Expectativas por final el lunes juicio de fondo a implicados en sobornos de Odebrecht
SANTO DOMINGO, Sept 24 – Aunque el Ministerio Público sostiene que tiene los medios de pruebas suficientes para lograr una condena en el sonado caso de sobornos de Odebrecht, los seis imputados en el caso harán el lunes sus exposiciones finales de defensa en el juicio de fondo que se les sigue con unos abogados convencidos de que serán absueltos.
El jueves, La fiscal Mirna Ortiz resaltó que el Ministerio Público se mantiene firme y en espera de una condena ejemplar, basada en las pruebas aportadas en el proceso judicial contra los imputados por los sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht en República Dominicana.
Sin embargo, los abogados de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez y Tommy Galán han insistido en sus exposiciones que las pruebas presentadas por el Ministerio Público carecen de sustentos, que no se ha presentado la primera evidencia de sobornos y descalifican las delaciones premiadas ofrecidas por testigos que expusieron en el proceso traídos desde Brasil.
La defensa de uno de los imputados, Conrado Pittaluga considera que son ilegales los “informes financieros” e “informes societarios” presentados por el Ministerio Público como prueba en el juicio, debido a que supuestamente estos fueron redactados por “agentes tácticos” que, en realidad, son empleados de la Procuraduría General de la República.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó de “totalmente vacías” las contrarréplicas de las defensas al Ministerio Público.
En ese sentido, señaló que los argumentos de los abogados “en nada han afectado el caso del Ministerio Público, y seguimos igual que como siempre, firmes y en espera de una condena justa que es lo que el Ministerio Público le ha pedido al tribunal”.
La fiscal se refirió al proceso en su etapa final al responder preguntas de los periodistas a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que encabezan la jueza Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes tienen la responsabilidad de fallar el caso en el que el Ministerio Público busca evitar que haya impunidad.
“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, recalcó Ortiz.
Explicó que el soborno quedó claramente demostrado con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores.
El juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sigue avanzando en la última etapa, al concluir las contrarréplicas de las defensas de los acusados de recibir y distribuir los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de diferentes obras públicas.
Qué pide el Ministerio Público
En su dictamen, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que encabeza Wilson Camacho piden al tribunal condenar de diez a cinco años de prisión a los seis imputados, además del decomiso de todos los bienes producto de la alegada corrupción en que supuestamente incurrieron.
Pidieron 10 años de prisión para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), mientras que, para Andrés Bautista, expresidente del Senado; Juan Roberto Rodríguez, también exdirector del Inapa, y el exsenador Tommy Galán solicitó cinco años de reclusión.
Para el abogado Conrado Pittaluga solicitaron siete años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, además del decomiso de los bienes de todos los imputados.
La Pepca solicitó, también que, desde la sala de audiencias, se ordene la variación de la medida de coerción por la prisión preventiva, quienes se encuentran en libertad, tras ser variadas las medidas de coerción.
A todos, el Ministerio Público les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber entregado en el país como sobornos con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.
