Imponen medidas de coerción contra otros dos imputados en el caso Antipulpo
Santo Domingo, 1 ago – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción a otros dos imputados por el Ministerio Público por su presunta pertenencia a la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Antipulpo.
El tribunal dispuso que Carlos Montes de Oca deberá cumplir tres meses de prisión preventiva y Paola Mercedes Suazo tendrá que pagar una garantía económica, presentarse ante el Ministerio Público en forma periódica y tiene impedido salir del país, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Ambos son procesados por, supuestamente, formar parte del entramado de corrupción que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez, quien habría estafado miles de millones de pesos al Estado aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina.
El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso que Montes de Oca cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo San Cristóbal.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que se dictó auto de apertura de juicio contra María Torres, quien había sido declarada inimputable por el tribunal.
Sobre la decisión del juez de inhibirse del conocimiento de la audiencia preliminar a los implicados en el expediente, Camacho explicó que el magistrado remitió las actuaciones a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por haber tenido el conocimiento en ese proceso.
“Ahora la coordinación deberá decidir si este juez continúa en el proceso o si sustituye y designa a un nuevo juez para el conocimiento de la audiencia preliminar» del caso, dijo, al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal.
Según manifestó, espera que la coordinación pueda decidir en el menor tiempo posible y que en la próxima audiencia puedan presentar presentando la acusación, dijo Camacho.
Por este caso el Ministerio Público acusó en febrero pasado a 27 personas físicas y 21 compañías mediante un extenso expediente por corrupción y lavado de activos de unas 3,500 páginas.
El proceso también se sigue contra Carmen Magalys Medina, que también aprovechó sus lazos familiares en el entonces presidente Medina y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción encabezado por su hermano Juan Alexis Medina Sánchez como gerente operativo.
También, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación también incluye, entre otros, a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
