Guatemala se apresta a uno de los cambios de gobierno más atropellados de su historia

CIUDAD DE GUATEMALA, 14 enero  — Bernardo Arévalo jura este domingo como presidente de Guatemala para dirigir el país por los próximos cuatro años, pero para llegar hasta ahí no solo tuvo que ganar las elecciones.

“Me siento entusiasmado porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso”, declaró a horas de su investidura. “La sociedad guatemalteca ha desarrollado esa determinación para decirle ‘no’ a esas élites políticocriminales”.

Su camino desde que era un candidato al que las encuestas le daban pocas posibilidades hasta hacerse con el poder ha estado marcado por un atropellado avance en medio de investigaciones judiciales, órdenes de aprehensión, pedidos para que pierda su inmunidad y hasta la intención manifiesta de la fiscalía de anular las elecciones.

Pese a todo, el amplio respaldo popular en las urnas y el ímpetu de las protestas indígenas y campesinas en las calles han nutrido su llegada al día de la investidura.

El líder del partido Congreso, Rahul Gandhi, habla durante un mitin en protesta por la suspensión de más de 140 legisladores del parlamento en Nueva Delhi, India, el viernes 22 de diciembre de 2023. Docenas de parlamentarios suspendidos y cientos de sus partidarios celebraron una protesta el viernes en la que acusaron al gobierno de sofocar la democracia en el país. (AP Foto/Altaf Qadri)

El principal partido opositor indio comienza una marcha por el país antes de una votación crucial

La alfombra ya está lista para recibir a las misiones internacionales, más de 60, que han llegado o están en camino para celebrar la inauguración del nuevo gobierno. En paralelo a los actos protocolarios de investidura, Arévalo prepara una fiesta pública con música cumbia y salsa para que la población celebre en la emblemática plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura desde donde comandará al país.

Llegar al poder no le ha sido fácil, tampoco lo será hacer gobierno.

Para empezar, el pleno del Congreso saliente, integrado en su mayoría por oficialistas y aliados, aprobó meses atrás un presupuesto que no solo restó asignaciones a carteras como Salud y Educación, sino que incrementó los recursos para la fiscalía y el organismo judicial con el fin de fortalecerlos, las dos entidades que encabezan la arremetida contra la llegada de Arévalo.

Pero, además, la última muestra de reticencias a su investidura llegó apenas dos días antes del traspaso de poderes. En el Congreso, la comisión permanente integrada por siete diputados —entre oficialistas y aliados— de los 160 que tiene la cámara dispuso declarar independientes a los siete actuales legisladores de Movimiento Semilla, en un intento de impedir que puedan asumir cargos en la directiva del Congreso entrante, que es quien formaliza la transición.

Existe la posibilidad de que los diputados que deben investir a Arévalo se resistan a acudir a la sesión solemne dispuesta para ello.

Pero el constituyente Roberto Alejos dice que si no hay junta directiva del Congreso que le invista, eso solo es un acto protocolario que no está en la Constitución. Por lo que él podría ir y tomar la presidencia para evitar “el golpe de Estado burdo que quieren hacer”.

Y ante las intentonas de nuevas acciones fiscales, el cambio de gobierno está en firme por orden de la Corte de Constitucionalidad.

Una de las primeras tareas que Arévalo dice que hará al ser investido es pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha encabezado la arremetida judicial en su contra y tiene un mandato de cuatro años que llega hasta el 2026.

Según expertos, Porras continuará mientras esté en el cargo con la hostilidad contra Arévalo y su gobierno como ha hecho desde que fue oficial el resultado de la primera vuelta electoral que colocaba al progresista en el balotaje de agosto contra la ex primera dama Sandra Torres, quien nunca reconoció su derrota final.

Al proclamarse que Arévalo ganaba la presidencia, la fiscalía arremetió no solo contra él, sino contra su vicepresidenta, el proceso electoral, los magistrados, empleados y funcionarios electorales, miembros de Semilla y contra más de 150.000 ciudadanos que integraron las juntas receptoras de votos que recibieron, contaron y resguardaron el voto.

La fiscalía allanó sedes electorales, detuvo a opositores, encabezó más de cinco procesos judiciales y ha solicitado tres veces que se le retire la inmunidad al nuevo presidente, además de lograr que un juez ordenara arrestar a los magistrados electorales que declararon ganador a Arévalo, quienes salieron del país denunciando criminalización.

Hasta pocos días antes de la transición, la arremetida judicial prosigue contra aquellos que considera responsables de que Arévalo pueda llegar a la presidencia. El jueves la fiscalía detuvo al exministro de Gobernación Napoleón Barrientos acusándolo de no haber ejecutado una orden de la Corte de Constitucionalidad para desalojar a manifestantes pacíficos frente a la sede de la fiscalía que exigen la renuncia de Porras.

A su favor, el próximo presidente tiene a una población cansada de la corrupción, a comunidades indígenas que abogan por un país incluyente y defienden la democracia y a la comunidad internacional que ha ofrecido apoyo al nuevo gobierno y sanciones a quienes intenten detener el traspaso del poder.

Y eso, traslada a Arévalo la responsabilidad de dar respuesta en su administración a las expectativas de unos votantes que ansían un gobierno de cambio, que incluya y atienda a las poblaciones más olvidadas como las comunidades indígenas.

Arévalo ya ha anunciado su gabinete de gobierno en el que apeló a la paridad y nombró siete hombres y siete mujeres como equipo de gobierno, una de ellas, una mujer indígena.

La población indígena ha sido clave para que Arévalo pueda llegue a la investidura. Fueron ellos los que que se organizaron, manifestaron y bloquearon carreteras en demanda de que la fiscalía detuviera su arremetida y respetara el voto que le dio la presidencia. Pero también han criticado que el nuevo presidente no haya incluido en su gabinete a más indígenas, que representan la mayoría de la población del país.

“El nuevo gobierno enfrentará muchos retos. Uno es satisfacer las necesidades del pueblo, después de años de desgobierno corrupto, inepto, e indiferente”, dice el embajador de Estados Unidos, en retiro, Stephen McFarland.

“Otro es mapear las amenazas de los golpistas que tratarán de tumbar al gobierno. Otro muy importante es establecer una relación basada en el respecto y la justicia con los pueblos ancestrales. El gobierno encontrará mucho apoyo en la comunidad internacional paras estos y otros objetivos”, resaltó McFarland.

“El gran reto del gobierno será moverse entre dos grandes montañas que están en su contra: primero el sistema cooptado y cómo lidiar con las expectativas de millones de personas que buscan un cambio inmediato”, dijo Gustavo Marroquín, catedrático de la Universidad Landívar.

“Mucha gente está tan harta, tan cansada, tan desesperada y está demandando cambios rápidos y las democracias funcionan de una forma lenta; un escenario muy factible es que cuando el nuevo gobierno no pueda maniobrar de alguna manera, porque el Estado está cooptado (y destruido), mucha gente se pueda desilusionar y perder la fe rápido”, dijo Marroquín.

Pero Arévalo ha dicho que vendrá la primavera, evocando a los gobiernos de los expresidentes Juan José Arévalo, su padre, y Jacobo Árbenz (1945-1954), conocidos como los gobiernos de la revolución o de la primavera, dado que lideraron proyectos para la inclusión de los pueblos indígenas, acceso a la tierra para campesinos y la creación del Instituto de Seguridad Social.

Y ya en campaña prometió luchar contra la corrupción y la impunidad, precisamente el compromiso que le granjeó los enemigos que se sumaron a los intentos de la fiscalía por bloquear su llegada al poder.

AP