
FMI propone integrar Aduanas e Impuestos Internos y avanzar hacia una reforma fiscal integral
Santo Domingo, 17 Nov.— La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita República Dominicana planteó la necesidad de integrar las direcciones generales de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) en una sola administración tributaria, como parte de los esfuerzos para fortalecer las recaudaciones, reducir el incumplimiento y mejorar la fiscalización.
Entre las preocupaciones examinadas figuran la elusión impositiva, las omisiones y debilidades en las declaraciones de impuestos, así como la elevada informalidad laboral, factores que limitan la capacidad recaudatoria del Estado.
La elusión consiste en aprovechar vacíos o ambigüedades de las normas para disminuir el pago de impuestos sin incurrir necesariamente en una infracción legal. Se diferencia de la evasión, que supone incumplir las obligaciones establecidas.
La delegación del organismo se encuentra en el país desde el 14 de noviembre y, conforme al calendario descrito para sus encuentros, permanecerá hasta el miércoles 25. Durante su estadía desarrolla reuniones con las autoridades y representantes del sector privado, como parte de la consulta del Artículo IV, cuyos resultados serán presentados al Directorio Ejecutivo del FMI.
Incumplimiento y baja presión tributaria
La evasión y la elusión continúan afectando los principales tributos dominicanos: el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR). Aunque los indicadores han mostrado reducciones en determinados períodos, las estimaciones reseñadas todavía sitúan el incumplimiento cerca del 40 % en el ITBIS y alrededor del 60 % en el ISR.
En estimaciones publicadas el año anterior, la DGII había ubicado el incumplimiento del ITBIS en un 36.5 % y el del ISR por encima del 50 %. Entre las actividades identificadas con mayores dificultades figuraban la construcción, el comercio, los hoteles, bares y restaurantes, además de los servicios profesionales.
Un estudio correspondiente al período 2007-2017 estableció que la evasión del ITBIS pasó del 31.67 % al 43.58 %. En el caso del ISR, el indicador presentó fluctuaciones y descendió del 61.89 % al 57.80 %, en un contexto marcado por la aplicación de una retención del 10 % sobre los intereses de las personas físicas, incluidos profesionales liberales y contribuyentes con ingresos mixtos.
Otra de las estimaciones citadas sitúa el incumplimiento del ISR en aproximadamente un 56.29 %. A su vez, los datos de Datosmacro utilizados como referencia colocan la presión fiscal dominicana en un 14.7 %, por debajo del promedio regional.
También se recoge una estimación de Global Alliance for Tax Justice que cifra en un 62.3 % la evasión y elusión fiscal empresarial en República Dominicana. La organización vincula esa pérdida de recursos con las limitaciones del Estado para financiar políticas públicas y combatir problemas sociales. En la referencia citada se utiliza, además, una tasa de pobreza del 18.9 %, cuyo período de medición no se precisa.
Una administración unificada y mayor control
La integración de Aduanas e Impuestos Internos buscaría enfrentar una presión tributaria que permanece por debajo del 15 %, pese a las reformas y mejoras introducidas en la gestión de los impuestos.
Actualmente, la DGII desarrolla la facturación electrónica, que permite emitir comprobantes fiscales electrónicos y fortalecer el seguimiento de las operaciones económicas. A ese proceso se suman el esquema de Scoring Tributario y el programa Intégrate 1,2,3,4, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas con ingresos anuales de hasta RD$1 millón.
Otra de las líneas discutidas es elevar la percepción del riesgo de incumplir las obligaciones fiscales y enfrentar las omisiones en las declaraciones. Más de la mitad de los contribuyentes no presentaría sus declaraciones dentro del plazo correspondiente, una situación que ha llamado la atención de los evaluadores.
En materia aduanera, el despacho en 24 horas recibió una valoración favorable. Las sugerencias apuntan a incorporar inteligencia artificial para detectar posibles fraudes y subvaluaciones de mercancías, junto con una coordinación más estrecha entre la DGA y la DGII.
Acelerar la factura electrónica
Ante la lentitud observada en la incorporación de contribuyentes a la facturación electrónica, se ha planteado acelerar su implementación y simplificar los procedimientos tanto para declarar como para pagar impuestos.
Las propuestas incluyen mayores facilidades para que las pequeñas empresas adopten esta herramienta y puedan cumplir sus obligaciones mediante procesos menos complejos.
Los técnicos del FMI también han observado que parte del impulso de los ingresos estatales procede del aumento del precio internacional de la onza troy de oro. Aunque su cotización se ha estabilizado, permanece elevada y ha generado ingresos extraordinarios que favorecen el cumplimiento de las metas presupuestarias.
La Ley 30-26, conocida como Plan Anticrisis, no habría recibido objeciones durante las conversaciones reseñadas. Sin embargo, desde la evaluación anterior, los especialistas del organismo y expertos tributarios han defendido una reforma integral que abarque tanto los ingresos como el gasto público.
Cesantía, seguro de desempleo e informalidad
La agenda de reuniones con el sector privado también contempla la reforma del mercado laboral, especialmente las condiciones para establecer una transición desde el esquema de cesantía hacia un seguro de desempleo.
Entre los asuntos planteados figuran políticas públicas para reducir la informalidad y un régimen de consecuencias más efectivo frente a la competencia desleal.
La discusión requeriría que el Gobierno y los representantes empresariales retomen el diálogo en el Consejo Económico y Social (CES), espacio del que surgieron 13 propuestas de reformas orientadas a superar el subdesarrollo hacia 2036, en un escenario donde persisten amplias brechas económicas y sociales.
Los análisis laborales recogidos señalan que numerosas personas físicas y mipymes prefieren trabajar de manera independiente y mantenerse en la informalidad debido a los costos de operar formalmente.
Entre las dificultades mencionadas están los servicios costosos, las deficiencias de la seguridad social y las pensiones, la carga impositiva, los bajos salarios y las exigencias para acceder a un empleo, incluidas las restricciones relacionadas con la edad. Estas condiciones complican y retrasan la transición hacia un seguro de desempleo.
