La protección de migrantes contra la violencia es escasa
VIENA, 24 Dic – Las personas migrantes suelen sufrir violencia extrema, tortura, violación y secuestro a manos de los traficantes durante la travesía o periodos de cautiverio que llegan a padecer, reconoció un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) divulgado este miércoles 22.
“Nuestra investigación demostró que la violencia es utilizada por las personas traficantes u otros autores como una forma de castigo, intimidación o coerción, y a menudo infligida sin razón aparente”, dijo Morgane Nicot, directora de desarrollo del conocimiento en la Sección de Trata de Seres Humanos de la ONUDD.
A pesar de la gravedad de estos delitos, la respuesta de las autoridades en la materia es escasa y, peor aún, en algunos casos, los funcionarios son cómplices de estos abusos, admitió el informe tras estudiar rutas de tránsito de África occidental y septentrional, el mar Mediterráneo y América Central.
El informe “Abuso y abandono: una perspectiva de género sobre los delitos agravados del tráfico ilícito de migrantes y su respuesta”, estudió los diferentes tipos de violencia infligida a hombres y mujeres, y presenta factores y motivaciones que conducen a los atropellos que agravan el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Los hombres migrantes “son sometidos principalmente a trabajos forzados y violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a la violencia sexual, lo que provoca embarazos no deseados y abortos. Todos los géneros pueden sufrir un trato inhumano y degradante”, observó Nicot.
El tráfico de migrantes, recordó el reporte, es una actividad delictiva que consiste, a cambio de un pago para el traficante, en organizar cruces fronterizos de manera ilícita para personas que están desesperadas por abandonar sus países de origen pero que encuentran barreras en el acceso a medios lícitos para emigrar.
Estas personas pueden huir de una catástrofe natural, un conflicto, persecución o violencia de género. También pueden ser motivadas por la necesidad de oportunidades de empleo, educación y reagrupación familiar.
Ese tráfico “es facilitado por personas, hombres y mujeres que se organizan de maneras muy variadas. No todo el tráfico es llevado por redes”, recordó en la presentación del informe Gabriela Sánchez, investigadora de Justicia Criminal de la estadounidense Universidad Texas A&M International.
Por ejemplo, en América Central puede tratarse de “personas operando de manera individual y realizando actividades como transportar personas en sus propios autos, albergarlos en sus casas”.
También, de “grupos de personas indígenas o desplazadas que generan recursos de su conocimiento del territorio, o de grupos con recursos que permiten transportar personas por aire y con documentos oficiales, legítimos”, expuso Sánchez.
Está documentado el trágico destino de los miles de personas migrantes objeto de tráfico ilícito que cada año mueren en el mar, perecen en los desiertos o se asfixian en los contenedores: 4236 en 2020 y 4470 en lo que va de 2021, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las entrevistas a las personas migrantes traficadas y los reportes de los socios de la ONUDD que trabajan directamente con esas víctimas de abusos confirman que el uso de la violencia está muy extendido en determinadas rutas de tráfico ilícito.
Sin embargo, hay pocas pruebas de que estos delitos den lugar a investigaciones o procedimientos judiciales, especialmente en los países de tránsito donde se cometen.
Algunas personas migrantes son reacias a denunciar los abusos por temor a ser tratadas como delincuentes por su estatus migratorio irregular o por haber abortado, mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio o con miembros del mismo sexo, actos que están penados en algunos países.
“Las personas migrantes tampoco denuncian porque una parte importante de los abusos provienen de funcionarios públicos implicados en la operación de tráfico de migrantes”, destacó Nicot.
Carlos Pérez, oficial de prevención del delito de la ONUDD, dijo que con las restricciones por la pandemia covid-19 y los huracanes de finales de 2020, en América Central las rutas y la actividad de las redes de traficantes se han hecho más complejas, incrementando los riesgos de violencia y abuso.
“Las dificultades encontradas por los traficantes en las rutas configuran un delito en el cual el crimen organizado se aprovecha de las dinámicas de las comunidades locales en forma de mercantilización y control de la ruta”, apuntó Pérez.
Precisó las comunidades nativas y las poblaciones en situación de desplazamiento son “instrumentalizadas por las redes para facilitar los cruces y el paso terrestre y sacar provecho del conocimiento territorial de los cruces fronterizos”.
En otro ejemplo, sobre África, un estudio mostró que 85 % de 3000 migrantes que llegaron a Italia entre 2014 y 2020, después de cruzar el Sahara y transitar por Libia, sufrieron en ese último país torturas y tratos inhumanos o degradantes.
El informe subraya que “a partir de los datos disponibles, parece haber una falta generalizada de consideraciones de género en las respuestas de los Estados”.
La ONUDD ofrece orientación a los profesionales de la justicia penal sobre cómo investigar y enjuiciar los casos de violencia y abuso durante las operaciones internacionales de tráfico ilícito de migrantes, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de seguridad y vulneraciones de derechos.
También hace una serie de recomendaciones para que los Estados miembros de la ONU respondan con eficiencia al tráfico ilícito de migrantes y, al mismo tiempo, protejan a esas personas y procesen ante la justicia a más traficantes para terminar con la impunidad que rodea estos delitos.
Se alienta a los Estados miembros a que se adhieran al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, y aborden esa ilicitud en su legislación y políticas migratorias.
En particular, se pide que consideren la gravedad de circunstancias del tráfico ilícito que puedan poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes, o que impliquen situaciones inhumanas o degradantes, y que por ejemplo se impongan sentencias más severas a los contrabandistas.
El estudio encontró que las autoridades de justicia penal pueden carecer de información sobre agravantes del tráfico ilícito y sus vínculos con consideraciones de género, por lo que además recomienda abundar en la recopilación de datos proporcionados por las personas afectadas como víctimas.
