Iglesia católica cuestiona muertes en operativos policiales y pide prevención y oportunidades para los jóvenes
Santo Domingo, 03 oct.— El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, expresó preocupación por las muertes de jóvenes durante intervenciones policiales y llamó a las autoridades a enfrentar la delincuencia mediante educación, prevención y oportunidades de trabajo, en medio del debate sobre los llamados intercambios de disparos.
El prelado lamentó la violencia que afecta a la sociedad dominicana y el sufrimiento de las familias de quienes han fallecido en operativos que la Policía Nacional justifica como respuestas a ataques armados contra sus agentes.
Morel Diplán sostuvo que los problemas de violencia no se resuelven quitándole la vida a un ser humano. En ese sentido, exhortó al Estado a asumir un papel más activo en la formación de la población y a desarrollar políticas que permitan prevenir la incorporación de los jóvenes a actividades delictivas.
“Hoy lamentamos mucho la cantidad de jóvenes que han muerto, familias que están sufriendo, aunque hay personas que se alegran, piensan que se va a solucionar eso”, manifestó el arzobispo coadjutor.
El religioso consideró que buenas políticas públicas pueden impedir que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia. También planteó la necesidad de crear más espacios de empleo y oportunidades que contribuyan a reducir las condiciones que favorecen la violencia.
Aunque cuestionó las muertes, Morel Diplán dijo entender que el Gobierno está preocupado por la situación, “porque cada hecho que sucede cae encima del gobierno y de los que están dirigiendo”. Sin embargo, insistió en que se necesita un plan coordinado de orientación y concientización para evitar que las respuestas al problema generen más violencia.
El prelado vinculó, además, la prevención de la delincuencia con la lucha contra la corrupción. Señaló que personas llamadas a servir de referente para la juventud han ofrecido malos ejemplos y que las prácticas de robo y corrupción en determinadas esferas de la sociedad transmiten la idea de que todo está permitido.
A su juicio, haber corregido esas conductas oportunamente habría evitado parte de los problemas actuales. Su planteamiento reclama tanto medidas de seguridad como una respuesta educativa, social e institucional.
La preocupación de la Iglesia coincide con balances que muestran una elevada cantidad de fallecimientos durante actuaciones policiales. Participación Ciudadana afirmó en un comunicado del 30 de septiembre que en 2026 se había sobrepasado la cifra de 196 muertes y que 42 correspondían a septiembre.
Estos números pertenecen al balance divulgado por la organización cívica y no constituyen un cierre oficial actualizado al 3 de octubre.
Como antecedente, Diario Libre había reportado el 19 de septiembre un acumulado de 173 fallecidos en supuestos intercambios de disparos durante el año, incluidos 16 registrados hasta entonces en ese mes.
Los balances corresponden a distintas fechas de corte y fuentes, por lo que no deben sumarse entre sí.
Participación Ciudadana reclamó al Ministerio Público investigar cada intervención en la que una persona pierda la vida y documentar el arma presuntamente utilizada para justificar el enfrentamiento. La entidad sostuvo que esas pesquisas deben permitir establecer si hubo una actuación dentro de la ley o una ejecución extrajudicial.
El debate sobre los operativos cobró mayor atención después de la muerte de Michael Junior Rodríguez Peguero, conocido como “Michael Peluche”, a quien las autoridades vinculaban con el caso del fallecimiento del artista urbano Diddy Glow. Desde entonces, los reportes de muertes durante actuaciones policiales han sido objeto de mayor escrutinio público.
Paralelamente, la Policía ha destacado las entregas voluntarias de personas buscadas mediante órdenes judiciales. Entre los casos reseñados figuran José Luis Lara, alias “Kimkon”, de 21 años; Ronny Nolasco Ibert, conocido como “Cañoso”, de 22, y Maiky Contreras García, de 30, presentados ante las autoridades por familiares y representantes legales en San Juan de la Maguana.
En un informe publicado el 2 de octubre, la institución policial comunicó que su base de datos registra 53,877 órdenes de arresto pendientes de búsqueda y captura.
La cantidad corresponde a requerimientos judiciales y no debe confundirse con un número equivalente de personas, debido a que un individuo puede acumular varias órdenes. Policía Nacional de la República Dominicana
El desglose incluye 17,635 órdenes por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 5,951 por agresiones físicas, 4,018 por agresiones sexuales, 2,761 por delitos cibernéticos, 2,681 por homicidios y 1,630 por amenazas, además de otras categorías. La Policía reiteró que mantiene la búsqueda de los requeridos en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad.