Juicio a funcionarios implicados en Caso Calamar continúa este viernes

Santo Domingo, 31 mar .- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, retoma este viernes la audiencia para conocer de las medidas de coerción contra tres exministros y otros acusados de supuesta corrupción, en la que los fiscales deberán concluir la acusación para dar paso a las defensas de los acusados. 

La tercera audiencia sobre el caso fue recesada el pasado miércoles, tras 10 horas de lectura del expediente acusatorio por parte del Ministerio Público contra 20 apresados, entre los que sobresalen los extitulares de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).

La jueza Kenya Romero dispuso que este viernes los fiscales concluyan la acusación de los imputados de la Operación Calamar, para dar paso a las defensas de los acusados.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados, arrestados desde el 18 de marzo.

«Hemos concluido en un 95 % la presentación de solicitud de medidas de coerción de un total de 2.120 páginas y el viernes concluiremos con este proceso, para el que disponemos de más de 1.700 pruebas y 65 testigos», dijo el fiscal Melvin Romero a los periodistas, tras concluir la audiencia del miércoles. 

Romero aseguró que las pruebas contra los acusados son «superabundantes» y que el Ministerio Público también solicita al tribunal que otorgue al expediente la categoría de complejidad jurídica.

Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.

Desde el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación a la que pertenece la mayoría de imputados, se ha denunciado una politización del caso, declaraciones que han sido negadas por la procuradora general, Miriam Germán Brito.

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