Faride Raful garantiza seguridad en marcha nacionalista en Friusa y descarta control territorial fuera del Estado
Santo Domingo, 24 de marzo. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que la no objeción emitida para la manifestación de sectores nacionalistas en el Hoyo de Friusa, en Bávaro, fue otorgada dentro de los plazos establecidos y con las garantías necesarias para mantener el orden público.
En medio del debate generado por la marcha pacífica convocada por la Antigua Orden Dominicana en protesta por la migración irregular, Raful enfatizó que en República Dominicana ningún grupo tiene control sobre un territorio que no sea el propio Estado.
La funcionaria reiteró que cualquier manifestación pacífica debe ser protegida bajo el principio del orden público y que el respaldo ciudadano a este tipo de actividades es legítimo dentro del marco democrático.
Explicó que el proceso de no objeción sirve para coordinar la seguridad y garantizar el orden durante el uso de la vía pública, una responsabilidad que recae en la Policía Nacional. Asimismo, señaló que en el pasado esta zona ya había requerido la intervención de las autoridades debido a la alta presencia de inmigrantes irregulares.
Raful también se refirió a las medidas preventivas que se tomarán para evitar tensiones en la manifestación, subrayando la importancia de preservar la estabilidad en una zona clave para el turismo.
Advirtió que cualquier conflicto afectaría tanto la seguridad ciudadana como la actividad económica de la región. “Nadie quiere que se generen conflictos en ninguna zona. Además, es algo que no conviene ni al tema de la seguridad ciudadana, pero ni mucho menos al tema turístico que está relacionado con esa zona. La seguridad está garantizada”, aseguró.
El Ministerio de Interior y Policía emitió una resolución que autoriza la realización de la marcha pacífica en el Hoyo de Friusa el próximo 30 de marzo, desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde.
Según el documento, la manifestación deberá llevarse a cabo respetando las aceras de las vías, sin alterar el orden público, la seguridad del Estado ni el funcionamiento de los servicios públicos.
