Informe denuncia trabajo forzoso en cañaverales dominicanos y pide a EE. UU. prohibir importaciones
San Juan, Puerto Rico, 18 agosto.– La organización de derechos humanos Corporate Accountability Lab solicitó al Gobierno de Estados Unidos restablecer la prohibición de importar azúcar y otros productos elaborados por Central Romana Corporation, tras concluir en un informe que persisten prácticas de trabajo forzoso en plantaciones de caña de República Dominicana.
Central Romana rechazó los resultados de la investigación, afirmó que el documento contiene “inexactitudes y falsedades” y sostuvo que sus operaciones cumplen las leyes dominicanas y las normas laborales internacionales.
El informe fue publicado este martes después de más de tres años de investigaciones sobre las condiciones laborales en los terrenos administrados por la compañía, considerada el mayor empleador privado y propietario de tierras de República Dominicana, según informó la periodista Dánica Coto para The Associated Press (AP).
La organización señaló que República Dominicana exporta azúcar y otros derivados hacia Estados Unidos, el principal mercado para esos productos, y consideró que las autoridades estadounidenses deben impedir el ingreso de mercancías presuntamente elaboradas mediante prácticas laborales abusivas.
Corporate Accountability Lab también indicó que algunos propietarios de Central Romana mantienen vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio.
Entre los propietarios figura Fanjul Corporation, empresa con sede en Florida que controla Florida Crystals. De acuerdo con el informe, la familia Fanjul mantiene relaciones cercanas con Trump y con el Gobierno dominicano.
Antecedente de la prohibición estadounidense
Central Romana fue investigada anteriormente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que acusó a la empresa de aislar a trabajadores, retener salarios, promover condiciones laborales y habitacionales abusivas y presionar a sus empleados para que cumplieran jornadas extraordinarias excesivas.
Como consecuencia de esas conclusiones, Estados Unidos prohibió en 2022 las importaciones de azúcar cruda y productos derivados elaborados por la compañía.
La restricción fue revocada en 2025 durante la administración de Trump, señala la publicación de AP.
Corporate Accountability Lab consideró que Washington debe restablecer la medida y advirtió que la política estadounidense se hace cómplice de los abusos que afirma combatir cuando permite acceso a su mercado a sectores que ignoran violaciones laborales dentro de sus cadenas de suministro.
Unos 8,000 trabajadores en los cañaverales
Organizaciones dominicanas de la sociedad civil estiman que hasta 8,000 personas trabajan en los campos de caña de Central Romana, cuya extensión supera los 173,700 acres.
Durante años, trabajadores y defensores de derechos humanos han denunciado bajos salarios y alojamientos hacinados que, con frecuencia, carecen de agua potable o electricidad. Periodistas de AP constataron algunas de esas condiciones durante visitas realizadas en años recientes.
Una parte considerable de los trabajadores está integrada por migrantes haitianos o descendientes de haitianos. Algunos nacieron en República Dominicana, pero carecen de ciudadanía y documentos de identidad.
Esa situación limita sus posibilidades de conseguir otros empleos y aumenta su dependencia de las empresas azucareras. Un trabajador cuya identidad fue reservada dijo que no tenía documentos para buscar otra ocupación y describió su situación como una forma de esclavitud.
Denuncias de bajos salarios y temor
Otro trabajador entrevistado para el informe aseguró que empleados de la compañía asignan las tareas y determinan las cantidades adeudadas a cada persona.
El obrero denunció que reciben pagos inferiores a los correspondientes, pero explicó que carecen del poder necesario para exigir una remuneración justa.
Corporate Accountability Lab afirmó que existe un ambiente generalizado de temor dentro de la industria azucarera. Uno de los trabajadores declaró que desea presentar reclamaciones frecuentemente, pero no encuentra respaldo debido al miedo existente entre sus compañeros.
Esas preocupaciones también aparecen reflejadas en un estudio reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cuyas autoridades calificaron las condiciones de vida en algunas plantaciones como inhumanas y abusivas.
La organización propuso que los compradores de azúcar adopten un código de conducta elaborado con la participación directa de los trabajadores.
Recomendaciones para Central Romana
Corporate Accountability Lab exhortó a Central Romana a inscribir a sus empleados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y garantizarles, por lo menos, el salario mínimo diario establecido legalmente.
También pidió que se permita a los trabajadores integrarse a un sindicato independiente y que la compañía adopte mayores medidas para proteger su salud.
El informe identificó como los dos grupos más vulnerables a los cortadores de caña envejecientes que no han recibido sus pensiones y a los trabajadores que carecen de nacionalidad reconocida.
Central Romana respondió dentro del propio informe que las conclusiones estaban plagadas de informaciones incorrectas y negó haber violado la legislación dominicana o los estándares laborales internacionales.
AP señaló que la compañía no respondió inmediatamente a una solicitud adicional de comentarios sobre las acusaciones.
Reclamos al Gobierno dominicano
La organización también formuló recomendaciones al Gobierno de República Dominicana, entre ellas regularizar la condición migratoria de las personas reclutadas para trabajar en los cañaverales.
Asimismo, reclamó el desembolso de las pensiones adeudadas a los trabajadores envejecientes y una aplicación más rigurosa de las leyes laborales y medioambientales.
Corporate Accountability Lab pidió no solo a Estados Unidos, sino a los gobiernos de otros países, prohibir la importación de azúcar y productos derivados que hayan sido elaborados mediante trabajo forzoso en República Dominicana.
Las conclusiones y acusaciones corresponden al informe de Corporate Accountability Lab citado por AP. Central Romana las rechaza y sostiene que cumple las disposiciones laborales nacionales e internacionales. AP