Jean Alain Rodríguez niega instrucciones para actividades irregulares
Santo Domingo, 12 abril – En la audiencia preliminar del caso Medusa, el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, rechazó categóricamente las acusaciones en su contra, afirmando que nunca instruyó para actividades irregulares durante su gestión en la Procuraduría.
Rodríguez se pronunció en respuesta a las declaraciones de Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, quien se declaró culpable en una audiencia previa y afirmó actuar bajo las órdenes del exprocurador.
«Quiero que conste en acta, que en ningún momento instruí ni para temas irregulares, ni para ningún otro tema que ha sido planteado acá utilizando mi nombre, entonces todo eso es absolutamente falso honorable magistrado», declaró Rodríguez en su defensa.
El exprocurador enfatizó que cada persona es responsable de sus propias acciones y que la Procuraduría, al igual que otros ministerios y entidades, cuenta con direcciones que no están bajo su control total.
«La Dirección General y Financiera es una dirección como tal, que no recibe órdenes de un superior jerárquico, aludiendo que la ley no lo contempla y que en sus funciones de procurador no incluía tal función», explicó Rodríguez.
Además, señaló que su papel como procurador no le otorgaba la facultad de destituir al director administrativo, ya que esto correspondía a un consejo. También destacó que de las 30 funciones del procurador, solo una se refiere a supervisar las políticas públicas de la institución.
Por otro lado, Jonathan Joel Rodríguez Imbert admitió haber participado en actividades ilícitas bajo las instrucciones de Rodríguez y Rafael Canó. Afirmó haber recibido órdenes para manipular procesos de licitación en beneficio de personas designadas por ellos, utilizando empresas como Global Tours & Travel SRL, propiedad de Alex Rojas, quien era de su confianza.
Rafael Canó, quien se encuentra fuera del país, no está implicado en el caso, que involucra a 41 personas físicas y 22 razones sociales.
La audiencia preliminar fue llevada a cabo ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Amauri Martínez, y se decidió recesarla hasta una fecha posterior.