FJT denuncia la «Ley dictadura» de Abinader como el mayor desacierto legislativo de la historia dominicana

Santo Domingo, 21 de enero – La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) en un un comunicado califica la recién aprobada ley 1-24 como «Ley dictadura» del presidente Luis Abinader y como el mayor desacierto legislativo en la historia de la República Dominicana. La organización considera esta ley como una verdadera aberración y un atentado a la libertad de expresión, de prensa y una violación fundamental de la intimidad de las personas, del honor, del buen nombre y de la propia imagen, todo ello en desconocimiento de la constitución y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Según Cándido de Jesús, Director Ejecutivo de la FJT, la ley número 1-24, que busca establecer un sistema nacional de inteligencia, podría utilizarse para un férreo control político, digital, social y mediático de los opositores al régimen de turno. De Jesús afirma que esto es inaceptable en una democracia y representa un despropósito para el país.

La entidad cívica sostiene que esta ley serviría para blindar a los políticos, gobiernos y funcionarios públicos, impidiendo los cuestionamientos que en democracia le corresponden a los ciudadanos y a la prensa. Consideran que esta legislación pondría en peligro el papel de los medios de comunicación y de quienes, en un ejercicio cívico y democrático, generan opinión pública crítica.

Cándido de Jesús asegura que la ley recuerda épocas pasadas y superadas, propias de regímenes dictatoriales, con ambigüedades e incongruencias, discrecionalidad en la capacidad reglamentaria, descontextualización y limitación de derechos fundamentales. La FJT argumenta que la ley viola la constitución y otras leyes, constituyendo una perturbación a la institucionalidad democrática.

La FJT hace un llamado al presidente Abinader para que derogue la «Ley Dictadura» y evite que la democracia muera en el país. Además, advierten que, de no producirse la derogación, la fundación acudirá a todas las instancias posibles, incluyendo el Tribunal Constitucional y organismos internacionales, para combatir este atentado a la democracia.