Jueza autoriza rastreo de cuentas bancarias en caso de fiscales
Santo Domingo, 11 de octubre – Una jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha dado luz verde al Ministerio Público para investigar las cuentas bancarias y registros telefónicos de fiscales vinculados a una estructura nacional que, a cambio de sobornos, se dedicaba a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
La jueza tomó esta decisión al acoger una solicitud presentada por el Ministerio Público, que lleva a cabo una investigación en contra de los fiscales adjuntos involucrados, cuyos nombres no se mencionan en el informe.
La designación de la jueza como control de las investigaciones que tiene el Ministerio Público en contra de los fiscales adjuntos es parte de un procedimiento establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Hasta ahora, el único fiscal cuyo nombre se ha hecho público en relación a este caso es el titular de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, quien fue suspendido de sus funciones. Sin embargo, también se ha mencionado que podría estar vinculado un fiscal de la jurisdicción de Santiago.
De acuerdo al Ministerio Público, los fiscales y los inspectores de la Dirección de Migración actuaban en complicidad, y los inspectores ocultaban los impedimentos de salidas del sistema por horas, nunca por más de tres días, permitiendo a las personas salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
En este caso, figuran acusados y se imputan cargos a varias personas, incluyendo Mártires Rosario Reyes, Luis Alfredo Astacio Polanco, Alfredo Mirambeaux Villalona, Domingo Julio Santana Sánchez, Rubén Darío Morbán Santana, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Nuñez Santos, Alexander Romanqui Dotel, Pilar Irene Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro.
Entre las acusaciones que pesan sobre el fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario, que llevaron a su suspensión, se encuentran cargos relacionados con el tráfico de mercancías a través de la frontera y mal manejo de expedientes, evidencias y documentos. Además, se le atribuye el uso de bienes propiedad de la institución para el transporte de mercancías de contrabando, incluyendo cigarrillos ilegales.
El fiscal Adriano Rosario es investigado desde el año 2019, según un informe de auditoría interna de la Procuraduría Fiscal de la provincia Independencia. El 9 de agosto se dispuso una medida de coerción contra los imputados en este caso.
