Haití no puede quedar solo
Clara Inés Chaves
La recuperación de Haití no es solamente una responsabilidad humanitaria de la comunidad internacional. Es también una necesidad estratégica para la República Dominicana y para la estabilidad del Caribe.
Hay países cuya crisis no puede entenderse como un asunto exclusivamente nacional porque sus consecuencias desbordan las fronteras y comprometen el futuro de toda una región. Haití es uno de ellos. Su prolongada inestabilidad política, la expansión de las bandas armadas, la fragilidad de sus instituciones y las necesidades de su población han convertido la crisis haitiana en uno de los desafíos más complejos del hemisferio occidental.
Sin embargo, detrás de las noticias sobre violencia, desplazamientos y dificultades económicas existe una sociedad que no puede reducirse a sus tragedias. Haití es una nación con historia, identidad, cultura y una profunda significación para América Latina y el Caribe. Abandonarla a su suerte sería un error moral, político y estratégico.
La pregunta que debería orientar el debate internacional no es cuánto tiempo más puede soportar Haití su crisis, sino qué debe hacerse para que el país recupere las condiciones que permitan a sus ciudadanos vivir con seguridad, participar en la reconstrucción de sus instituciones y aspirar a un futuro digno.
Un problema que también concierne a la República Dominicana
La República Dominicana conoce mejor que muchos otros países las consecuencias de la inestabilidad haitiana. Ambas naciones comparten la isla de La Española, una frontera terrestre y relaciones humanas, comerciales y sociales que, a pesar de sus dificultades, hacen inevitable la interacción entre sus poblaciones.
Por eso, la recuperación de Haití no debería considerarse una concesión dominicana ni una carga que corresponda asumir exclusivamente a Santo Domingo. Es un interés compartido.
Un Haití con instituciones legítimas, mayor seguridad, servicios públicos funcionales y oportunidades económicas estaría en mejores condiciones de controlar su territorio, combatir las redes criminales, desarrollar actividades productivas y establecer relaciones bilaterales más estables. También podría ofrecer mayores perspectivas de bienestar a sus ciudadanos dentro de su propio país.
La alternativa es preocupante: una crisis prolongada, sin una estrategia internacional eficaz, puede profundizar el deterioro institucional y mantener a toda la isla expuesta a las consecuencias de la inseguridad, el debilitamiento económico y las tensiones fronterizas.
Esto no significa desconocer el derecho de la República Dominicana a proteger sus fronteras, regular la migración y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esas son responsabilidades legítimas de cualquier Estado. Pero reconocerlas no obliga a concluir que la protección nacional y la cooperación con Haití sean objetivos incompatibles.
Por el contrario, una política fronteriza eficaz puede complementarse con iniciativas que contribuyan a la estabilidad del país vecino. La seguridad inmediata es necesaria, pero difícilmente será duradera si no se acompaña de instituciones capaces de funcionar, oportunidades económicas y una perspectiva de recuperación social.
La seguridad no puede ser el único horizonte
La respuesta internacional a la crisis haitiana debe ser firme frente a las organizaciones criminales, pero también debe superar la idea de que el problema se resolverá únicamente mediante el despliegue de fuerzas de seguridad.
La población necesita protección, pero también escuelas, hospitales, empleo, alimentación y autoridades que puedan ejercer sus funciones legítimamente. Sin estas condiciones, cualquier avance en materia de seguridad corre el riesgo de ser temporal.
La cooperación internacional debe articular tres dimensiones inseparables: seguridad, recuperación institucional y desarrollo. A ello debe sumarse el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y el control de los flujos ilícitos de armas y recursos que alimentan la violencia.
También es indispensable escuchar a los propios haitianos. La comunidad internacional puede aportar financiación, asistencia técnica y apoyo de seguridad, pero no puede sustituir indefinidamente la capacidad de la sociedad haitiana para decidir su futuro. Las soluciones necesitan legitimidad nacional, instituciones representativas y un proceso político que permita reconstruir la confianza ciudadana.
La experiencia de otras intervenciones internacionales demuestra que aportar recursos sin una estrategia de largo plazo, sin controles adecuados y sin objetivos institucionales verificables no garantiza resultados sostenibles.
Por ello, ayudar a Haití no significa entregar cheques en blanco ni justificar los errores de sus dirigentes. Significa construir una cooperación responsable, transparente y orientada a resultados, con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
La responsabilidad dominicana y el respeto a la dignidad humana
La relación entre ambos países está marcada por una historia compleja, diferencias económicas importantes y tensiones políticas que no deben ignorarse. En distintos momentos, las políticas dominicanas relacionadas con la migración haitiana han suscitado controversias y cuestionamientos por sus efectos sobre los derechos humanos, la igualdad de trato y la protección de personas vulnerables.
Es legítimo que la República Dominicana establezca y haga cumplir sus normas migratorias. Pero también es necesario que estas se apliquen con respeto a la dignidad humana, las garantías legales y las obligaciones internacionales del Estado.
Esta distinción es fundamental: defender la soberanía no exige deshumanizar al extranjero, del mismo modo que promover los derechos de los migrantes no implica desconocer las competencias legítimas del Estado.
La historia compartida de ambos pueblos exige prudencia, responsabilidad y una diplomacia capaz de gestionar las diferencias sin convertirlas en antagonismos permanentes. La cooperación bilateral no requiere borrar las discrepancias, sino establecer mecanismos para resolverlas con respeto mutuo.
En cuanto al Gobierno dominicano actual, su posición pública ofrece elementos para una reflexión constructiva. En septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader solicitó ante las Naciones Unidas que la comunidad internacional pase de las decisiones a la acción frente a la crisis haitiana. Su Gobierno también ha defendido la necesidad de avanzar simultáneamente en seguridad, recuperación institucional y desarrollo.
Este planteamiento abre una oportunidad para fortalecer una política que combine la protección legítima de la frontera con el respaldo a una recuperación haitiana sostenible.
La afinidad de Santo Domingo con Washington en materia de seguridad no tiene por qué impedir una visión más amplia. Al contrario, puede servir para impulsar una cooperación internacional que distribuya responsabilidades, movilice recursos y evite que la República Dominicana tenga que afrontar en solitario las consecuencias de una crisis regional.
Recuperar Haití beneficia a todos
La comunidad internacional tampoco puede seguir tratando a Haití como una emergencia que reaparece en las agendas diplomáticas cuando la situación alcanza niveles críticos y pierde atención cuando surgen otras prioridades.
Se necesita continuidad, financiación suficiente, coordinación entre los países que aportan asistencia y un compromiso que no dependa exclusivamente de los cambios políticos en las principales capitales del mundo.
Estados Unidos, Canadá, los países latinoamericanos, la Unión Europea, los organismos multilaterales y los propios Estados caribeños tienen responsabilidades y capacidades diferentes, pero pueden contribuir a una estrategia común. La cooperación regional debe acompañar los esfuerzos haitianos, no sustituirlos ni imponerles soluciones ajenas a su realidad.
La República Dominicana, por su proximidad y conocimiento de la situación, puede desempeñar un papel importante como interlocutor regional. Para ello, necesita combinar la defensa de sus intereses nacionales con una visión de largo plazo que reconozca que la estabilidad de la isla no puede construirse de manera sostenible sobre la fragilidad permanente de uno de sus dos países.
La recuperación haitiana podría ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer la cooperación fronteriza, favorecer inversiones productivas y contribuir a reducir las presiones derivadas de una crisis prolongada. Los beneficios no serían automáticos ni inmediatos, pero existirían mejores condiciones para alcanzarlos.
Dejar solo a Haití, en cambio, significaría aceptar que una crisis de enormes consecuencias humanas y regionales continúe agravándose sin una respuesta proporcional a sus dimensiones.
El desafío consiste en comprender que la solidaridad y el interés nacional no siempre son conceptos opuestos. En determinadas circunstancias, ayudar a otro país a recuperar su estabilidad constituye también una manera de proteger el propio futuro.
Haití no necesita compasión pasajera ni discursos que se olviden después de cada reunión internacional. Necesita seguridad, instituciones legítimas, oportunidades económicas y una comunidad internacional dispuesta a acompañar su recuperación con responsabilidad y perseverancia.
La República Dominicana, por su parte, tiene derecho a defender su soberanía y sus intereses, pero también la oportunidad de contribuir a una relación bilateral menos condicionada por las crisis y más orientada hacia la cooperación.
La historia de La Española no puede escribirse como si el destino de un país fuera indiferente al del otro. Dos naciones, con identidades distintas y soberanías propias, comparten un espacio geográfico cuyas realidades están inevitablemente conectadas.
Recuperar Haití no es hacerle un favor a la República Dominicana, ni pedirle a esta que renuncie a sus derechos. Es reconocer que una isla más estable, segura y próspera ofrece mejores perspectivas para todos sus habitantes.
Y esa debería ser una razón suficiente para que Haití deje de estar solo.