La confianza en las instituciones: señal de alerta para la democracia dominicana

Por Juan Temístocles Montás
La Tercera Cumbre Ministerial sobre Gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrada en Asunción, Paraguay, en noviembre de 2025, sirvió de escenario para presentar la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe. Más que medir la popularidad de los gobiernos, esta investigación ofrece una radiografía de la salud de los regímenes democráticos de la región.

Los resultados son inquietantes. Apenas el 35.2% de los latinoamericanos manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno. La confianza en el Congreso alcanza solo el 27.5%; en el Poder Judicial, el 35.5%; en el sistema electoral, el 39.1%; y en los partidos políticos, apenas el 19.5%.Ninguna de las principales instituciones democráticas logra generar confianza en la mitad de la población.

Este deterioro de la confianza en las instituciones ocurre en un contexto donde la delincuencia y la inseguridad constituyen la principal preocupación de los ciudadanos (60%), seguidas por la corrupción (49%), el desempleo (39%), la inflación (36%) y la pobreza y la desigualdad (31.2%).

La República Dominicana presenta indicadores relativamente mejores que el promedio regional, pero ello no debe conducir a la complacencia. El 38.9% de los dominicanos expresa confianza en el gobierno; el 36.7% en el Congreso Nacional; el 38.6% en el Poder Judicial; el 44.8% en el sistema electoral; y apenas el 20.8% en los partidos políticos. En todos los casos se repite el mismo patrón regional: ninguna institución democrática alcanza el respaldo de la mitad de la ciudadanía.

El contexto nacional explica buena parte de estos resultados. Para el 48.5% de los encuestados, la delincuencia y la violencia figuran entre los tres principales problemas del país; les siguen la corrupción (41.05%), la inflación (40.21%), el desempleo (32.3%) y la pobreza y la desigualdad (26.3%).

Sin embargo, el dato más revelador no es que el 38.9% confíe en el gobierno, sino que el 47% manifiesta poca o ninguna confianza, mientras apenas un 13% mantiene una posición neutral. Es decir, la desconfianza ya supera claramente a la confianza. Lo mismo comienza a observarse en otras instituciones fundamentales del régimen democrático.

Dos cifras merecen una atención especial. La confianza en los partidos políticos apenas alcanza el 20.8%, reflejando que el descontento ciudadano no se dirige únicamente contra el gobierno de turno, sino sobre el conjunto del sistema de representación. Más preocupante aún es la confianza en la Policía, de apenas 27.7%, muy inferior al promedio regional de 43.7%. Cuando la institución responsable de garantizar la seguridad inspira tan poca confianza, aumenta la disposición de la ciudadanía a respaldar soluciones extraordinarias y liderazgos que prometen resultados inmediatos, aunque ello implique concentrar más poder en el Ejecutivo.

Otro dato significativo es que las Fuerzas Armadas registran un nivel de confianza de 54.6%, superior al de todas las instituciones civiles. Ello no constituye una anomalía exclusivamente dominicana, pero sí refleja una tendencia preocupante: cuando las instituciones vinculadas al orden reciben mayor respaldo que las instituciones representativas, la sociedad comienza a privilegiar la eficacia sobre los equilibrios propios de la democracia liberal.

La experiencia internacional demuestra que las democracias no suelen colapsar de manera repentina. Se erosionan gradualmente cuando dejan de responder a las preocupaciones fundamentales de la población. Es entonces cuando amplios sectores ciudadanos empiezan a considerar que el orden, la seguridad y la eficacia son más importantes que los procedimientos, los contrapesos institucionales o las garantías democráticas.

La República Dominicana todavía está a tiempo de evitar ese camino. Pero ello exige que toda la dirigencia política —gobierno, oposición y sociedad civil— comprenda que la principal amenaza para la democracia no proviene únicamente de quienes cuestionan sus instituciones, sino también de la incapacidad de esas instituciones para ofrecer seguridad, combatir la corrupción, contener el costo de la vida y mejorar las condiciones de bienestar de la población.

La principal advertencia que deja esta encuesta es clara: cuando la democracia deja de producir resultados, comienza a perder legitimidad. Y cuando pierde legitimidad, amplios sectores de la ciudadanía empiezan a respaldar soluciones que, aunque surjan dentro de las reglas democráticas, terminan debilitando sus propios contrapesos institucionales. Así comienzan a abrirse paso las democracias iliberales. La mejor forma de impedirlo sigue siendo la misma: fortalecer, con resultados concretos, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.