Justicia frena el desalojo urgente de la acampada de Sol y el Gobierno busca recuperar los decretos de vivienda

MADRID, 5 de octubre de 2026.— El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó este lunes ordenar, sin escuchar previamente a la Delegación del Gobierno, el desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol, como había solicitado el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.
La decisión coincide con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de volver a aprobar este martes los dos decretos leyes sobre vivienda rechazados la semana pasada por el Congreso, en un nuevo escenario parlamentario tras el anuncio de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
En el caso de la acampada, la sección sexta de lo Contencioso-Administrativo reconoció que concurren circunstancias de especial urgencia, pero consideró que no puede adoptar una decisión con las debidas garantías sin oír antes a la Administración General del Estado.
El tribunal no entró en el fondo del recurso ni resolvió definitivamente sobre la procedencia del desalojo. Su decisión se limita a rechazar la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid, que pretendía una intervención inmediata sin audiencia previa de la otra parte.
Los magistrados tuvieron en cuenta la posible afectación del derecho fundamental de reunión de las personas acampadas y el carácter irreversible de las consecuencias que podría provocar una actuación policial para retirarlas de la plaza.
En particular, señalaron que, si los participantes se negaran a abandonar el lugar, el desalojo podría exigir medidas de “compulsión física” por parte de las fuerzas de seguridad. Esa posibilidad hace necesario conocer el criterio, las alegaciones y los motivos de la Delegación del Gobierno antes de decidir.
No obstante, debido a las circunstancias concretas del caso, el TSJM acortó el plazo para que la Delegación presente su escrito hasta este miércoles, a las 9:00 de la mañana.
En su argumentación, el tribunal recordó que las intervenciones destinadas a mantener o restablecer la seguridad ciudadana durante reuniones y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas. También subrayó que la disolución de esas concentraciones debe constituir el último recurso.
El Gobierno de Ayuso había acudido a los tribunales al considerar que la Delegación del Gobierno se negaba a ordenar una actuación de la Policía Nacional frente a lo que calificó como una ocupación ilegal del espacio público.
El Ejecutivo regional sostuvo, además, que no se habían adoptado medidas suficientes para proteger de daños la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, ni la estatua del Oso y el Madroño.
Entre los argumentos para solicitar el desalojo también incluyó los perjuicios al turismo y al comercio, la supuesta falta de condiciones de higiene y la alteración de los actos previstos para la celebración del 12 de octubre.
Antes de presentar el recurso, la Comunidad de Madrid había enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que le reprochaba su “inacción” y le concedía 48 horas para desalojar la plaza.
Martín respondió que se estaban desarrollando las actuaciones procedentes y aseguró que la acampada mantenía pleno respeto al ordenamiento jurídico.
Tras conocerse el auto, la Delegación del Gobierno valoró positivamente la decisión y reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y el derecho fundamental de reunión.
La institución explicó que sus actuaciones buscan prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio, garantizar la convivencia y permitir el ejercicio de los derechos. También insistió en que ninguna presión política puede sustituir los requisitos legales necesarios para limitar un derecho fundamental.
Asimismo, instó al Gobierno regional a respetar las garantías constitucionales y a asumir sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna.

Mientras continúa la disputa por la acampada, el Ejecutivo nacional prepara una nueva aprobación de los decretos leyes de vivienda que no consiguieron el respaldo del pleno del Congreso la semana pasada, cuando Junts se sumó al rechazo del Partido Popular y Vox.
Fuentes del Gobierno indicaron que la intención es llevar nuevamente ambos textos al Consejo de Ministros de este martes, después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral al 29 de noviembre.
Si los decretos vuelven a aprobarse, deberán ser convalidados por el Parlamento en el plazo de un mes. Con el Congreso disuelto, esa función correspondería a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas atribuciones de la Cámara entre legislaturas.
Su composición ofrece al Gobierno una posibilidad de recuperar al menos el decreto que contenía el grueso de las medidas de vivienda, sin necesitar el apoyo de Junts.
La Diputación Permanente está integrada por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El PP dispone de 27 representantes; el PSOE, de 24, que junto con Armengol suman 25; Vox y Sumar cuentan con seis cada uno. ERC, PNV, Junts, EH Bildu y el Grupo Mixto tienen un representante por formación. El puesto del Mixto corresponde a Podemos.
Si los grupos mantienen el sentido de su voto anterior, las formaciones que respaldaron el primer decreto reunirían 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Esa diferencia permitiría convalidarlo.
El segundo decreto, relativo a la renovación automática de los contratos de alquiler, afrontaría mayores dificultades. Si se presenta nuevamente con el mismo contenido y se repiten las posiciones de la votación anterior, no saldría adelante porque el PNV también se opuso a ese texto.
De este modo, la recuperación de las medidas dependerá tanto de la decisión del Consejo de Ministros como del contenido de los nuevos decretos y del respaldo que obtengan en la Diputación Permanente.

Fuente: Agencia EFE