Finjus propone inclusión de tres causales para aborto en reforma del Código Penal y críticas a diputado del PRM
Santo Domingo, 11 de julio – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha recomendado al Congreso Nacional incluir las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal. Este proyecto, que llegó del Senado y fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el pasado martes, ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la entidad cívica.
La sugerencia fue presentada en una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, en la que se detallan varias modificaciones propuestas a la controversial pieza legislativa.
La Finjus ha subrayado la necesidad de revisar la inclusión de las tres causales como eximentes de interrupción del embarazo en los casos en que sea necesario. Estas causales permitirían el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, cuando la vida de la madre esté en peligro y en casos de malformación congénita.
El organismo cívico argumenta que estas medidas son cruciales para ofrecer una mejor protección a las víctimas de abuso sexual y deben definirse con mayor precisión la tipificación de la violación y la agresión sexuales.
Además de las causales para el aborto, la Finjus propone modificaciones a artículos relacionados con la violación y la agresión sexual, discriminación, entes exentos de responsabilidad penal, infracciones, imputación falsa y conflictos de interés.
En cuanto al artículo 185 sobre discriminación, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, destaca la importancia de prohibir la discriminación en todas sus formas para promover la justicia, la igualdad, la cohesión social y el respeto a los derechos humanos y fundamentales.
La Finjus también considera pertinente revisar el artículo 14, que exime de responsabilidad penal a ciertos entes, incluyendo el Estado dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, ayuntamientos, distritos municipales, juntas de los distritos municipales y las iglesias. La entidad argumenta que las iglesias no comparten la misma naturaleza que otras entidades y esta realidad debe reflejarse en la ley.
En cuanto al artículo 358 sobre la imputación falsa, la Finjus resalta la importancia de abordar este tema con especial cuidado debido a sus amplias implicaciones para la integridad del sistema de justicia y la confianza pública.
La entidad también critica la tipificación del conflicto de interés contenida en el artículo 321, argumentando que abarca un espectro muy amplio, lo que podría generar discrepancias en el ejercicio de la función pública. La Finjus recomienda una evaluación de la nomenclatura jurídica, sugiriendo que las infracciones que conllevan daños a bienes jurídicos deben ser catalogadas como delitos, ya que son más adecuadas a los comportamientos descritos.
En la sesión ordinaria de ayer, Pacheco recordó que hoy jueves se conformará una comisión especial de diputados para revisar el nuevo Código Penal. Esta comisión escuchará las inquietudes de los diferentes sectores en torno a la normativa.
Pacheco afirmó que hay tiempo para una vista pública y para escuchar a los sectores que quieran pronunciarse sobre el proyecto de reforma del Código Penal. Reiteró que la pieza debe ser examinada con tranquilidad y sin prisa, y aseguró que será desmenuzada en el seno de la comisión especial que estudiará la legislación.
El presidente de la Cámara Baja también se quejó del enfoque de algunos medios de comunicación, que destacaron que el proyecto de reforma del Código Penal fue aprobado en primera lectura sin ser leído. Pacheco enfatizó que el órgano parlamentario lee los proyectos desde arriba hacia abajo, con punto y coma, y que las comisiones examinan las iniciativas letra por letra. Aclaró que los procedimientos se realizan en cumplimiento de la ley y de los reglamentos.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que si el nuevo Código Penal sufre alguna modificación en la Cámara de Diputados, el Senado estaría dispuesto a recibir nuevamente la normativa.
De los Santos afirmó que la República Dominicana necesita un nuevo Código Penal para enfrentar la delincuencia y la criminalidad con la tecnología de 2024, en lugar de un código del año 1810.
En otro tema relacionado con el Código Penal, la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha solicitado al Fiscal Nacional, Tony Rodríguez, y a la Comisión de Ética y Control iniciar un procedimiento disciplinario contra el diputado Eugenio Cedeño. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, enviaron una carta al legislador por La Romana para iniciar el proceso de sometimiento por violación a los estatutos del partido.
El PRM considera inaceptables las reiteradas declaraciones de Cedeño, que han tenido connotaciones negativas para los derechos de las mujeres y han incentivado la violencia de género. En un comentario sobre el Código Penal, Cedeño dijo en la revista diaria «A Primera Hora» que si está casado con su esposa, puede embarazarla aunque esta no quiera, ya que «es mi mujer». Esta declaración ha sido ampliamente criticada y ha motivado la solicitud de procedimiento disciplinario.
