Julio Brache respalda actuación de la Policía frente a prófugos en medio de controversia por más de 40 muertes en operativos
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana considera que los agentes actúan dentro del marco legal cuando son enfrentados por personas perseguidas por la justicia. Sus declaraciones coinciden con un creciente debate sobre el uso de la fuerza policial y los llamados intercambios de disparos.
Santo Domingo, 29 sept,.– El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, expresó su respaldo a las actuaciones de la Policía Nacional durante los operativos de búsqueda y captura de personas prófugas de la justicia, al considerar que los agentes proceden dentro del marco de la ley cuando son enfrentados por individuos armados que se resisten a ser detenidos.
Las declaraciones del dirigente empresarial se producen en momentos en que las intervenciones policiales han generado una amplia discusión pública, luego de que alrededor de 40 personas murieran en operativos durante las primeras seis semanas de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien asumió la dirección de la institución el pasado 17 de agosto.
Brache sostuvo que una parte de las personas perseguidas por las autoridades mantiene órdenes de arresto pendientes y que, cuando los agentes intentan apresarlas, se producen situaciones en las que los sospechosos presuntamente responden con disparos.
En declaraciones recogidas por la periodista Katheryn Luna, del periódico Acento, el presidente de la AIRD manifestó que, a su entender, la Policía está actuando conforme a la legislación vigente, particularmente cuando sus integrantes deben responder a agresiones armadas durante el cumplimiento de sus funciones.
El empresario estableció una diferencia entre quienes enfrentan a los agentes y aquellos que optan por entregarse voluntariamente. Señaló que, en los casos de entrega pacífica, los organismos policiales proceden a detener a los requeridos y ponerlos a disposición de las instancias judiciales correspondientes.
En ese sentido, recordó que se han producido entregas de personas buscadas por las autoridades sin que se registren enfrentamientos, lo que, según explicó, permite que los involucrados sean sometidos al procedimiento legal establecido.
Respecto a quienes responden con armas de fuego durante los operativos, Brache consideró que se exponen a las consecuencias de un enfrentamiento armado, incluida la posibilidad de resultar heridos o perder la vida.
Sus planteamientos constituyen una posición de respaldo a las actuaciones policiales, aunque las circunstancias particulares de cada fallecimiento y la legalidad del uso de la fuerza corresponden a las investigaciones de los organismos competentes.
Más de 40 fallecimientos durante las últimas seis semanas
De acuerdo con un recuento publicado por Acento el 28 de septiembre, alrededor de 40 personas habían fallecido en intervenciones policiales durante los primeros 43 días de la gestión de Rodríguez García, con una concentración significativa de casos durante la segunda mitad de septiembre.
El medio señala que entre el 18 y el 25 de septiembre se registraron 23 fallecimientos y que, solamente el día 25, la Policía informó sobre siete muertes ocurridas en distintas intervenciones durante aproximadamente 24 horas.
Por su parte, Noticias SIN informó el 27 de septiembre que al menos 40 personas señaladas como presuntos delincuentes habían muerto durante el mes en actuaciones de agentes policiales, de acuerdo con los reportes institucionales.
Las autoridades han explicado reiteradamente que los fallecidos eran requeridos por su presunta participación en homicidios, atracos, robos, agresiones y otros hechos delictivos, y que durante los operativos habrían enfrentado con armas de fuego a las patrullas que intentaban detenerlos.
Abinader advierte que continuarán las operaciones de búsqueda
Las declaraciones del presidente de la AIRD coinciden con el pronunciamiento realizado el lunes por el presidente Luis Abinader, quien advirtió que las personas con órdenes de arresto pendientes deben entregarse voluntariamente, porque las autoridades continuarán buscándolas para evitar que cometan nuevos delitos.
Durante LA Agenda Semanal, el mandatario sostuvo que algunos de los individuos perseguidos acumulan tres y cuatro órdenes de arresto y que existe una lista de personas requeridas por la justicia cuya localización constituye una prioridad para los organismos de seguridad.
Abinader también expresó preocupación por quienes exhiben armas de fuego y realizan disparos en videos difundidos a través de las redes sociales, conducta que interpretó como un desafío a las autoridades.
Defensor del Pueblo reclama respeto a la vida y al debido proceso
En contraste con la posición expresada por Brache, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha cuestionado la cantidad de personas fallecidas durante los denominados intercambios de disparos y ha insistido en que el combate contra la delincuencia debe desarrollarse respetando las garantías constitucionales.
Ulloa recordó que el artículo 37 de la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y advirtió que la responsabilidad de determinar la culpabilidad de una persona y establecer las sanciones correspondientes recae exclusivamente sobre los tribunales.
También manifestó preocupación por la posibilidad de que personas inocentes pierdan la vida durante este tipo de intervenciones y planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de investigación y control de las actuaciones policiales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Manuel María Mercedes, también ha reclamado investigaciones sobre los fallecimientos y anunciado que acudirá a organismos internacionales para denunciar las actuaciones que considera contrarias a los derechos fundamentales.
De esta manera, el respaldo del presidente de la AIRD se incorpora a una discusión nacional en la que convergen las exigencias ciudadanas de mayor seguridad frente a la criminalidad, las posiciones favorables a una actuación policial más firme y los reclamos de que toda intervención de los organismos de seguridad esté sometida al cumplimiento de la Constitución, las leyes y el debido proceso.