La larga historia de las protestas vistas como armas opositoras
Felipe Ciprián
Santo Domingo, RD
El señor ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, ha denunciado –sin presentar ninguna prueba hasta hoy- que las protestas reivindicativas que van surgiendo en el país son “financiadas” por la oposición con el propósito de crear problemas al gobierno.
Esa declaración me recuerda la retahíla de denuncias de presidentes y funcionarios de todos los gobiernos que siempre han tratado de acallar la protesta ciudadana con la acusación de que se trata de acciones políticas contra un gobierno legítimo.
Vana ilusión de ministros y gobernantes, puesto que cuando la gente no aguanta una situación de indolencia gubernamental, la protesta surge o estalla sin que la oposición la convoque y mucho menos pueda contenerla.
¿Cuál oposición?
Peor aun, hace tiempo que en este país la oposición se ha vuelto puramente electoral y su práctica política se reduce a la denuncia, y en elecciones, a tratar de que la gente vaya a votar por ellos. Nada más.
Parece insólito, pero los opositores renuncian a sus derechos ciudadanos para reducirse a meros competidores por puestos electorales. Eso no es oposición y mantengo que ella no existe desde los partidos.
Más elocuente fue Jacobo Majluta, quien en momentos en que las alzas de combustibles desataron las protestas masivas en la capital y que la represión policial mató al periodista Marcelino Vega, el 7 de abril de 1981, su advertencia fue de que “a los conspiradores (quienes protestaban) les vamos a dar candela”, pero se volvió electoralmente en su contra.
Efectivamente, era el gobierno de Antonio Guzmán y Majluta era el vicepresidente, quienes tenían la estela de darle un protagonismo sinigual a la oligarquía en su administración, aplastando a los sindicatos de Codetel, Metaldom, Leche Fresca, embistiendo a la ADP (que resistió el golpe y sobrevivió) al igual que Poasi y Fenticommc.
Además de la represión perredeísta contra los sindicatos, el entonces llamado partido de la esperanza nacional (PRD) se encargó de crearle organizaciones paralelas a la Central General de Trabajadores (CGT), a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y al Movimiento Campesino Independiente (MCI), todas entelequias que zozobraron al calor de la lucha popular y la derrota electoral del propio Majluta en 1986.
A Jacobo Candela le costó caro
Las amenazas de Majluta y demás funcionarios no anestesiaron al naciente y vigoroso movimiento social que se fue a la calle contra las medidas dispuestas por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en la Semana Santa de 1984 por orden del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los días 23, 24 y 25 de abril fueron de intensa lucha social en todo el país contra la carestía de los alimentos, la precariedad de los servicios de salud y la indolencia gubernamental, que tan indolente fue, que lanzó los militares a la calle dejando un saldo de 300 asesinatos, 5,000 heridos de bala y 18,000 presos en todo el territorio nacional.
Así rendía el glorioso PRD sus banderas populares masacrando a su propio pueblo que tantas jornadas gloriosas rindió a su lado en lucha por la libertad y la justicia social.
Pero ese atrevimiento de coartar la protesta popular y “darle candela” al mismo pueblo que llevó al poder al perredeísmo, padre directo del PRM que ahora gobierna, le costó carísimo.
A lo largo del año 1984 y 1985 el país vivió cinco huelgas generales con paralización total de actividades y en las elecciones de 1986, el PRD era sacado del poder por el rechazo de la población aunque tuviera que soportar el retorno de Joaquín Balaguer, porque el entonces PLD y la izquierda, no fueron capaces de presentar una alternativa que recogiera el descontento popular levantado por las grandes manifestaciones iniciadas en abril de 1984.
Majluta, quien prometió “candela” para quienes protestaron desde que el gobierno perredeísta se puso al lado de la oligarquía y fue quebrando la agropecuaria nacional, estimulando las importaciones y la migración del campo a la ciudad y de ambos espacios hacia el exterior, fue el gran derrotado y como resultado neto cosechó otra división del PRD y 14 años en la oposición.
¿La historia se repite?
El actual presidente Luis Abinader, Jesús Vásquez y la cúpula del PRM saben tanto como yo de qué manera y del bolsillo de quiénes se pagaban los cientos de autobuses que llegaban a la capital desde ciudades del Cibao, el Este y el Sur del país para participar en las manifestaciones legítimas y pacíficas de la Marcha Verde contra la corrupción.
Si alguno de ellos desembolsó dinero, hicieron muy bien si era con el propósito de atacar la corrupción y beneficiarse políticamente del desgaste del gobierno de Danilo Medina-PLD.
No hay dudas de que las grandes movilizaciones de la Marcha Verde fueron canalizadas electoralmente en 2020 por el PRM y su candidato Abinader, lo que creó condiciones para que la expectativa de cambio político se materializara en las elecciones.
Naturalmente, los marchaverdistas no sabían ni esperaban que con la “Operación Remate” de políticos y empresarios se iba a arrojar afuera a Leonel Fernández, los pequeños partidos que lidera José Francisco Peña Guaba, entre otros, cooptando a los “líderes cívicos para el gobierno” para después acusar la protesta de servir a la oposición.
Lo que no sabía la amplia masa de marchaverdistas era que algunos de sus dirigentes conspicuos se iban a montar en el gobierno del PRM, iban a cerrar sus bocas ante los desaciertos y bobadas cometidas, y además aceptarían que cualquier protesta reivindicativa del presente contra la inflación, carestía de combustibles, vacuna obligatoria, reclamo de obras comunitarias, iban a ser consideradas una agenda de la oposición.
Tampoco esperaban que una opción electoral que fue votada por una gran cantidad de empleados públicos peledeístas que aceptaron el “cambio” para detener la corrupción y el continuismo peledeísta, iba a ser botada masivamente de sus empleos en el gobierno del PRM.
De ninguna manera podía esa masa suponer que el gobierno sería copado por la élite empresarial que forzaría de inmediato y con la pandemia una reforma impositiva que ha sido necesario derrotar en dos ocasiones, entregar el patrimonio a la oligarquía y rellenar con subsidios de todo tipo el negocio turístico en bancarrota en todo el mundo.
Por ahí va el país enseñando el refajo como si estuviera dispuesto a repetir en el 2022 con el nuevo PRD en el poder, los episodios penosos y costosos de 1984, que no fueron solamente el descrédito y el desalojo del poder, sino, además, el desfile semanal por los tribunales y los alojamientos en la vieja cárcel del ensanche La Fe.
Quienes no aprenden la historia, en este caso reciente, están condenados a hacerla de nuevo, si no como comedia, como tragedia.
