Fiscales dicen estar convencidos de que no habrá impunidad en el sonado caso Odebrecht
Santo Domingo, 14 Oct – El Ministerio Público reafirmó su convicción de que “no habrá impunidad en el caso Odebrecht en la República Dominicana”.
Así se expresó el Procurador General Adjunto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en un comunicado a pocas horas de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emita su sentencia la tarde de este jueves.
“Nosotros estamos más que convencidos que no habrá impunidad en el caso Odebrecht en República Dominicana”, aseguró el procurador adjunto Wilson Camacho.
Camacho añadió que el equipo de fiscales que encabeza ha trabajado con el objetivo de enfrentar la impunidad, por lo que el Ministerio Público espera una sentencia condenatoria mañana contra los seis imputados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que la propia constructora Odebrecht confesó que entregó en el país para agenciarse la adjudicación de obras del Estado.
“Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda en el día de mañana”, añadió Camacho.
“En el caso de Odebrecht nosotros estamos convencidos que con las evidencias que ha aportado el Ministerio Público mañana el tribunal debe dictar sentencia condenatoria”, sostuvo, al responder a los periodistas que lo abordaron al salir de una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fijaron para este jueves 14 de octubre de 2021, a partir de las 3:00 de la tarde, la fecha para dar a conocer su decisión sobre el caso Odebrecht.
El Ministerio Público solicita al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, siete años para Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y cinco años de reclusión para Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Juan Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
