Gobierno español aprueba medidas para frenar crisis de vivienda, pero su aplicación dependerá del Congreso

Madrid, España, 29 de septiembre de 2026. – El Gobierno español aprobó este martes dos reales decretos-ley destinados a enfrentar la crisis habitacional que afecta al país, mediante un conjunto de medidas que incluyen la ampliación de los contratos de alquiler, restricciones a los aumentos de las rentas, mayor protección frente a los desahucios y limitaciones a las operaciones inmobiliarias de fondos de inversión considerados especulativos.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros después de intensas negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, las dos formaciones que integran el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Las conversaciones se prolongaron hasta la madrugada y concluyeron con un acuerdo para dividir las disposiciones en dos decretos independientes, con el propósito de facilitar su tramitación parlamentaria.
Según informó France 24, el Gobierno solicitó al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario para el próximo viernes 2 de octubre, a partir de las 11:00 de la mañana, hora española, durante el cual ambos textos deberán someterse a votación para su convalidación.
Sin embargo, el respaldo parlamentario todavía no está garantizado. Junts mantiene objeciones sobre determinados aspectos de la iniciativa, el Partido Popular (PP) ha anticipado su rechazo y las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE consideran que las medidas deberían tener un alcance mayor.

Prórrogas de alquileres y protección contra desahucios

El primero de los decretos concentra las principales disposiciones de protección residencial y regulación del mercado inmobiliario.
Entre sus medidas figura una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, conforme a los requisitos que establezca la redacción definitiva de la normativa.
También contempla la congelación de determinadas rentas, con incrementos del 0 % para los contratos afectados cuyos precios se encuentren por encima del índice de referencia de vivienda.
Otra disposición relevante es la ampliación hasta 2030 de las medidas de protección frente a los desahucios de hogares vulnerables. Esta iniciativa busca prolongar la intervención pública en situaciones en las que las familias afectadas carezcan de alternativas habitacionales.
No obstante, la protección no supone una prohibición general de los desalojos, debido a que su aplicación dependerá de los requisitos legales, las condiciones de vulnerabilidad y las excepciones contempladas en la legislación.
El paquete también incorpora una regulación específica de los alquileres de temporada y por habitaciones, modalidades que, según los defensores de la reforma, han sido utilizadas en determinadas circunstancias para eludir las disposiciones que protegen los arrendamientos residenciales ordinarios.
Asimismo, el Ejecutivo plantea restricciones hasta 2028 a la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión denominados fondos buitre, aunque el alcance definitivo de estas limitaciones y sus posibles excepciones deberá precisarse en el articulado oficial.
El primer decreto incluye, además, medidas económicas y fiscales dirigidas a determinados inquilinos, propietarios y compradores jóvenes, cuyos requisitos concretos deberán conocerse mediante la publicación de los textos normativos.

Renovación automática de los contratos en un segundo decreto

La renovación automática de los contratos de alquiler constituye el elemento central del segundo real decreto-ley.
Esta disposición, impulsada por Sumar durante las negociaciones y reivindicada por el Sindicato de Inquilinas, busca proporcionar continuidad a los arrendamientos y evitar que los residentes tengan que abandonar sus viviendas o aceptar nuevas condiciones económicas únicamente por el vencimiento de sus contratos.
El mecanismo permitiría prolongar la relación contractual mientras los inquilinos cumplan sus obligaciones, sujeto a las condiciones y excepciones que finalmente establezca la legislación.
La decisión de tramitar esta medida por separado responde a las dificultades del Gobierno para conseguir una mayoría parlamentaria que respalde todas las disposiciones conjuntamente.
Sin embargo, esta estrategia también plantea la posibilidad de que el segundo decreto encuentre mayores obstáculos durante su votación en el Congreso, por lo que la renovación automática todavía no puede considerarse una medida definitivamente consolidada.
Diferencias sobre la protección de pequeños propietarios
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno al tratamiento que recibirán los pequeños propietarios frente a los grandes tenedores de inmuebles.
Junts sostiene que no debe aplicarse el mismo régimen a una persona que posee una o dos viviendas que a una entidad financiera o inmobiliaria que administra grandes carteras residenciales.
La formación también reclama que las administraciones públicas asuman las consecuencias económicas de los impagos cuando los inquilinos se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, en lugar de trasladar esa responsabilidad exclusivamente a los arrendadores particulares.
Entre los aspectos pendientes de aclaración figuran los procedimientos para solicitar las prórrogas, los mecanismos para acreditar que un contrato está incluido en las nuevas disposiciones, las excepciones aplicables a los propietarios y los procedimientos para resolver eventuales conflictos entre las partes.
Para los inquilinos cuyos contratos están próximos a vencer, las medidas buscan ofrecer mayor estabilidad y reducir la necesidad de buscar una nueva residencia en un mercado caracterizado por el encarecimiento de los alquileres.
Desahucio de una mujer de 87 años intensifica las protestas

La aprobación de los decretos coincide con una nueva oleada de movilizaciones sociales provocada, entre otros acontecimientos, por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, con un 50 % de discapacidad, que llevaba más de siete décadas residiendo de alquiler en una vivienda del barrio madrileño de El Retiro.
Su caso generó protestas y una acampada en la Puerta del Sol, donde manifestantes reclamaron una intervención más contundente de las autoridades para impedir que los hogares vulnerables pierdan sus residencias.
Entre las principales reivindicaciones de los colectivos participantes figuran la ampliación de la protección contra los desahucios, la congelación de los alquileres y la recuperación de contratos de arrendamiento de duración indefinida.
Las movilizaciones también incrementaron la presión sobre las negociaciones entre el PSOE y Sumar, formación que insistió en incorporar disposiciones relacionadas con los alquileres por habitaciones, la renovación automática de los contratos y el fortalecimiento de las garantías para las familias vulnerables.
Aunque el acuerdo gubernamental recoge parte de estas demandas, todavía existen diferencias entre las medidas aprobadas y las aspiraciones de las organizaciones sociales que participan en las protestas.
Maricarmen podrá regresar a su vivienda pagando 500 euros mensuales
En medio de la controversia, Maricarmen aceptó este martes un acuerdo alcanzado entre su representante y Urbagestión, el fondo inmobiliario que había promovido su desahucio.
El convenio permitirá que la mujer regrese al apartamento donde residía desde los 17 años y continúe pagando una renta mensual de 500 euros, cantidad que abonaba antes de que la empresa elevara el alquiler a más de 2,600 euros mensuales.
Su regreso se producirá una vez reciba el alta del hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada desde el pasado miércoles 23 de septiembre, cuando fue desalojada de su vivienda después de que agentes policiales forzaran la puerta en cumplimiento de una orden judicial.
El episodio se ha convertido en uno de los principales referentes de las movilizaciones que reclaman soluciones a la crisis habitacional española.
Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta el desafío de conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para mantener las medidas aprobadas este martes, cuya continuidad dependerá de las votaciones previstas para el próximo viernes en el Congreso de los Diputados.
Fuente: France 24, con informaciones e imágenes de Reuters y Europa Press.