La deuda externa ¿a quién compromete?
Siempre se constituye en una preocupación cuando el endeudamiento externo del país entra en un ciclo acelerado de crecimiento, no solo por los compromisos en términos de recursos públicos que se deben erogar para amortizar el capital, más aun por el aumento de los intereses de la deuda que tienden a desangrar los recursos del presupuesto público y esto tiene sus implicaciones en términos de las inversiones públicas en infraestructura y políticas sociales.
Claro es conocido que los ingresos del presupuesto público no son suficientes para cubrir las demandas tanto de gastos corrientes del gobierno, así como para la creciente demanda de inversiones públicas por parte de la población; sobre todo entre el año 2020 y 2021, que nos afectó, así como a todo el mundo, la pandemia del COVID-19.
Para el año 2014 el monto total de la deuda externa del país fue de 16,435.7 millones de dólares y ya para el año 2018 había pasado a 21,564.6 millones de dólares.
Hemos visto en los medios de información a Diputados de la oposición manifestarse en contra del endeudamiento acelerado del país y en esta semana estos se han expresado, denunciando que, desde agosto del año 2020 hasta noviembre del 2022, se han aprobado en el congreso contratos de préstamos por un valor de 2,949 millones dólares.
No es para menos, pues desde el al año 2020 al 2021 la deuda pública consolidada pasó de cerca de 56,000 millones de dólares a más de 59,000 millones de dólares y aún se mantiene en el congreso un proceso de aprobación de más préstamos, que al ritmo que ha ido compromete tanto las finanzas públicas como la soberanía misma del país. Pero antes de la pandemia la deuda era de alrededor de 48,000 millones de Dólares.
Pero ya que la pandemia ha pasado y aunque ha dejado sus secuelas en términos del desempeño de la economía y sobre todo de la economía publica, es necesario reorientar el barco, pues se puede presentar la tormenta de la insostenibilidad de la deuda y lo menos que se desea en el futuro inmediato es que el país caiga en una situación de impago de la deuda.
Porque la deuda manejada de forma inadecuada compromete el futuro inmediato y mediato del país, afectando a los sectores más desfavorecidos, que de por sí ya han estado siendo muy afectados por el fenómeno de la inflación y el deterioro de los servicios públicos.
La experiencias pasadas nos indican que cada vez que un país se ve en la imperiosa necesidad de renegociar la deuda externa, esto redunda negativamente en el bienestar de la población del país, puesto que la renegociación además que implica un aumento de los intereses sobre la deuda a futuro.
La situación antes señalada obligaría al gobierno a someter el gasto público a un plan de austeridad y los componentes del presupuesto público que salen más afectados son las inversiones públicas y los programas sociales, que debe desarrollar el gobierno a para mitigar los efectos que producen tanto los aspectos coyunturales, nacionales e internacionales, como pandemias y tormentas.
También se agregan aspectos de carácter estructural que se reproducen en términos de distribución de las riquezas y que impacta en la profundización de la pobreza tanto de ingresos, como las brechas que se amplían en términos de acceso de la población a servicios de salud, educación, agua potable y los programas de protección social.
Se debe entonces mejorar la eficiencia en la gestión de la deuda pública, para reducir dichas brechas, que reproducen como un círculo vicioso los niveles de desigualdad económica y social. Máxime aun, pues la Republica Dominicana, así como otros países, es compromisaria de cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenibles conocida también como agenda 2030, como una manera de reducir los niveles de pobreza y sobre todo abolir la pobreza extrema
