Haití: violencia, economía criminal y crisis de gobernanza
Por Jean Garry Denis
Me había propuesto un plazo de seis meses tras mi dimisión como Director General del Ministerio de Cultura antes de publicar reflexiones sobre la coyuntura política. Sin embargo, deseo señalar mi sorpresa ante las reacciones que suscitó mi renuncia, un hecho ordinario que fue percibido como un acontecimiento extraordinario. La razón es que la función pública en Haití se percibe como un espacio de enriquecimiento ilícito donde la corrupción se ha erigido en sistema. Con este enfoque, y tras haber tomado la distancia necesaria, comparto estas reflexiones sobre la coyuntura política.
Desde fuera, la crisis haitiana parece una anarquía incontrolable; sin embargo, en realidad refleja la institucionalización de un caos y de un sistema político altamente funcional para un puñado de actores: bandas, oligarcas, políticos y operadores internacionales. En este sistema de depredación, la violencia sigue siendo la principal herramienta de regulación, debilitando las instituciones y los fundamentos del Estado de derecho.
El terror como modo de gobernanza
El aspecto más trágico de esta gobernanza son las masacres perpetradas por las bandas contra la población. La más reciente se cobró más de 160 víctimas, según fuentes combinadas. Esta violencia tiene su origen en el reclutamiento de jóvenes de barrios populares por parte de actores económicos y políticos —respectivamente— para asegurar los circuitos de la economía criminal y respaldar operaciones electorales.
Con el paso de los años, los delincuentes han logrado controlar amplias zonas del territorio y adquirir una importante potencia de fuego, lo que les ha permitido trascender el papel de mercenarios al servicio de un patrón para erigirse en verdaderos actores políticos, económicos y territoriales autónomos.
En efecto, una paz duradera requiere un sólido acompañamiento judicial, así como trascender las acciones armadas contra las bandas para llegar hasta los financiadores. Lamentablemente, el actual primer ministro (PM), Alix Fils Aime hizo todo lo posible por llegar a la destitución al exjefe de policía, Normil Rameau, quien llevó a cabo la mayor incautación de drogas en la historia del país en 2025. Se trata de un sabotaje a la policía para consolidar el caos!
La oligarquía y la economía criminal
El Centro para la Libre Empresa y la Democracia (CLED) fue una de las últimas grandes iniciativas del sector privado en materia de desarrollo a principios de los años 2000. El CLED solía organizar importantes actividades de reflexión, incluido un foro sobre competitividad e inversión que contó con la participación de personalidades como el expresidente Leonel Fernández y el economista peruano Hernando de Soto. Asimismo, cabe recordar la campaña emprendida en aquella época por el PDG de la UNIBANK (Primero en Haití), Carl Braun, a favor de una revolución del crecimiento. Tras ese periodo, los ideales de crecimiento y desarrollo abandonaron los círculos de reflexión de este sector privado para encerrarse en un capitalismo de connivencia y depredación.
La economía criminal es el resultado de la maduración de este capitalismo no generador de riqueza a lo largo de los últimos veinte años. Y, sin embargo, resulta sorprendente que los miembros del sector privado asociados a este caos estén ausentes de los informes de organismos de derechos humanos, lucha contra la corrupción, las noticias en prensa y discursos de los políticos, etc.
El Grupo «Makaya», una entidad del sector creada recientemente, despertó grandes esperanzas de un cambio de actitud en dicho sector. El uso del término «Makaya» — un esclavo revolucionario, un espíritu del vudú, el 2ndo monte más alto de Haiti— se percibió como una apropiación, por parte de esta élite, de los valores culturales profundos del país contrario a su rechazo tradicional. Lamentablemente, no se tuvo en cuenta el ingenio malicioso de los grandes nombres del sector, sus reflejos siguen anclados en la depredación como única forma de acumulación de riqueza.
La gobernanza del caos
Con el respaldo de la oligarquía y de los estadounidenses, el primer ministro concentró todo el poder en sus manos tras el 7 de febrero de 2026. Esta medida no generó ninguna esperanza de mejora de la situación. Por otra parte, había sido destituido por el Consejo Presidencial de Transición debido a su incapacidad para combatir la violencia y a la firma de contratos opacos, incluido el de contratación de mercenarios, valorado en cientos de millones de dólares. El interés en mantener al primer ministro como única autoridad al mando tenía como objetivo exclusivo proteger el contrato improductivo de los mercenarios, cuyo jefe es Erik Prince, amigos del Presidente Trump según muchas fuentes.
Hablar de elecciones en medio de este enorme desorden, donde más del 40 % del territorio está controlado por bandas, es una estrategia clara para perpetuarse en el poder, mantener el contrato de Erik Prince —que sirve de aval ante Washington para dicho gobierno— y normalizar el desorden de la violencia, tal como señaló Roberto Álvarez, ex canciller dominicano, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de julio de 2026.
La ceguera de la comunidad internacional
Ante este drama humanitario, la comunidad internacional, bajo el liderazgo de Washington, muestra una ceguera diplomática al apoyar a este poder; busca esencialmente una estabilidad de fachada, aun a costa de ignorar la dudosa legitimidad de este poder y sus connivencias con los arquitectos financieros de dicho caos. En este contexto, la afirmación de que ciertos actores internacionales habrían sobornado a funcionarios para obtener contratos debe ser respaldada por investigaciones. Diversos actores políticos denuncian con frecuencia a la misión de la ONU por sus vínculos con los círculos tradicionales de poder en Haití, más allá de su función diplomática.
La comunidad internacional debe extremar su vigilancia sobre sus representantes en Haití, quienes a menudo presentan la realidad en función de sus lazos con actores locales, especialmente en lo referente a los resultados electorales. Las elecciones de 2010 —en las que un candidato ganador en primera vuelta se vio obligado a ceder su puesto a un perdedor (que había quedado cuarto) por imposición internacional— constituyen un ejemplo concreto.
Conclusión
Es imperativo romper la alianza tóxica entre el Estado, los oligarcas y las bandas. Esto implica una justicia transicional implacable, el saneamiento del sistema financiero y el cese del apoyo diplomático ciego al régimen actual. Sin una reacción ética, una soberanía reafirmada, elecciones Haití permanecerá encerrado en esta gobernanza del caos, incluso después de la celebración de elecciones aceptables.
El autor es Directeur Exécutif Institut Haïtien Observatoire Politiques Publiques (INHOPP)
Fuente: Listín Diario