Imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a implicados en la Operación Armum
Santo Domingo, 7 sept.- Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país contra propietarios y representantes de varias armerías arrestados durante la Operación Armum, desplegada por el Ministerio Público para perseguir la comercialización ilícita de armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
La garantía económica más elevada, ascendente a RD$4 millones, fue impuesta a Braulio Veras Rodríguez. Henry Leónidas Tejeda Peralta deberá presentar RD$3.5 millones, mientras que a Alexis Díaz Rodríguez le fue fijado un monto de RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena recibieron garantías económicas de RD$2 millones cada uno. En tanto, Wilmer Brahian Florentino, también identificado como Wilmer Brahian Florentino Beltré, y Benito Alifonso Quezada deberán pagar RD$1 millón cada uno.
Las garantías deberán ser presentadas mediante contratos de fianza suscritos con compañías aseguradoras. A todos los imputados también se les ordenó presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y se les prohibió salir del país sin autorización judicial.
La Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, encabezada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez; la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional presentaron los cargos y solicitaron las medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El expediente también involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio, S.R.L.; Tejeda Álvarez y Asociados, S.R.L.; Armería Braihan; Armería Los Cocolos; Armería Gavilán y Armería Eliezel.
El fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, afirmó al concluir la audiencia que las decisiones judiciales representan un mensaje para las entidades dedicadas a la comercialización irregular de armas.
“El Ministerio Público ha hecho una labor de cara a la actividad de la persecución penal estratégica en consonancia con los lineamientos de la procuradora general de la República; por lo tanto, reconoce que es un caso importante y manda un mensaje a las entidades que se están dedicando a esa actividad ilícita”, expresó Mena.
El representante del Ministerio Público participó en la audiencia junto al procurador fiscal Natiaski Marmolejos, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la calificación jurídica presentada por el órgano acusador, que atribuye a los imputados la violación de los artículos 66, párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Esas disposiciones tipifican delitos como la tenencia ilícita, el acopio o almacenamiento ilegal de armas de fuego y municiones, así como la intermediación ilícita.
La magistrada había dejado el domingo bajo reserva para este lunes 7 de septiembre la decisión sobre la solicitud de medidas de coerción formulada por el Ministerio Público.
En caso de ser declarados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión.
La resolución fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal encargado del control de la investigación.
Medidas contra imputados en Santo Domingo Este
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este también impuso medidas de coerción contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
Cada uno deberá presentar una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato de fianza, además de acudir periódicamente ante las autoridades y permanecer en el país mientras se desarrolla el proceso judicial.
Las investigaciones en esta demarcación son realizadas conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Este. En ese distrito judicial también son investigadas las armerías Los Héctor y Joso, E.I.R.L.
Operativos contra armerías irregulares
El Ministerio Público desplegó la Operación Armum el pasado martes 1 de septiembre, en coordinación con los ministerios de Interior y Policía y de Defensa, así como con la Policía Nacional.
La intervención incluyó 18 allanamientos en establecimientos señalados por operar irregularmente en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
En la operación participaron 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y otros 19 del Ministerio de Interior y Policía.
Entre las irregularidades detectadas figuran establecimientos que funcionaban sin licencia o con permisos vencidos, talleres que efectuaban trabajos sin la autorización correspondiente, intermediación comercial ilegal y retención ilícita de armas pertenecientes a terceras personas.
Durante los allanamientos fueron ocupadas alrededor de 200 armas de fuego, entre ellas armas largas, pistolas y revólveres. Una cantidad considerable carecía de documentación o de constancia sobre su procedencia.
Las autoridades también decomisaron armas pertenecientes a terceros que presuntamente eran almacenadas de manera ilegal y alrededor de 40,000 municiones. Muchas de estas no tenían marcaje, lo que, según el Ministerio Público, constituye un indicio de que fueron introducidas ilegalmente en territorio dominicano.
Además, se ocuparon armas de guerra y otras de uso prohibido en el país, miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas modificadas o alteradas.
En los establecimientos también fueron encontrados pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado sin los permisos correspondientes, entre otras irregularidades señaladas por las autoridades.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, y contó con la participación del mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo, director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio de Defensa.
También intervinieron el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional.
La Operación Armum forma parte de la estrategia integral desarrollada por República Dominicana para controlar la circulación y comercialización de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados, conforme a las disposiciones legales vigentes.