Gobierno declara prioridad nacional el combate al “terrorismo medioambiental”
Santo Domingo, 2 sept.– El Gobierno dominicano emitió el Decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica la lucha contra el denominado “terrorismo medioambiental”, categoría utilizada para identificar agresiones deliberadas contra parques nacionales, recursos naturales y ecosistemas considerados esenciales para el país.
La disposición establece que esas actuaciones serán enfrentadas mediante acciones rigurosas, coordinación entre distintas instituciones estatales y la remisión de los responsables ante el Ministerio Público para su persecución penal.
Durante la presentación del decreto, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader calificó como actos de terrorismo medioambiental las acciones destinadas a provocar la desaparición, destrucción o daño sistemático de los parques nacionales.
El mandatario advirtió que las autoridades actuarán con mayor firmeza contra dominicanos y extranjeros que incurran en esas prácticas, así como contra quienes financien, promuevan o contraten a otras personas para cometerlas.
En el acto acompañaron al presidente Abinader los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.
También estuvieron presentes el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas.
Mayor protección para los recursos naturales
El jefe de Estado sostuvo que durante décadas los parques nacionales no recibieron la atención ni contaron con la seguridad jurídica necesaria para garantizar su adecuada protección.
Abinader informó que, al comenzar su gestión, las autoridades comprobaron que la mayoría de esas áreas protegidas ni siquiera tenía títulos de propiedad registrados a nombre del Estado dominicano.
Explicó que esa situación comenzó a ser corregida mediante un proceso nacional de titulación dirigido a garantizar jurídicamente la propiedad estatal de esos territorios.
El presidente también advirtió que una parte importante de los incendios forestales registrados recientemente habría sido provocada durante la realización de actividades ilícitas.
Mencionó como ejemplo el incendio ocurrido en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco y sostuvo que estos hechos no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en peligro el suministro de agua y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
Sanciones de hasta 30 años
El Gobierno argumentó que los marcos legales anteriores presentaban debilidades que permitían que personas acusadas de causar daños medioambientales recuperaran su libertad pocos días después de ser arrestadas.
Ante esa situación, las autoridades anunciaron que aplicarán con mayor contundencia las disposiciones legales vigentes y las contempladas en el nuevo Código Penal.
Según lo informado durante el acto, las conductas graves dirigidas contra los parques nacionales y otros recursos naturales protegidos podrían ser castigadas con penas de entre 20 y 30 años de prisión.
Abinader afirmó que impartió instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración y los organismos de inteligencia para identificar y perseguir tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales o patrocinadores de esas acciones.
El mandatario señaló que entre los ejecutores identificados en algunos casos figuran ciudadanos haitianos, pero advirtió que los dominicanos que los contraten, financien o envíen a cometer los daños recibirán el mismo tratamiento ante la ley.
Aseguró que la respuesta de las autoridades se aplicará sin excepciones y que no habrá impunidad para ninguna persona involucrada en ataques contra las áreas protegidas.
Alcance del Decreto 615-26
El artículo 1 del decreto declara de alto interés nacional la prevención, detección, investigación y persecución del terrorismo medioambiental.
La disposición define bajo esa denominación los actos graves cometidos contra los recursos naturales y ecosistemas estratégicos que puedan ser equiparados con las conductas previstas en las normas antiterroristas vigentes.
El artículo 2 dispone una protección especial para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las cuencas hidrográficas prioritarias, las presas, los embalses, los manglares, los humedales y los nacimientos de ríos.
Los artículos 3 y 4 ordenan al Comité Nacional Antiterrorista, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración elaborar una Política Nacional de Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental.
Esa política deberá estar orientada a prevenir y neutralizar los incendios forestales provocados, así como las amenazas contra la infraestructura hídrica y energética del país.
El artículo 5 ordena remitir inmediatamente ante el Ministerio Público cualquier agresión cometida contra el patrimonio medioambiental, con el propósito de garantizar la investigación y la correspondiente acción penal.
Finalmente, el artículo 6 contempla la creación de plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia para facilitar la participación ciudadana y proteger a quienes, actuando de buena fe, colaboren con las autoridades en la identificación de los responsables.