Estudio del OPD-FUNGLODE revela países de la región con voto militar y policial han presentado situaciones controversiales
La investigación plantea que mantener la prohibición o veto al sufragio de militares y policías no es una violación de sus derechos per se, ya que se trata de una prohibición temporal.
Santo Domingo, 14 Oct – En el marco de la propuesta de levantamiento de la prohibición del voto a militares y policías en una futura reforma electoral y/o constitucional en el país, un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode) reveló que en los últimos 50 años la experiencia de varios países de la región que permiten el sufragio militar y policial ha presentado situaciones controversiales, como son los casos de Venezuela, Argentina y Chile.
“En muchas de las naciones en las que se ha habilitado este tipo de sufragio, al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto la politización de las Fuerzas Armadas, se han generado fallas democráticas significativas y se han producido acciones políticas suspicaces”, sostiene la investigación del OPD-Funglode.
El estudio de la entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) refiere que en América Latina a través de los años el veto o impedimento del sufragio militar y policial ha ido desapareciendo, “al punto de que, mientras hace tan solo unas décadas la mayoría de los países de la región contemplaban el referido veto en sus constituciones y legislaciones electorales, en la actualidad sólo cinco países mantienen esta prohibición: Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana”.
Sin embargo, Vladimir Rozón García, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del OPD-FUNGLODE, destaca que conforme a la doctrina el hecho de mantener el veto del voto a militares y policías no es una violación de sus derechos per se, puesto que, la prohibición solamente permanece durante el tiempo en que se encuentren en servicio activo.
“Los militares y policías retirados pueden ejercer libremente sus derechos políticos, divulgar sus criterios partidistas, promover su ideología y hasta aspirar a cargos electivos”, precisa Rozón.
Propuestas en RD
El estudio titulado “Voto militar y policial en República Dominicana”, plantea que en las últimas décadas ha habido varias propuestas referentes a permitir el voto militar y policial en la nación, siendo una de las principales iniciativas presentada en 2013, durante la vista pública realizada por la Comisión Bicameral que estudiaba el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Agrega que, en este marco, se propuso la inclusión de la siguiente disposición: “Los policías deben tener el derecho a votar en las elecciones generales e inscribirse en los partidos políticos, que puedan elegir al presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y regidores, y se le conceda el derecho asociarse dentro de la institución”.
El estudio indica, además, que la propuesta más reciente ha sido la presentada por los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Cívico Renovador (PCR) y Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), quienes mantienen la teoría de que los uniformados también tienen derecho a participar en los procesos electorales.
El OPD-FUNGLODE señala que la iniciativa en cuestión contempla que para el sufragio de los militares y policías se habilite en cada recinto electoral un colegio electoral, a los fines de que estos puedan ejercer el voto y, una vez lo hagan, se reporten a los lugares donde estén prestando servicio.
Origen de la prohibición en RD
El estudio apunta que, en el caso de República Dominicana, desde la primera Constitución proclamada el 6 de noviembre de 1844 el sufragio ciudadano fue consagrado; no obstante, para entonces fue establecido de forma limitada, no universal, pero aun así contemplado.
“Por tanto, desde el origen de la República se ha reconocido el derecho que poseen los ciudadanos de participar en los procesos electivos de la nación. De esta manera, la Constitución de 1854 en su artículo 31 otorgaba el derecho al sufragio a los “oficiales del Ejército de tierra o mar”, apunta.
Este derecho se mantuvo vigente durante 70 años, puesto que, fue hasta la reforma constitucional del año 1924 cuando se volvió a establecer la prohibición del derecho al voto para los policías y militares.
El informe del OPD-Funglode resalta que entre los países analizados de América Latina, 11 de 16 permiten el voto de los militares y policías, sin embargo, en la mitad de estos si bien se permite el voto, se prohíbe su afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a algún cargo electivo o bien a ejercer algún cargo público.
“Únicamente, El Salvador, Nicaragua y Venezuela permiten tanto el sufragio como la afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular”.
El estudio concluye que no se trata de coartar o eximir de sus derechos a militares y policías, sino, más bien, se trata de salvaguardar sus funciones, toda vez que “el veto blinda a los uniformados contra la polarización política latente y asegura el desarrollo de sus obligaciones y la estabilidad democrática”.
