Gobierno anuncia avances contra la trata de personas y destaca ascenso de RD al Nivel 2 en informe de Estados Unidos
Santo Domingo, 8 oct..— El Gobierno dominicano anunció avances en la lucha contra la trata de personas y destacó que el país ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe divulgado por la Embajada de Estados Unidos, que recoge un incremento de los esfuerzos para combatir este delito, perseguir a sus responsables y proteger a las víctimas.
Según la información difundida por las autoridades, los progresos incluyen cambios legislativos, nuevas investigaciones y procesos judiciales, mayores inspecciones laborales y el fortalecimiento de los servicios de asistencia.
Entre las principales medidas figura la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad.
El Gobierno señaló que esa modificación permite alinear la legislación nacional con los estándares internacionales, particularmente en los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
En el ámbito normativo también se aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, cuyo financiamiento fue incorporado al presupuesto nacional.
Asimismo, se adoptó la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.
Las autoridades indicaron que durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 se consultó a organizaciones de la sociedad civil y a sobrevivientes de trata.
También destacaron la aplicación continua del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que, según la información divulgada, penaliza la entrega o explotación de menores de 18 años con penas de entre 20 y 30 años de prisión.
En materia de investigación y persecución penal, el informe recoge la apertura de 229 investigaciones por trata de personas y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la legislación especial.
El balance incluye, además, investigaciones contra ocho funcionarios señalados como presuntos cómplices y la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, entre los que figuran integrantes de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno presentó estas actuaciones como parte de los esfuerzos de depuración institucional y de persecución de posibles vínculos entre servidores públicos y redes dedicadas a este delito.
En prevención e inspección laboral, el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 supervisiones en sectores considerados vulnerables, entre ellos la agricultura, la construcción y la industria azucarera.
Estas intervenciones permitieron suspender las actividades de 11 empresas privadas después de detectar indicios de trabajo forzoso.
Como medida complementaria, un programa piloto de registro migratorio formalizó mediante contratos de trabajo a más de 7,400 trabajadores.
Las autoridades señalaron que esta iniciativa busca reducir su vulnerabilidad y garantizar su libertad de movimiento.
En cuanto a la asistencia y protección, se identificaron 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado.
Los servicios proporcionados incluyeron atención médica y psicológica, asesoría legal y traducción, de acuerdo con las necesidades de las personas asistidas.
Mediante la coordinación entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), se mantuvieron en funcionamiento refugios especializados.
Las instituciones también garantizaron protección continua a víctimas y testigos durante los procesos judiciales, junto con campañas preventivas en varios idiomas y capacitaciones constantes para el personal del orden.