Fiscal general de Colombia, crítico de Petro, es reemplazado en medio de tensiones por su número dos
BOGOTÁ, 13 febrero — La cabeza de la Fiscalía General de Colombia quedó desde el martes en manos de la número dos de Francisco Barbosa, quien dejó el cargo el lunes por fin de mandato y en medio de tensiones por su confrontación con el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Abierto crítico del mandatario, Barbosa fue reemplazado por la vicefiscal Martha Janeth Mancera, hasta ahora su mano derecha, que queda como nueva fiscal general encargada. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia elegir a la nueva titular del Ministerio Público entre una terna de mujeres propuesta por Petro, en un proceso de selección con cuestionamientos.
El trámite inició en diciembre pasado y no tiene una fecha fija para culminar. Se prevé que la próxima votación sea el 22 de febrero.
“Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha”, indicó Mancera en un comunicado.
La vicefiscal reemplazó a Francisco Barbosa tras culminar el lunes su periodo de cuatro años como fiscal general. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos tras ser señalada por medios de comunicación locales de presuntamente tratar de encubrir a un exfuncionario de la entidad que estaría vinculado con narcotráfico y tráfico de armas.
Mancera lo ha negado y ha dicho que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.
La legislación colombiana estipula que le corresponde a la vicefiscal reemplazar al fiscal general en las ausencias temporales y que no está permitida la reelección de fiscal.
Pero la tensión rodea en nuevo nombramiento. La semana pasada la Corte informó que ninguna de las tres aspirantes a fiscal logró la mayoría de los votos requeridos, dejando en expectativa el reemplazo de Barbosa. En respuesta, un grupo de partidarios del gobierno bloqueó el acceso al Palacio de Justicia, sede de la Corte, mientras se sucedían protestas en la calle convocadas por sindicatos que pedían la elección de una nueva fiscal.
El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, denunció que fueron asediados en un “bloqueo violento e ilegal” y exigió al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para elegir en independencia. La “democracia queda en vilo” cuando cualquier sector o actor “pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”, agregó el magistrado.
Petro reconoció fallas en el protocolo de seguridad para proteger la Corte, pero indicó que no hubo violencia por parte de un pequeño grupo que intentó violentar una puerta por algunos segundos, a quienes llamó “infiltrados”.
“Sé que hubo fallas del protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de Justicia de manera preventiva y desde el palacio de Nariño las corregimos”, admitió el mandatario.
La figura del fiscal ha despertado especial interés en el país luego de que Petro denunciara que la entidad hasta ahora al mando de Barbosa estaría presionando para sacarlo del cargo e instara a sus partidarios a las calles, ante lo que denominó una “ruptura institucional”.
La Fiscalía lleva procesos que involucran a la familia del presidente, uno de sus hijos fue acusado y llamado a juicio por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, e investiga si hubo irregularidades en la financiación de la campaña electoral con la que Petro obtuvo la victoria en 2022.
Para Petro, en la Fiscalía hay “mafias” que tienen intereses para impedir que lleguen las nuevas candidatas, a quienes calificó como “mujeres decentes” que no permitirían más “impunidad”.
La continuidad de Mancera no genera confianza para el mandatario. Un día después de las protestas, resaltó desde su cuenta de X, antes Twitter, que la prensa ha señalado “acusaciones graves” en su contra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el martes a la Corte Suprema colombiana a culminar el proceso de selección de la nueva fiscal y advirtió en un comunicado que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia, al afectar la independencia y autonomía de la entidad.
AP
