Golpe en Bolivia: Un tanque militar entra a la fuerza por las puertas de la sede del Ejecutivo
La Paz, 26 junio .- Un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó a las 15:51 hora local, luego de que el comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga, amenazara con tomar la sede del Gobierno y cambiar el gabinete.
“Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”, alertó el presidente Luis Arce en su cuenta de X.
Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, denunció que se desarrolla un “golpe de Estado” contra el Gobierno de Arce
“Denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro Gobierno democráticamente elegido”, dijo Choquehuanca.
Evo Morales también habla de “golpe de Estado” en Bolivia
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) dijo que se gesta un “golpe de Estado” en el país después que se conociera un despliegue denunciado por Arce.
También convocó a una “movilización nacional para defender la Democracia” y acusó al comandante general del Ejército de Bolivia Juan José Zuñiga de estar a la cabeza de la operación militar.
La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, denunció ante la comunidad Internacional las movilizaciones “irregulares” de unidades del Ejército que “atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país”.
“Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional, a la población boliviana a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al Gobierno de Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano”, afirmó Sosa a través de un video subido a X. EFE
Expresidente hondureño Hernández es sentenciado a 45 años de cárcel en EEUU por ayudar al narco
NUEVA YORK, 26 junio — El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado el miércoles en Nueva York por permitir que narcotraficantes usaran al ejército y a la policía nacional de su país para ayudar a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El juez P. Kevin Castel sentenció a Hernández a pasar 45 años en una prisión federal y le impuso una multa de 8 millones de dólares. Un jurado lo declaró culpable en marzo en el tribunal federal de Manhattan tras un juicio de dos semanas, que fue seguido atentamente en su país de origen.
Hernández dijo ser inocente cuando se le dictó sentencia. También afirmó que fue acusado errónea e injustamente.
En una larga declaración, interrumpida varias veces por el juez que le recordó repetidamente que no era momento de volver a litigar el juicio, Hernández se presentó como un héroe del movimiento antidrogas que se asoció con las autoridades estadounidenses durante tres administraciones presidenciales de Estados Unidos para reducir las importaciones de drogas.
Pero el juez dijo que las pruebas del juicio demostraron lo contrario y que Hernández empleó “considerables habilidades de actuación” para que pareciera que era un paladín contra el narcotráfico mientras desplegaba a la policía y al ejército de su nación, cuando era necesario, para proteger el tráfico de drogas.
Castel calificó a Hernández como “un político de dos caras hambriento de poder” que protegió a un grupo selecto de traficantes.
Cuando se anunció la sentencia, Hernández, con gafas y un uniforme de prisión verde apagado, estaba junto a su abogado frente a dos alguaciles federales. Después de estrechar la mano de su abogado y girarse para señalar con la cabeza hacia la abarrotada sección de espectadores, el expresidente salió cojeando de la corte con la ayuda de un bastón y un aparato ortopédico en un pie.
La fiscalía buscaba una sentencia de cadena perpetua más 30 años.
Hernández, de 55 años, sirvió durante dos periodos como líder de la nación centroamericana, de aproximadamente 10 millones de habitantes.
Fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.
Los fiscales estadounidenses indicaron que Hernández trabajó con narcotraficantes desde 2004, y que recibió millones de dólares en sobornos mientras pasaba de ser un congresista rural a convertirse en presidente del Congreso Nacional, antes de asumir el máximo cargo en su país.
Hernández reconoció en un testimonio ante el tribunal que prácticamente todos los partidos políticos de Honduras recibían dinero del narcotráfico, pero negó haber recibido sobornos.
Insistió en una larga declaración, realizada por medio de un intérprete, que su juicio era injusto debido a que no se le permitió incluir pruebas que habrían hecho que el jurado lo encontrara inocente. Dijo que estaba siendo perseguido por políticos y narcotraficantes.
Afirmó que era como si lo hubieran arrojado a un río profundo con las manos atadas.
Entre los testigos en el juicio había narcotraficantes que admitieron ser responsables de decenas de asesinatos, y dijeron que Hernández era un protector entusiasta de algunos de los distribuidores de cocaína más poderosos del mundo, entre ellos, el notorio capo mexicano de la droga, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Durante sus declaraciones, el juez señaló que Guzmán dio un soborno de 1 millón de dólares en 2013 directamente al hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, un excongresista hondureño que fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 en Nueva York por cargos de drogas.
Al anunciar la sentencia, Castel habló extensamente sobre las formas en que Hernández había recibido un juicio justo y describió gran parte de las pruebas clave que surgieron en el juicio para demostrar su culpabilidad.
Castel agregó que Hernández ayudaba a los traficantes siempre que podía: “Su objetivo número uno era su propia supervivencia política”.
