante la Ley 1-12. También participó en los procesos de formulación y concertación de ese instrumento.
De cara a 2030, el estudio propone concentrar esfuerzos en los aprendizajes fundamentales, la profesionalización docente y una mejor coordinación institucional.
Reconoce el impacto disruptivo de la pandemia y advierte que los cambios de orientación sin evaluación debilitan la continuidad de las políticas. El desafío, plantea la investigación, es convertir los consensos en resultados sostenidos y verificables para los estudiantes.