La transparencia como aliada de la democracia
José Manuel Arias M.
Como es sabido uno de los principios fundamentales de la democracia estriba en la participación de la ciudadanía en todo lo que concierne a las decisiones políticas; decisiones en las que participa la ciudadanía a través de diversos mecanismos, cual es el caso del “ejercicio del voto, la afiliación a los partidos políticos y la afiliación a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles o movimientos”.
Otros mecanismos de participación en toda sociedad democrática consisten en las solicitudes que hacen los ciudadanos sobre la rendición de cuentas a las autoridades, que es dicho sea de paso uno de los pilares de la democracia, habida cuenta de que esta “promueve la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades”, pero que sobre todo “procura la justicia y el bienestar de la sociedad”.
Bajo esos parámetros es claro que “los gobiernos democráticos”, y obviamente los líderes políticos que se dicen ser abanderados de la democracia, deben reunir determinadas características para poder encajar en el perfil de un demócrata; perfil que encuentra su mayor manifestación precisamente en la rendición de cuentas. Así las cosas es obvio que todo demócrata debe estar comprometido con la transparencia; lo contrario sería un discurso vacío.
Esto así porque a diferencia de lo que ocurre en los regímenes autoritarios “en la democracia las autoridades están obligadas por ley a rendir cuentas a los ciudadanos, bien sobre la administración y uso de los recursos económicos, bien sobre la aplicación de políticas públicas en cualquier área. Se trata, pues, de un principio de responsabilidad institucional”.
En ese sentido, es claro que todo verdadero demócrata debe tener un compromiso sagrado con la transparencia, robustecido en lo relativo a la administración de fondos públicos, pues no se trata de fondos propios sino de todos y como tales tienen que ser administrados con el mayor celo posible, evitando que quien llegue o pase por determinada posición oficial salga con fortunas materiales muy difíciles de justificar en función del salario percibido y de los beneficios que contempla el cargo desempeñado.
No puede continuar siendo letra muerta el texto constitucional cuando señala que a los funcionarios y exfuncionarios públicos “corresponde siempre probar el origen de sus bienes” y que luego de pasar por la administración pública se puedan exhibir fortunas materiales que distan mucho de lo que era su vida antes de entrar al tren oficial y no se tenga que rendir cuentas. No puede haber mayor incentivo para la corrupción y el enriquecimiento ilícito en ese sentido, como tampoco puede haber mayor desincentivo para la decencia y las prácticas correctas por parte de quienes ocupen posiciones oficiales.
Así las cosas, como igualmente uno de los rasgos fundamentales de la democracia es “poner límites a los abusos de poder”, quien se diga ser un demócrata antes tiene que hacer votos de transparencia, manifestándose en contra de toda práctica indecorosa que quebrante los pilares de esa democracia, que insistimos uno de ellos es la rendición de cuentas, y eso sólo es posible a través de mecanismos efectivos de control y supervisión.
En consecuencia, es claro que un verdadero demócrata debe estar comprometido como el que más con la transparencia, lo que se logra a través de la promoción e instauración de órganos de monitoreo permanente y de verdadero control y fiscalización, que impidan en un primer momento cualquier acto de corrupción, y que persigan y sancionen después toda inconducta con un verdadero régimen de consecuencias.
El autor es juez titular de la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en el Distrito Judicial de Peravia.
