La fiscal Antidroga advierte del riesgo de legalizar el uso recreativo del cannabis
Madrid, 22 mayo (agencias).- La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, está en contra de legalizar el uso recreativo del cannabis porque la experiencia demuestra que con ello aumenta el consumo y se banaliza el riesgo de una droga cada vez más dañina debido a las altas concentraciones de su principal componente psicoactivo, el THC, a través de la manipulación genética.
En cambio, sí que está a favor de regularizar su uso para fines terapéuticos, como sucede con otras sustancias como el opio, la planta de la que se extrae la heroína, pero también la morfina, utilizada desde hace años con fines medicinales en la Sanidad española.
En este sentido, ve con buenos ojos el anuncio que ha hecho el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, de que antes de verano estará preparada una regulación del uso medicinal del cannabis, según ha explicado en una entrevista con EFE cuando cumple un año al frente de Antidroga, siendo la primera mujer en dirigir una Fiscalía Especializada.
En contra de la legalización
“La legalización del uso recreativo a mí no me parece bien, pero no es que no me parezca bien a mí, no le parece bien a los médicos, no le parece bien a los psiquiatras y no le parece bien al JIFE, la Junta Internacional de Estupefacientes, que este año en su informe ha alertado sobre la banalización del uso del cannabis, y ha manifestado que la legalización, donde se ha dado, conduce a un mayor consumo y a la minimización de la percepción del riesgo”.
Este organismo, añade, ha alertado además de la enorme extensión y difusión de esta sustancia, que, advierte Morán, está presentando, debido a “modificaciones genéticas”, unas concentraciones de THC muy altas, del 20 %, cuando lo que es permitido para, por ejemplo, la producción del cáñamo es del 0,3 %”.
“Pensar que alguien pueda estar fumando cannabis con una concentración del 20 % de THC y que sea un chico de 14, 15, 16 años, me parece muy preocupante para la salud pública y para la salud de esas personas”, respecto a las que ha aumentado, sobre todo en los jóvenes, las intervenciones psiquiátricas, ha observado.
Ante esta circunstancia, la Fiscalía Antidroga ha planteado en su memoria anual si no cabría que estudiar “si esta sustancia, que está como calificada que no causa grave daño a la salud, en las concentraciones en que se está produciendo sí lo causa”.
España, primer productor de cannabis de la UE
La fiscal jefa Antidroga pone el foco en la “banalización” de los efectos de una droga de la que España se ha convertido en el principal productor de la Unión Europea.
“Es un negocio y está muy vinculado a la delincuencia organizada y se están instalando aquí bandas internacionales para la producción del cannabis con ‘vuelcos’, con una violencia importante y con tenencia de armas”, ha expuesto, al apuntar que se ha identificado que detrás de esos cultivos hay bandas internacionales de ciudadanos chinos, albaneses y de otros países.
Y es que, “ya no se trata de una producción nacional, sino que los que vienen a producir aquí son bandas internacionales de delincuencia organizada, que lo que buscan es beneficiarse económicamente de una sustancia que en la creencia general parece que no sea tan perjudicial”, ha lamentado.
Respecto a sus relaciones con Marruecos, principal productor del cannabis que se introduce en España, Morán, que antes de llegar a Antidroga ejercía como fiscal de Sala de Cooperación Internacional, ha asegurado que son buenas y que de hecho está dirigiendo un “hermanamiento” entre la Fiscalía General del Estado y la marroquí.
No obstante, ha considerado que esa relación “es mejorable en la parte de investigación”, y ha desvelado que Marruecos tiene una regulación “muy importante de la producción del cannabis” y cuenta incluso con una agencia nacional en esta materia. “Lo que pretenden es una exportación regulada de lo permitido”, ha observado.
Su intención ahora, ha indicado, es crear un grupo de trabajo con Marruecos para conseguir una mayor colaboración en el control de la salida del hachís con destino a las costas españolas, principalmente a través de Algeciras (Cádiz), si bien la presión policial y judicial en esa zona ha provocado que las mafias se desvíen a otros puntos como Huelva, o por el Guadalquivir e, incluso, por el Delta del Ebro.
