La formalización del trabajo doméstico

Por MAGDALENA RATHE 

He visto con beneplácito la iniciativa del gobierno de formalizar el trabajo doméstico. Creo que es un paso muy importante transparentar y regular los horarios, los salarios, las vacaciones, las licencias y el aseguramiento de ese grupo laboral tan importante y necesario en nuestra sociedad.

Con esta iniciativa, además, se intenta poner a funcionar el régimen contributivo-subsidiado de la seguridad social, que no fue implementado nunca en las dos décadas que lleva aprobada la legislación sobre el tema. Si bien es cierto que no se adapta exactamente a lo que indica la ley, es un primer paso y puede ser una de las modificaciones que se introduzcan en la misma.

Sin embargo, creo que el gobierno ha quedado corto en los beneficios que asigna a las trabajadoras domésticas en el caso de salud:

• Tienen derecho al PBS/PDSS, el cual, teóricamente, sabemos que no es igual para todo el mundo, aunque así rece en la ley.
• Se mantienen en el régimen subsidiado, el cual, tal como todos sabemos, no tiene la misma calidad que la del régimen contributivo. La red pública – principal proveedora del régimen subsidiado – sigue teniendo graves problemas de calidad por una pobre gestión, falta de consecuencias ante los que incumplen y ninguna relación entre los pagos y el desempeño.
• Además, dado que la cobertura actual de la seguridad social es del 98%, ya todas esas personas estaban en el régimen subsidiado. O sea, su situación no cambia, a pesar de que ahora tendrán más financiamiento, pues se añaden los aportes del empleador y del trabajador.
• Podría decirse que los $5,000 en medicamentos es una ventaja. Pero si se implementara el primer nivel de atención con la propuesta realizada por la SISALRIL en 2018, todos los medicamentos esenciales más los correspondientes a hipertensión y diabetes estarían incluidos – sin copagos – en el primer nivel de atención al que se estuviera adscrito. Esto para toda la población, independientemente del régimen al que esté afiliado.

En lo concerniente al régimen previsional, la pensión solidaria por vejez del régimen subsidiado, ya la tienen, o sea, es lo mismo. Sí se añaden otros beneficios: subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia, lo cual constituye una protección adicional muy importante para esta población.

Me parece inexplicable por qué ha habido esa resistencia durante muchos gobiernos a implementar adecuadamente el primer nivel de atención, que resolvería tantos problemas a bajo costo. Tampoco ha habido voluntad para poner a funcionar el régimen contributivo-subsidiado.

A principios del milenio hubo una iniciativa para pilotear el régimen contributivo-subsidiado, dentro de un proyecto financiado por el BID que administraba la CERSS. Ese piloto se llamó Fondo de Solidaridad (FONSOL).

El informe de evaluación de ese préstamo (Modernización y reestructuración del sector salud), realizado por Alejandro Moliné, dice lo siguiente:

“El FONSOL fue concebido para financiar de tres a cinco subproyectos con una cobertura a 50,000 trabajadores de bajos ingresos del sector informal y sus familias, ubicados en zonas urbanas de Santo Domingo. Se intentaba poner a prueba un modelo diferente de financiamiento, organización y prestación de servicios que pudiera servir de base para el diseño y la ejecución de un sistema reformado de seguridad social”.

Específicamente, se intentaba hacer un piloto del régimen contributivo-subsidiado.

“El FONSOL financiaría un conjunto ampliado, semi-integral de servicios preventivos, curativos y hospitalarios, con énfasis en servicios de atención materno-infantil. Se estimó que el costo anual per cápita de este conjunto de servicios ascendería a US$54 y que los beneficiarios aportarían un 50% del costo, mediante pagos de primas y/o co-pagos. Los beneficiarios de ingresos más altos pagarían más. Los beneficiarios escogerían las redes de proveedores integradas, certificadas y provenientes principalmente del sector privado”.

El paquete era más limitado que el del régimen contributivo. No tendrían el “paquete igual para todo el mundo independientemente del régimen de financiamiento”, como dice la ley, lo cual es maravilloso en términos de equidad y de ética, pero que jamás se ha podido cumplir.

Este piloto nunca se implementó. El gobierno decidió “pensarlo” y finalmente los recursos se asignaron a otros fines. Triste realidad en un país donde la mitad de los trabajadores se ubican en el sector informal.

En definitiva, aplaudo la iniciativa de formalizar el trabajo doméstico y la de dar los primeros pasos en la implementación del régimen contributivo-subsidiado. Pero sigo insistiendo en que la tarea más importante que el gobierno debería asumir es la de implementar el primer nivel de atención a nivel nacional, siguiendo los lineamientos del piloto de hace 20 años que fue tan exitoso: el FONAP. Volveré sobre este tema más adelante.

Los artículos de este blog y otros estudios e informaciones sobre sistemas de salud, financiamiento, cambio climático y resiliencia pueden consultarse en: http://fundacionplenitud.org

Publicado originalmente en Acento