Fuerza del Pueblo cuestiona Presupuesto 2027: afirma que solo RD$19 de cada RD$100 de deuda irán a proyectos y programa

Santo Domingo, 6 de octubre de 2026.— El partido Fuerza del Pueblo cuestionó el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, al sostener que aumenta el endeudamiento y los costos financieros, mientras reduce el peso de la inversión pública directa y de las transferencias destinadas a los hogares.
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos (SAE) de esa organización, presentó un análisis titulado “Seis veces NO: un presupuesto que se endeuda para todo, menos para la gente”, en el que advirtió que la propuesta mantiene una estructura de gasto que, a su juicio, limita el impacto de las finanzas públicas sobre el bienestar de la población.
Ng Cortiñas planteó que la discusión presupuestaria debe concentrarse tanto en el monto del gasto como en su destino, las fuentes utilizadas para financiarlo y la proporción de los recursos que llega efectivamente a las familias.
Según el estudio de la SAE, de cada RD$100 que el Gobierno identifica como financiados mediante bonos y préstamos, RD$81 se destinan a intereses, subsidios y obligaciones del Tesoro, mientras apenas RD$19 corresponden a proyectos y programas de los ministerios.
La organización explicó que, de RD$398,228 millones en partidas financiadas con crédito interno y externo, RD$228,579 millones corresponden a intereses y comisiones de la deuda, RD$95,000 millones a subsidios y obligaciones del Tesoro y RD$74,649 millones a proyectos y programas ministeriales.
“Este es el verdadero rostro del presupuesto: el país se endeuda, pero buena parte de esa deuda no crea nueva capacidad productiva; financia el costo de la deuda existente y obligaciones corrientes del Estado”, expresó el economista.

Mayor presión de la deuda sobre los ingresos

Ng Cortiñas señaló que la deuda del Sector Público No Financiero pasa de 46.2% a 46.8% del producto interno bruto (PIB), mientras el pago de intereses aumenta de 22.5% a 23.3% de los ingresos del Gobierno Central.
De acuerdo con las cifras presentadas por Fuerza del Pueblo, los intereses alcanzarían RD$351,327 millones, una suma equivalente al 96% del presupuesto del Ministerio de Educación.
Añadió que el servicio de la deuda, calculado sobre una base comparable, sube de aproximadamente 29.5% a 30.6% de los ingresos. Indicó, además, que las proyecciones oficiales citadas en el análisis sitúan esa proporción en 45.3% para 2029.
El dirigente opositor también cuestionó dos disposiciones que, según su interpretación, permitirían ampliar las obligaciones fiscales sin someter una nueva autorización al Congreso.
Explicó que el artículo 69 contempla líneas de crédito por RD$30,000 millones para las distribuidoras eléctricas, cuyos saldos podrían ser asumidos por Hacienda, mientras el artículo 44 autoriza, mediante decreto, recursos de hasta 0.5% del PIB para atender calamidades.
La SAE estimó que la utilización conjunta de esos mecanismos podría elevar el déficit desde el 3.4% previsto hasta cerca de 4.2% del PIB. Ng Cortiñas consideró que estas facultades restan transparencia al alcance real de las cifras presupuestadas.

Cuestionamientos al cumplimiento de la regla fiscal

El economista sostuvo que el proyecto tampoco cumple en 2027 la regla fiscal establecida por la Ley 35-24, que limita el crecimiento del gasto primario —excluido el pago de intereses— a la inflación esperada más tres puntos porcentuales.
Según el cálculo presentado por la SAE, ese límite sería de 7.5%, pero el gasto primario propuesto aumenta 9.9% frente al presupuesto reformulado de 2026 y 14.5% respecto al presupuesto inicial de ese año.
Ng Cortiñas afirmó que el Informe Explicativo señala el cumplimiento de la regla para el período 2028-2030, sin incluir 2027, lo que interpretó como otra omisión relevante en la presentación del proyecto.
“Estamos frente a una restricción fiscal creciente. Cada peso adicional que se destina al servicio de la deuda es un peso menos para educación, salud, infraestructura y políticas sociales”, manifestó.
El análisis también identifica un ahorro corriente negativo de RD$70,452 millones, lo que significa, según explicó, que los ingresos corrientes resultan insuficientes para cubrir los gastos corrientes.
“Cuando un Estado tiene ahorro corriente negativo, una parte del nuevo endeudamiento termina financiando gasto corriente. No hablamos solo de deuda para construir infraestructura; también estamos tomando deuda para financiar el funcionamiento del Estado”, agregó.

La inversión directa pierde participación

Aunque el Gobierno presenta el aumento del gasto de capital como una señal de mayor inversión, Fuerza del Pueblo sostuvo que el 91.7% de ese incremento corresponde a transferencias de capital dirigidas a las distribuidoras eléctricas, al sector agua y a fideicomisos.
En contraste, según la SAE, la inversión directa del Estado crece apenas 3.4% y su participación dentro del gasto total disminuye de 8.4% a 7.7%.
El economista vinculó ese comportamiento con los niveles de ejecución presupuestaria de 2026. Indicó que, a mitad de año, se había ejecutado el 48.5% del gasto corriente, frente a solo el 37.9% del gasto de capital.
“No es lo mismo invertir que transferir recursos para que otra entidad cubra pérdidas u obligaciones. El presupuesto aumenta el gasto de capital en el papel, pero reduce el peso de la obra que el Estado ejecuta directamente”, sostuvo.

Menor peso del gasto social y las ayudas a hogares

El estudio señala que las funciones sociales disminuyen de 45.5% a 45.1% del gasto total, mientras las transferencias dirigidas directamente a los hogares pasan de 4.1% a 3.6%.
Ng Cortiñas indicó que Aliméntate entrega alrededor de RD$1,614 mensuales por hogar y citó unos RD$829 para las ayudas de Bono Gas y Bono Luz, sin ajustes por inflación.
“El presupuesto puede gastar más pesos y, al mismo tiempo, darle menos importancia relativa a las familias. Eso es exactamente lo que ocurre con las transferencias directas a los hogares”, afirmó.
En educación, la SAE cuestionó la forma en que el Gobierno presenta el cumplimiento de la asignación del 4% del PIB. Según su análisis, el Ministerio de Educación recibe el equivalente al 3.81% y el porcentaje anunciado se alcanza al sumar los recursos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
La organización estimó en unos RD$18,214 millones la brecha correspondiente al Ministerio de Educación y consideró que la incorporación del MESCyT oculta esa diferencia.

Nómina y medicamentos en el Servicio Nacional de Salud

En materia sanitaria, Fuerza del Pueblo señaló que, de cada RD$100 asignados al Servicio Nacional de Salud (SNS), RD$79.60 se destinan a personal y apenas RD$2.20 a medicamentos.
Añadió que el primer nivel de atención, responsable de servicios preventivos y de atención cercana a las comunidades, recibe solo el 10.9% de los recursos.
“El presupuesto 2027 tiene recursos para la nómina de los hospitales, pero casi nada para los medicamentos de los pacientes. Por cada peso para medicamentos, hay 36 para nómina. Por eso quien lleva a un familiar a un hospital público termina comprando las medicinas con su propio dinero”, expresó Ng Cortiñas.

Subsidio eléctrico supera las transferencias a las familias

El proyecto contempla RD$109,296 millones para el subsidio eléctrico, una cantidad que, según el análisis, equivale a 2.3 veces los RD$47,340 millones asignados en conjunto a transferencias directas a los hogares.
Dentro de estas últimas, la SAE incluye Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, pensiones solidarias y otros programas.
Ng Cortiñas observó que el subsidio eléctrico, por su diseño, no está focalizado exclusivamente en los hogares de menores ingresos. También señaló que el 63% del programa denominado “Subsidios del Estado” se financia mediante bonos.
Ante ese escenario, propuso avanzar gradualmente hacia un subsidio eléctrico focalizado y utilizar los recursos liberados por la reducción de pérdidas para fortalecer las ayudas a las familias vulnerables.

Fondos para partidos y vigilancia de la ejecución

La SAE también cuestionó que el proyecto asigne RD$1,750.9 millones a los partidos políticos, aproximadamente la mitad de los RD$3,498.7 millones que, según la organización, corresponden conforme a la Ley 20-23, en un año de celebración de primarias.
Indicó que la asignación aparece en la tabla 71 del Informe Explicativo y que el recorte se sustenta en el artículo 47 del proyecto. Según su interpretación, esa disposición permite asignar a la Junta Central Electoral —por cuyo presupuesto se canalizan los fondos partidarios— cantidades inferiores a las previstas en las leyes y suspende las asignaciones no incluidas en el presupuesto.
La organización contrastó esa reducción con la conservación de fondos de libre disposición del Ejecutivo, entre ellos el denominado fondo del 5% del presidente, al que atribuyó una asignación de RD$5,648 millones.
Ng Cortiñas afirmó que el proyecto presenta rasgos preelectorales porque, aunque no expande abiertamente el gasto electoral, mantiene instrumentos que podrían facilitar su aumento durante la ejecución, como fondos discrecionales y facultades para modificar partidas.
También cuestionó la ausencia de un desglose que permita identificar el monto de la publicidad oficial, al señalar que el proyecto no presenta la clasificación objetal completa del Gobierno Central.
“El Congreso no solo debe aprobar este presupuesto con los ojos abiertos; debe vigilar cómo se ejecuta, trimestre a trimestre, antes de las primarias”, declaró.

Las seis conclusiones del análisis

Ng Cortiñas resumió la evaluación de la Secretaría de Asuntos Económicos en seis objeciones. La primera es que el proyecto no impulsa suficientemente el crecimiento, porque concentra el incremento del gasto en intereses, transferencias y subsidios, mientras la inversión directa pierde participación.
La segunda es que no contribuye a reducir las presiones inflacionarias, al descansar, según la SAE, en supuestos favorables sobre el petróleo y el tipo de cambio e incluir medidas que podrían trasladarse a los precios.
La tercera es que no reduce la deuda, pues esta aumenta tanto en términos absolutos como en relación con el PIB. La cuarta es que los recursos no llegan suficientemente a los hogares, debido a la pérdida de participación de las transferencias directas dentro del gasto.
Como quinta conclusión, la organización sostuvo que el presupuesto incrementa principalmente las transferencias de capital, en lugar de la inversión en obras ejecutadas directamente por el Estado. La sexta es que no genera ahorro corriente y recurre al endeudamiento para financiar parte del funcionamiento estatal.

Reconoce medidas positivas

Pese a sus cuestionamientos, el titular de la SAE reconoció aspectos favorables del proyecto, entre ellos el mantenimiento de un superávit primario, el alivio del impuesto sobre la renta para los asalariados de menores ingresos y el refuerzo de las asignaciones para justicia y seguridad.
También valoró la protección de programas prioritarios por RD$69,641 millones.
“Una oposición responsable no puede decir que todo está mal. Hay medidas que deben reconocerse. Pero esos avances no cambian el problema central: el presupuesto mantiene una estructura en la que aumenta la deuda, aumenta su costo y se reduce el espacio para la inversión directa y las transferencias a los hogares”, expresó.

Propuestas para modificar el presupuesto

La Secretaría de Asuntos Económicos propuso publicar la clasificación objetal completa del Gobierno Central, incluida la publicidad oficial, y destinar el endeudamiento prioritariamente a inversiones productivas, con límites a los mecanismos que puedan elevar el déficit.
Asimismo, planteó cumplir la regla fiscal en 2027 y exigir una prueba de sensibilidad que permita evaluar el comportamiento del presupuesto ante menores ingresos, tasas de interés más altas y una mayor depreciación cambiaria.
Para el sector eléctrico, recomendó establecer metas de reducción de pérdidas y de cobranza para cada distribuidora. En materia de inversión pública, pidió un cronograma trimestral de ejecución de las principales obras.
La SAE también propuso reasignar recursos del fondo del 5% y del programa de comunicación de la Presidencia hacia medicamentos para el primer nivel de atención.
Además, solicitó indexar Aliméntate y los bonos a la inflación y garantizar al Ministerio de Educación una asignación equivalente al 4% del PIB, sin sumar los recursos del MESCyT.
Al concluir, Ng Cortiñas insistió en que el debate debe centrarse en el uso del endeudamiento y su capacidad para generar beneficios duraderos.
“La pregunta que debe hacerse el país es muy sencilla: ¿qué estamos financiando con la deuda? Si de cada RD$100 de deuda, RD$81 terminan en intereses y subsidios y solo RD$19 en proyectos y programas, tenemos que preguntarnos si usamos el endeudamiento para transformar la economía o simplemente para sostener el gasto del presente. En el fondo, la pregunta es qué país estamos construyendo con esos recursos”, puntualizó.