Frenar el proceso de desnacionalización (2)
Está bien documentado que la mayor parte de los trabajos que se llevan a cabo en la agropecuaria, construcción, servicios (seguridad en las edificaciones, doméstico cada vez en mayor proporción), y otros sectores, así como bajo la modalidad de subcontratación en áreas determinadas de segmentos productivos como el turístico (jardinería, otros servicios), están copados por haitianos indocumentados que encuentran refugio en el mercado laboral informal, sin protección social.
En consecuencia, reducir drásticamente el tamaño del mercado informal y elevar la cobertura de la protección social no solo constituiría un antídoto a la contratación de inmigrantes irregulares, sino que también acercaría a la sociedad a patrones más elevados de desarrollo.
Hay un conjunto de factores que explican el auge del mercado informal de trabajo y la tendencia a la contratación de mano de obra indocumentada.
Uno, el Código de Trabajo en lo que se refiere a las prestaciones por cesantía, cuyo monto se multiplica en función del último sueldo devengado y de los años trabajados, razón de que muchas empresas se encuentren en quiebra técnica, diferida, y otras prefieran eludir esos costos e insertarse en la informalidad.
Dos, el pago de la cotización a la seguridad social en la proporción elevada, no paritaria, que corresponde al empleador, que se agrega al costo de la cesantía.
Tres, la tendencia histórica a apreciar el tipo de cambio que fuerza a los empleadores a compensar la penalización mediante el pago de salarios bajos para sobrevivir y competir en el mercado interno.
Cuatro, la existencia de un flujo importante de remesas, producto de la expulsión de dominicanos de su suelo, que constituye un ingreso que desalienta el esfuerzo de trabajo de mucha gente.
Cinco, la expansión de la política de subsidios generalizados, profundizada a raíz de la llegada de la pandemia, que tiende a desestimular la realización de esfuerzos en los mercados de trabajo.
Seis, en el caso de la agropecuaria, la práctica de los gobiernos de deprimir el precio de los bienes producidos en finca para subsidiar al habitante de las urbes. Y la realización de inversiones en infraestructura que tienden a marginar al mundo rural.
Cuando se aprobó la ley de seguridad social en 2001 se hizo bajo el entendimiento de que la proporción de la cotización puesta a cargo de los empleadores (muy alta) se establecería a cambio de eliminar o de minimizar el pasivo laboral de la cesantía, o quizás sustituirlo por un seguro de desempleo. No se concretó para no enfrentar al sector sindical, ciego en una materia como esta que otorga rigidez al mercado y termina perjudicando a los trabajadores.
El resultado ha sido la creación de fuertes estímulos para la contratación de mano de obra indocumentada en el mercado informal y la pérdida de oportunidades de trabajo para los dominicanos en el mercado formal.
Suele decirse que el dominicano no quiere trabajar. Pero el asunto es más profundo: está siendo desplazado por la confluencia de dos pinzas: la oferta elástica de trabajo de inmigrantes ilegales que viven en nuestro territorio como si fuera el suyo y la demanda de trabajo generada en el mercado informal sin protección social que surge para escurrir pesadas obligaciones laborales como la cesantía y las elevadas cotizaciones a la seguridad social, lo cual tiene el agravante de que repercute en menores ingresos fiscales.
Esa circunstancia de pertenencia al segmento informal permite a los empleadores generar rentabilidad, aun fuere precaria, a pesar de las penalizaciones cambiaria y de políticas públicas de que han sido objeto en diferentes épocas.
De modo que, por el lado de la oferta la situación de pobreza que impera en Haití ha convertido a su población, cada vez con mayor ímpetu, en emigrantes ilegales hacia la República Dominicana. Y por el lado de la demanda se han creado condiciones propicias para la contratación de esos trabajadores indocumentados.
El efecto de esta conjunción es el flujo creciente de inmigrantes haitianos que cruza la frontera de forma ilegal en ruta hacia los centros de producción y de servicios. Esa masa laboral deprime el nivel general de salario al disponer de mano de obra abundante, elástica.
Y, por esa vía, en adición a políticas que no favorecen la competitividad se genera un apreciable rezago en la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas, como la agropecuaria, cuyo corolario es la persistencia del cultivo de conuco o de explotaciones carentes de la aplicación de normas agropecuarias de avanzada, lo cual dificulta la constitución de un fuerte sector exportador.
