Guatemala declara estado de sitio por asesinato de 7 policías tras operativos penitenciarios
CIUDAD DE GUATEMALA, 19 enero — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo declaró el domingo un estado de sitio de 30 días, luego que presuntos pandilleros asesinaron a siete policías en la capital de Guatemala en una aparente represalia porque las autoridades retomaron el control en el suroeste del país de una de las tres prisiones de máxima seguridad donde los reclusos se habían amotinado y tomado rehenes el día anterior.
Los ataques contra la policía en Ciudad de Guatemala y sus alrededores ocurrieron después que cientos de agentes antidisturbios irrumpieron en la prisión de Renovación, en Escuintla, a unos 76 kilómetros (47 millas) al suroeste de la capital, para liberar a nueve guardias que habían sido tomados como rehenes allí. Los líderes de pandillas encarcelados a menudo ordenan a los miembros que se encuentran fuera de los muros de la prisión que lleven a cabo ataques de represalia.
““Se amotinaron en las cárceles y tomaron rehenes con la intención de que el Estado cediera ante sus exigencias, que durante años les fueron otorgadas”, dijo Arévalo en televisión nacional el domingo. Los ataques perpetrados tras los operativos en esas prisiones el domingo fueron ““un intento de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para que el gobierno ceda a la lucha frontal contra las pandillas”.
El presidente detalló que todos los guardias rehenes fueron liberados el domingo. El audaz intento de las pandillas de desafiar a las autoridades fue una señal de que los esfuerzos de seguridad de su gobierno estaban funcionando, afirmó Arévalo.
El estado de sitio de Arévalo aún requiere la aprobación del Congreso, pero puede entrar en vigor antes que se lleve a cabo esa votación. La Constitución permite tal declaración en casos graves de violencia, insurrección o acción de grupos del crimen organizado que exceden la capacidad de respuesta de las autoridades civiles.
La declaración puede limitar algunos derechos constitucionales, como las libertades de movimiento, reunión y protesta. El presidente sostuvo que era necesario a fin de garantizar la seguridad de los guatemaltecos y permitir que el gobierno use todos sus recursos para combatir a las pandillas.
Se escucharon disparos cuando los escuadrones antidisturbios irrumpían la instalación donde se encuentran líderes de pandillas. Aproximadamente 15 minutos después, un periodista de The Associated Press vio a los guardias liberados siendo escoltados fuera de la prisión. Parecían estar ilesos. No se reportaron heridos ni muertos.
Más tarde el domingo, las autoridades retomaron el control de las otras dos prisiones en la capital, liberando a seis guardias en una y a 28 en la otra, según la Policía Nacional Civil.
El sábado, el Ministerio del Interior había indicado que 46 guardias estaban siendo retenidos como rehenes. De momento no quedan claras las razones de la discrepancia con los 43 liberados el domingo.
Los reclusos tomaron el control de las tres prisiones el día anterior en un levantamiento coordinado para protestar por la decisión de los administradores de la prisión de retirar privilegios a algunos líderes de pandillas encarcelados.
Al tiempo que las fuerzas de seguridad intentaban retomar el control, se produjeron aparentes ataques de represalia fuera de los muros de la prisión. Pandillas armadas mataron a siete agentes de la policía nacional en asaltos en toda Ciudad de Guatemala, dijo el ministro del Interior Marco Antonio Villeda. En los enfrentamientos resultaron heridos otros 10 policías, agregó, y un pandillero murió.
De acuerdo con Villeda, hasta ahora la policía ha arrestado a siete pandilleros, confiscado dos fusiles e incautado dos vehículos. Elogió la respuesta policial como el resultado de que “en Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado”.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha son poderosas en Guatemala, al igual que en la vecina Honduras y lo habían sido en El Salvador hasta que el presidente Nayib Bukele declaró un estado de emergencia en marzo de 2022 después que pandilleros mataran a decenas de personas.
El estado de emergencia de El Salvador, que suspende algunos derechos constitucionales como el acceso a un abogado, sigue vigente y más de 90.000 personas han sido arrestadas bajo tal régimen.
Otros mandatarios centroamericanos han estado bajo presión para adoptar tácticas igualmente duras para lidiar con el crimen de pandillas. La semana pasada, Bukele visitó Costa Rica para observar una ceremonia de inauguración de una nueva prisión al estilo de una que construyó en El Salvador.
Con las tensiones altas, el Ministerio de Educación anunció que suspenderá las clases en todo el país centroamericano para el lunes 19 por cuestión de seguridad de estudiantes y maestros.
La policía reforzó la seguridad en varias prisiones y aumentó las tareas conjuntas de patrullaje con el ejército. AP
