Imponen fianza de RD$25 mil y presentación periódica a acusado de amenazar al embajador Bartolomé Pujals
SANTO DOMINGO, 14 Nov.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso una garantía económica de RD$25 mil, mediante contrato de fianza, y presentación periódica durante seis meses a Marvin Dariel Acosta, investigado por presuntamente amenazar al embajador dominicano Bartolomé Pujals a través de perfiles falsos en redes sociales.
La jueza Cecilia Toribio dispuso las medidas de coerción a solicitud del Ministerio Público, que atribuye al procesado delitos de suplantación de identidad y amenaza contra el representante de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Acosta, de 24 años, fue arrestado en su residencia en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, en cumplimiento de la orden judicial número 2026-AJ0083675.
De acuerdo con el órgano acusador, la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por medio de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), identificaron al joven como la persona que habría realizado las amenazas contra el diplomático mediante las redes sociales.
Durante las investigaciones, las autoridades identificaron mensajes con expresiones como: “¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!” y “¡Ya le llegó su hora!”.
El investigado manifestó que no conocía personalmente a Pujals, según informó el Ministerio Público.
Tras el arresto, el órgano persecutor sometió a Acosta a la justicia y solicitó las medidas de coerción contempladas en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 226, consistentes en garantía económica, sometimiento al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada y presentación periódica ante la autoridad correspondiente.
El tribunal dispuso la garantía económica mediante contrato de fianza y la obligación de presentarse periódicamente ante el órgano investigador durante seis meses.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación del artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la suplantación de identidad, así como de los artículos 305 y 306 del Código Penal Dominicano, que tipifican la amenaza.