¿Hundirá la ADP a la nación?
Juan LLado
Ni una floreciente economía, ni la estabilidad macroeconómica, ni la paz social garantizan un verdadero desarrollo. Para lograrlo es preciso disminuir la desigualdad social mediante una más equitativa e inclusiva distribución del gasto público y de la riqueza. Pero eso no será posible si seguimos hundidos en la furnia de mediocridad que nos deparan los pobres rendimientos escolares. A tal fin, el Congreso deba aprobar una ley que obligue a la ADP a dejar atrás su politiquería barata y a asumir cabalmente sus responsabilidades profesionales.
Lograr el 4% del PIB para la educación pública fue una meta nacional que convocó a todos los sectores. La movilización social finalmente la consiguió en el 2013, pero para sorpresa de todos, desde entonces el aparato educativo público ha involucionado. Los pobres resultados de la Prueba PISA así lo atestiguan, muy a pesar de haber subido los salarios de los docentes hasta encumbrarlos, junto a los médicos, como los servidores públicos mejor pagados. (En promedio de 26 a 57 mil.) Hoy entonces el gran reto no es el de los recursos. Lo que ahora precisa de otra gran movilización es mejorar la calidad de la educación, lo cual está siendo impedido principalmente por las inconductas de la ADP.
La prensa nacional ha reprochado su perverso comportamiento. Ha rechazado el uso de los días de docencia para celebrar sus asambleas y exigir aumentos en salarios y pensiones. Nada más elocuente que el título de un reciente editorial del periódico HOY: “Las prioridades de la ADP van en contra de las de la nación.” El periódico El Dia, por su parte, en un editorial ha apuntado: “Ha llegado el momento de mirar al maestro y a su gremio. La AADP desde hace mucho se ha constituido en una gran retranca para el anhelo de que República Dominicana tenga una educación de calidad. Ese gremio ha perdido el rumbo. Ha dejado de ser aliado de un país que se lanzó a la calle a reclamar mayor inversión para mejorar su sistema educativo”.
Por su parte, el periódico El Nacional ha comentado algo similar. “Los maestros no serán los servidores mejor remunerados, pero en rendimiento están entre los peores. Al menos según los resultados. ¿De acuerdo? El presidente de la ADP no debe confundir el derecho a la protesta, que es legítima, con la interrupción de la docencia, que es dañina”. Mientras, el comentario de Diario Libre lo sintetiza un reciente AM: “La ADP no trabaja por los estudiantes. Es un sindicato con capacidad económica sobrada y afiliación obligatoria, de un sector de empleados públicos privilegiados que ha descubierto que nada ni nadie puede hacerle entrar en razón”.
En representación de la sociedad civil, la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) también plantó cara a los maestros. “Les pidieron que respeten a los estudiantes y al convenio suscrito al respecto. Si bien las demandas de los maestros pueden ser legítimas, resulta desatinado interrumpir la docencia como método de lucha”. La petición no puede ser más sensata y ajustada a las exigencias del aprendizaje en las escuelas, algo que tiene sin cuidado al alborotado gremio.
Estos merecidos reproches se quedan cortos respecto a la queja sin precedentes de un colectivo de dolientes. La Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela(APMAE) “rechazó los constantes paros que realiza la ADP, por entender que van en contra de la educación de sus hijos y los calificó de absurdos y abusivos”. “Entendemos que la ADP está jugando y politizando la educación, ya que en lo que va de año escolar han realizado más de ocho paros de docencia afectando drásticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y su estabilidad emocional». La Federación está demandando que la ADP cumpla con el calendario escolar y hasta realizó el pasado sábado un piquete frente a la sede de la ADP.
La indignación de los padres ha sido secundada por las autoridades. Ante las vergonzosas prácticas de la ADP, el propio ministro de Educación ha declarado: “La decisión de la ADP de convocar «asambleas» en los diferentes territorios del país no es más que una estrategia para no dar clases, afectando el interés social de mejorar la calidad de la educación pública en el país”. “Tanto en el Pacto para la Reforma Educativa como en lo referente al Acuerdo firmado en el 2021 con el Ministerio de Educación, la ADP se comprometió a respetar los horarios de docencia”. Los dos paros recientes de la ADP han dejado perdidas por RD$1,500 millones.
¿A qué se debe la conducta libertina e irracional de la ADP? Como su dirigencia está dominada por el PLD no se escapa la deducción de que representa el tipo de conducta corrupta que prevaleció entre muchos funcionarios de ese anterior gobierno. (El escándalo asociado a la construcción de aulas durante ese periodo es prueba por adyacencia.) Se requirió el hartazgo de la clase media y de la Marcha Verde para sacudirse esa deleznable sarna. El coro de voces citado sugiere la necesidad de que la movilización requerida hoy día sea para poner en cintura al desaforado gremio.
Un reciente diálogo entre la ADP con el ministro no ha rendido frutos y el gremio ha retomado su actitud levantisca. Al referirse al problema del flamígero comportamiento de la ADP el destacado periodista Claudio Acosta se refirió al problema y se preguntó qué hacer. “Pero es poco lo que puede hacer la sociedad para enfrentar a un sindicato que desertó de su compromiso de elevar la calidad de la educación y al que solo interesan las reivindicaciones laborales de sus miembros, que además le sirven de coartada para poner en marcha su agenda política opositora”. De ahí que una forma de enfrentar el problema es mediante una ley que condicione los fueros gremiales del ADP y le encamine por rumbos más patrióticos y menos sesgados por la mezquindad.
Dado los fueros consagrados en el Art. 62(6) de la Constitución, la propuesta ley no puede conculcar el derecho a huelga del gremio ni puede adoptar medidas que le resten autonomía a su dirigencia. Ambas cosas serían contrarias a la institucionalidad. Lo que si puede hacer la ley es condicionar los aumentos salariales ligándolos al rendimiento escolar, imponer requisitos de capacitación y desarrollo profesional, promover la colaboración y el trabajo en equipo, establecer programas de mentoría y apoyo para los nuevos docentes y fijar metas de desempeño individual. Estos métodos de control podrían ser adoptados por el MINERD sin necesidad de una ley, pero conviene que en esta impía coyuntura de negligencia magisterial se impongan con la fuerza del requisito legal, especialmente cuando de fijar salarios se trate.
Sería deseable también prohibir las actividades políticas de la ADP. Pero esto no solo colide con los derechos fundamentales, sino que también hace daño a la democracia. No sería necesario hacerlo fijando en la propuesta ley los estándares y requisitos mencionados, siempre que se implementen con la finalidad de brindar apoyo, orientación y recursos para mejorar el desempeño profesional y, en última instancia, promover mejores rendimientos escolares. La rigurosa aplicación sería una tarea para el MINERD, pero la sociedad debera monitorear el progreso para que esa aplicación no se desnaturalice con las urgencias de la política. Es sensato el llamado del MINERD a que sea todo el país que reclame a la ADP la rectificación de sus inconductas.
La medida en que los dominicanos logremos un verdadero desarrollo será determinada por la medida en que podamos disminuir la desigualdad social y la pobreza. Para ello es indispensable que las oportunidades educativas estén equitativamente distribuidas y que la educación sea de calidad. Sin eso no podrá haber movilidad social en una economía de mercado. La ADP constituye hoy una odiosa retranca al desarrollo porque no ayuda a que logremos esa trascendente meta
Fuente Acento
