FJT solicita investigar presuntas irregularidades en transferencia de terrenos valorados en más de US$3,000 millones en Punta Cana
Santo Domingo, 3 agosto.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó este lunes a la Procuraduría General de la República investigar una denuncia relacionada con la presunta transferencia irregular de unos 18 millones de metros cuadrados de terrenos ubicados en Punta Cana, provincia La Altagracia, cuyo valor estimado supera los US$3,000 millones, y que, según los denunciantes, habría involucrado actuaciones de organismos estatales.
El director ejecutivo de la FJT, Cándido De Jesús, informó que la organización recibió una denuncia presentada por inversionistas y abogados españoles, quienes sostienen que en el año 2023 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizó una transferencia irregular de los terrenos vinculados a la empresa El Cabo S.A.
De Jesús explicó que la Fundación Justicia y Transparencia no posee facultades para investigar ni perseguir penalmente los hechos denunciados, por lo que su intervención consiste en canalizar formalmente el caso ante la Procuraduría General de la República para que disponga las diligencias de investigación correspondientes.
Precisó que, aunque el conflicto tiene origen en un litigio de naturaleza privada, la denuncia plantea la posible participación de organismos estatales y de instancias jurisdiccionales, lo que, de comprobarse, podría configurar hechos de corrupción administrativa que ameritan la intervención del Ministerio Público.
De acuerdo con la documentación recibida por la FJT, los denunciantes aseguran que la transferencia irregular afectó terrenos correspondientes a las parcelas 392 y 393 del Distrito Catastral 11/9 del municipio de Higüey, colindantes con desarrollos turísticos de la zona de Cap Cana.
Asimismo, sostienen que en 2025 se habría suscrito un presunto acuerdo transaccional cuya legalidad es cuestionada por abogados españoles y sus representantes en República Dominicana. Según la denuncia, también existirían irregularidades en consentimientos, asambleas y otros actos societarios que sirvieron de base para la referida transacción, así como la participación de reconocidos profesionales del derecho en el proceso.
El dirigente aclaró que todas esas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada y que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes verificar su veracidad y determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley.
La Fundación Justicia y Transparencia manifestó preocupación porque, según la denuncia recibida, distintas actuaciones relacionadas con el caso habrían involucrado tribunales de altas instancias que, presuntamente, homologaron actuaciones consideradas irregulares por los denunciantes.
La entidad advirtió que, de comprobarse esas alegaciones, el caso podría tener repercusiones sobre la seguridad jurídica, la confianza de los inversionistas extranjeros y la imagen del sistema judicial dominicano, especialmente por tratarse de un conflicto vinculado a importantes activos inmobiliarios en una de las principales zonas turísticas del país.
En ese sentido, exhortó a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Justicia, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y a las demás instituciones competentes a esclarecer los hechos y actuar conforme a la legislación vigente.
La organización también informó que continuará recopilando información mediante los mecanismos establecidos en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, con el propósito de ampliar la documentación disponible y remitir cualquier nuevo elemento a las autoridades correspondientes.
Según explicó De Jesús, los denunciantes sostienen que el conflicto judicial relacionado con la empresa El Cabo S.A. se prolonga desde hace más de dos décadas. Señalan que el propietario original era un ciudadano español residente en República Dominicana y que, en la actualidad, su hija, también abogada española, representa los intereses de la familia en los procesos judiciales.
De acuerdo con esa versión, la controversia enfrenta a los propietarios de El Cabo S.A. con familiares de un ciudadano cubano que reclama derechos sobre los terrenos, alegando haber sido propietario antes de 1991, año en que la empresa obtuvo los derechos de propiedad.
La FJT indicó que el litigio ha recorrido prácticamente todas las instancias del sistema judicial dominicano, incluyendo el Tribunal Constitucional y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y que la denuncia también hace referencia a la presunta participación de altos funcionarios gubernamentales en la cuestionada transacción.
Finalmente, Cándido De Jesús afirmó que el propósito de la Fundación Justicia y Transparencia es contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia institucional y la seguridad jurídica, promoviendo que las autoridades competentes investiguen las denuncias y adopten las decisiones que correspondan conforme al marco legal.
La entidad consideró, además, que este caso representa una oportunidad para evaluar la aplicación del nuevo Código Penal, recientemente puesto en vigor, el cual incorpora nuevos tipos penales y sanciones más severas en materia de corrupción administrativa, siempre que las investigaciones determinen la existencia de conductas punibles.