Fiscalía chilena atribuye a Diosdado Cabello la orden de secuestrar y asesinar al disidente venezolano Ronald Ojeda
Santiago de Chile, 10 sept.- La Fiscalía de Chile atribuyó al dirigente venezolano Diosdado Cabello la presunta autoría intelectual del secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, un opositor al Gobierno de Nicolás Maduro que vivía como refugiado político en territorio chileno.
La imputación pública se produjo dentro del proceso seguido contra integrantes de Los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua acusada de ejecutar el crimen en febrero de 2024.
El Ministerio Público chileno sostiene que la operación fue planificada en Venezuela, que el encargo llegó a los responsables de la organización criminal y que parte del pago habría sido entregada en Perú.
Sin embargo, es necesario hacer una precisión jurídica: Cabello ha sido señalado por la Fiscalía como supuesto autor intelectual, pero las informaciones oficiales disponibles no establecen que haya sido formalizado como imputado ante un tribunal chileno ni que exista una acusación presentada directamente en su contra.
La exposición fue realizada por los fiscales durante el proceso judicial contra los presuntos integrantes de la organización que habrían planificado, ejecutado y encubierto el secuestro y homicidio de Ojeda.
La acusación concreta contra Cabello
La teoría del Ministerio Público sostiene que Cabello habría impartido la orden y financiado el crimen mediante Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, máximo cabecilla del Tren de Aragua.
Según testimonios incorporados a la investigación, la instrucción habría sido transmitida a dirigentes de Los Piratas de Aragua para que organizaran el secuestro en Chile.
El fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, ha afirmado que existen antecedentes claros que apuntan hacia Cabello.
La hipótesis sostiene que el asesinato tuvo una motivación política y no estuvo relacionado con un secuestro extorsivo, una disputa entre bandas o actividades delictivas atribuibles a la víctima.
La Fiscalía afirma que el encargo comenzó a organizarse fuera de Chile, involucró coordinaciones en Venezuela y Perú y culminó con la intervención de una estructura del Tren de Aragua asentada en Santiago.
Uno de los antecedentes centrales procede de un testigo que aseguró que Cabello dio la orden y que el pago se canalizó mediante los líderes de la organización criminal. Otros dos declarantes han relacionado el crimen con autoridades venezolanas, aunque sin identificar directamente al funcionario que habría impartido la instrucción.
Estas afirmaciones forman parte de la teoría de la Fiscalía y deberán ser sometidas a contradicción y valoración judicial. No constituyen todavía una sentencia contra Cabello.
Presentación ante un tribunal chileno
Los antecedentes fueron expuestos durante la audiencia de preparación del juicio oral contra miembros de Los Piratas de Aragua acusados por el secuestro y asesinato de Ojeda y por otros delitos relacionados con el crimen organizado.
La Fiscalía presentó una acusación contra 20 presuntos integrantes de la estructura criminal. Seis de ellos están directamente relacionados con el caso Ojeda, mientras los restantes enfrentan cargos por otros hechos atribuidos a la organización.
El Ministerio Público ofreció más de 200 testigos para sustentar su caso y solicitó condenas que van desde cinco años de prisión hasta presidio perpetuo calificado.
La audiencia de preparación del juicio oral marca la etapa en la que se discuten las pruebas que podrán ser presentadas durante el juicio. En consecuencia, las afirmaciones sobre Cabello forman parte del relato acusatorio y de los antecedentes que la Fiscalía pretende demostrar ante el tribunal.
Secuestro durante la madrugada
Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, había sido teniente del Ejército venezolano y participó en actividades contra el Gobierno de Maduro. Escapó de una cárcel militar en Venezuela y posteriormente se trasladó a Chile, donde obtuvo la condición de refugiado político en 2023.
Durante la madrugada del 21 de febrero de 2024, varios hombres vestidos con uniformes similares a los utilizados por la Policía de Investigaciones de Chile llegaron al edificio donde residía, en la comuna de Independencia, en Santiago.
Los individuos presentaron al conserje una falsa orden judicial, ingresaron al apartamento situado en el piso 14 y se llevaron a Ojeda descalzo y con ropa de dormir, delante de su esposa y su hijo.
Las cámaras de seguridad registraron parte del operativo. Los secuestradores emplearon indumentaria táctica, simularon ser agentes policiales y utilizaron vehículos para trasladar a la víctima.
Diez días después, el 1 de marzo, las autoridades encontraron el cuerpo de Ojeda dentro de una maleta enterrada bajo una estructura de cemento en la comuna de Maipú.
La autopsia estableció que murió por asfixia mecánica y que el homicidio habría ocurrido varios días antes del hallazgo.
Papel atribuido al Tren de Aragua
Las investigaciones identificaron a Los Piratas de Aragua como la célula responsable de ejecutar la operación. La banda mantenía una estructura jerarquizada y operaba en Chile mediante secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.
Entre sus supuestos dirigentes figura Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como uno de los encargados de organizar, coordinar y supervisar el secuestro.
Otro acusado es Carlos Francisco Gómez Moreno, conocido como “Bobby de Cagua”, considerado un jefe regional del Tren de Aragua. Fue detenido en Colombia y quedó sometido a un proceso de extradición hacia Chile.
Maickel Villegas Rodríguez fue arrestado en Costa Rica y extraditado a Chile, mientras otros sospechosos habrían escapado hacia Venezuela. La Fiscalía también ha solicitado cooperación internacional para localizar y llevar ante la justicia a los prófugos.
Las autoridades chilenas sostienen que “El Turko” habría mantenido contactos en Perú con personas vinculadas al encargo procedente de Venezuela.
Una investigación iniciada hace más de dos años
El caso comenzó inmediatamente después de la desaparición de Ojeda en febrero de 2024. Desde entonces, la Fiscalía ha realizado allanamientos, interrogatorios, análisis de cámaras, rastreo de comunicaciones y solicitudes de cooperación internacional.
En enero de 2025, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó públicamente que existían tres testimonios que relacionaban el crimen con autoridades venezolanas. Uno de ellos señalaba directamente a Cabello como la persona que supuestamente ordenó y pagó el asesinato.
En marzo de 2025, representantes chilenos se reunieron con funcionarios de la Corte Penal Internacional para compartir información sobre el expediente. Chile consideró que los antecedentes podían resultar relevantes para las investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades venezolanas.
La entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que una participación de agentes del Gobierno venezolano representaría una grave violación de la soberanía chilena.
En octubre de 2025, el fiscal Barros afirmó que no descartaba solicitar la extradición de Cabello si las pruebas permitían avanzar hacia una imputación directa. Esa posibilidad enfrenta dificultades porque la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales.
Venezuela rechaza los señalamientos
El Gobierno venezolano y el propio Cabello han rechazado las acusaciones y cuestionado la investigación chilena.
Cabello negó desde 2024 cualquier participación de Venezuela en el caso y respondió a las autoridades chilenas que resolvieran el problema dentro de su territorio.
Caracas también ha calificado los señalamientos como acusaciones políticas carentes de pruebas y ha cuestionado la existencia y el alcance atribuido por gobiernos extranjeros al Tren de Aragua.
Chile, por su parte, sostiene que la investigación cuenta con testimonios, registros y otros elementos que respaldan la hipótesis de un encargo político ejecutado por una organización criminal transnacional.
Hasta que un tribunal conozca las pruebas y emita una decisión, la responsabilidad atribuida a Cabello debe considerarse una acusación de la Fiscalía todavía no establecida mediante sentencia judicial.
Fuentes: Fiscalía Nacional de Chile, Reuters, El País y El Mostrador.