Haití: las fuerzas se multiplican, la inseguridad permanece
Cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados, nuevas tropas extranjeras y una frontera dominicana nuevamente reforzada. La escena resume el fracaso de una respuesta internacional que acumula anuncios y uniformes sin conseguir que los haitianos recuperen algo tan elemental como salir de sus casas sin miedo.
Los militares desaparecieron el domingo 18 de octubre, después de una emboscada en Croix-des-Bouquets. Los atacantes emplearon armas de fuego y explosivos contra su vehículo. Los técnicos escaparon del automóvil incendiado, pero quedaron incomunicados. Hasta los últimos reportes consultados, no existía confirmación pública de su liberación.
Nayib Bukele respondió con el envío de fuerzas especiales. Las informaciones sobre el despliegue sitúan el refuerzo en hasta 200 efectivos. Es comprensible la urgencia de rescatar a sus compatriotas. Sin embargo, una amenaza presidencial, por contundente que suene, necesita inteligencia, coordinación y conocimiento del terreno para convertirse en un resultado.
La emboscada demuestra que las organizaciones criminales conservan capacidad para desafiar a quienes llegaron a combatirlas. Pueden atacar vehículos, resistir incursiones y retener integrantes de una fuerza internacional. Llamarlas pandillas no debe llevarnos a subestimar su armamento, su dominio territorial ni sus redes de abastecimiento.
El balance humano resulta devastador. La misión de Naciones Unidas registró cerca de 6,000 muertos durante 2025. Entre enero y el 11 de septiembre de 2026 fueron documentadas, además, al menos 5,700 personas muertas o heridas por las bandas o durante operaciones contra ellas. Son períodos y categorías diferentes, pero describen una misma tragedia.
A eso se agregan cerca de 1.5 millones de desplazados internos: familias que abandonaron viviendas, trabajos y escuelas para buscar refugio dentro de su propio país. Detrás de cada cifra hay personas atrapadas entre el terror criminal y una protección estatal que sigue sin llegar.
Haití ha visto sucederse misiones internacionales. A la anterior operación encabezada por Kenia le siguió la Fuerza de Supresión de Pandillas. También actúan contratistas privados de Vectus Global y ahora llegan refuerzos salvadoreños, junto a la Policía y las fuerzas haitianas. Esa acumulación exige unidad de mando y objetivos verificables.
Sería impreciso presentar esos componentes como tres misiones internacionales independientes. Lo sustancial es más preocupante: hay distintos actores armados interviniendo, mientras persisten enormes vacíos de seguridad. La fuerza autorizada para reunir unos 5,500 integrantes continúa incompleta. Aprobar efectivos sobre el papel no equivale a tenerlos operando.
También vuelve a alejarse la salida electoral. Las elecciones previstas para diciembre fueron aplazadas por la inseguridad. Sin condiciones para votar, desplazarse o hacer campaña, la recuperación institucional permanece secuestrada por quienes controlan las calles.
Para República Dominicana, ese deterioro tiene consecuencias inmediatas. El envío de refuerzos a Jimaní obliga a sostener vigilancia, transporte, combustible, equipos y personal preparado para contingencias. El corredor entre Puerto Príncipe, Croix-des-Bouquets y Malpasse conecta esta crisis con nuestra frontera. La inquietud tiene fundamento geográfico y operativo.
Proteger la soberanía es una obligación permanente. También corresponde exigir que la comunidad internacional cumpla sus compromisos. Los dominicanos no podemos quedar condenados a financiar indefinidamente las precauciones que impone una crisis cuya solución requiere una responsabilidad mucho más amplia.
El secuestro de los militares salvadoreños plantea el momento decisivo para que la comunidad internacional cumpla el compromiso asumido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: completar los 5,500 integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas y lanzar una ofensiva contundente, coordinada y sostenida que desmantele estas organizaciones criminales, corte su abastecimiento de armas y devuelva al Estado haitiano el control del territorio.
Esa embestida debe proteger a la población civil y tener como objetivo poner fin al dominio de las bandas. Los haitianos necesitan recuperar la paz, y República Dominicana y la región merecen dejar de vivir bajo las consecuencias de esta tragedia