Gobierno suspende registros de proveedores a 420 funcionarios por riesgo de incompatibilidad

Santo Domingo, 5 de agosto – El gobierno dominicano ha suspendido los registros de proveedores del Estado a 420 funcionarios, incluyendo ministros, alcaldes, directores, diputados y senadores.

Esta medida fue anunciada ayer por Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, durante un encuentro en el Palacio Nacional con diplomáticos acreditados en el país.

Pimentel destacó que esta suspensión es histórica, ya que nunca antes se había suspendido una cantidad tan significativa de registros por riesgo de incompatibilidad según lo estipulado en el artículo 14 de la ley correspondiente.

El anuncio fue hecho en un evento organizado por el presidente Luis Abinader para informar al cuerpo diplomático y a representantes de organismos internacionales sobre los avances y logros del país en términos de institucionalidad y transparencia, con un enfoque especial en el sistema de contrataciones públicas.

El director general subrayó que un sistema de contrataciones sólido genera confianza, atrae inversiones y es crucial para la dinámica económica y la creación de empleo en el país. «Es un orgullo para los dominicanos poder mostrar un sistema de contrataciones fortalecido, eficiente y eficaz», señaló Pimentel.

Antes del encuentro con los diplomáticos y representantes de organismos internacionales, Pimentel explicó a los periodistas que el presidente Abinader consideró importante compartir con los embajadores acreditados los logros alcanzados en el sistema de contrataciones.

Destacó cómo se han incrementado los niveles de participación en los procesos de contratación, mejorando la transparencia y la inclusión en las contrataciones públicas en la República Dominicana.

Además, Pimentel resaltó la importancia de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la cual representa el 32% del presupuesto general de la nación y es un componente esencial para la estabilidad económica del país.

Señaló que la institución garantiza la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, consolidando así su rol como un pilar fundamental en la economía nacional.

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